Con ocho votos menos de los necesarios, la Cámara de Diputados de Brasil rechazó el trámite de urgencia del proyecto de ley (PL) 2630/20, llamado “Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet” e informalmente conocido como “PL de Fake News” . Sin esta aprobación, la propuesta deberá pasar por las comisiones temáticas del Congreso antes de ser votada en el pleno. Como tal, difícilmente entrará en vigor antes de las elecciones generales de octubre de este año.
La derrota del pedido de urgencia responde a una demanda de los periodistas brasileños, reunidos en entidades que representan profesionales y medios digitales independientes de las grandes corporaciones de medios. Creado como una medida legislativa para contener la difusión de desinformación en las redes sociales, el proyecto de ley llamó la atención y generó polémica al estipular que las grandes plataformas tecnológicas deberían pagar a las organizaciones periodísticas por el uso de su contenido.
Entidades como ABI [Asociación Brasileña de Prensa], Abraji [Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación], Ajor [Asociación de Periodismo Digital] y Fenaj [Federación Nacional de Periodistas], entre otras, firmaron un manifiesto publicado por la Coalizão Direitos na Rede, en el que se que la “definición del modelo de remuneración por contenidos amenaza la pluralidad laboral y periodística – y por lo tanto debe quedar fuera del texto”.
“Entendemos que el artículo 38 [que trata de la remuneración a las organizaciones periodísticas] debe ser eliminado completamente del texto para la debida y urgente discusión sobre las formas de financiamiento y fortalecimiento del periodismo, con el objetivo de construir un modelo de remuneración equilibrado y dedicado a apoyar a todo el sector y también para atender posibles desequilibrios entre las pequeñas y medianas empresas e iniciativas y los grandes grupos que operan en el país”, dice el manifiesto.
El aplazamiento de la votación también fue una victoria para las grandes tecnológicas (big tech). Oponiéndose a la regulación, empresas como Google, Facebook, Instagram y Twitter se han sumado a una campaña contra el proyecto, publicando anuncios de Facebook de página completa en los periódicos.
Oponiéndose al proyecto, el presidente Jair Bolsonaro celebró el rechazo a la solicitud de urgencia. “Sin libertad, no vamos a ninguna parte. Felicito a los parlamentarios [...] [Pueden decir:] ‘Ah, sería una forma de marcar los excesos de las redes sociales’. [Pero yo digo:] Miren, el que renuncia un poco de su libertad para tener seguridad, acaba sin tener libertad, ni seguridad”, dijo Bolsonaro.
El promotor del proyecto de ley sobre fake news,el diputado Orlando Silva (PCdoB-SP), afirmó que no descarta un nuevo pedido de urgencia de votación en el pleno de la Cámara, y admitió la posibilidad de cambios en el texto para tener más votos a su favor.
En una entrevista con el diario O Globo, Silva criticó duramente a los gigantes tecnológicos y acusó a Google de “usar su fuerza para desinformar y chantajear”. El parlamentario afirmó que defiende la remuneración de los contenidos periodísticos porque empresas como Meta y Alphabet, dueñas de Facebook y Google, respectivamente, “usaron la fuerza económica que tienen para tratar de interferir en el debate público”.
El tema de la remuneración es complejo y va más allá de la dualidad entre partidarios y detractores de la propuesta. Algunas entidades reconocen la importancia de debatir extensamente el tema, pero cuestionan la forma en que fue incluido en el proyecto que se discute en el Congreso. Es el caso de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Rele-CIDH), que se manifestó tras ser consultada por diputados brasileños.
“Dada la trascendencia democrática de este desafío y su gran importancia para el futuro del periodismo, a criterio de esta Relatoría, sería bienvenida una propuesta legislativa formal, que regulara la materia de manera extensa y detallada, adecuada y completa, con una discusión profunda mediada por la participación de periodistas y distintas partes interesadas”, pondera la Rele-CIDH.
A pesar de apoyar el PL 2630/20, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom), un think tank sin fines de lucro, señaló como uno de los aspectos negativos de la propuesta la exigencia de remuneración por contenidos periodísticos, considerando el texto sobre el tema “vago, impreciso y está sujeto a regulación gubernamental discrecional”.
“Significa una carta en blanco para la definición de una política de tal importancia e impacto en los medios y la propia democracia. Debería quitarse de este proyecto de ley para ser debatido en un proceso con más tiempo de análisis y participación multisectorial, en una ley específica”, escribió en un comunicado el director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez.
En defensa del PL, la organización la considera un “avance para derechos de usuarios de internet”. Para Observacom, “el proyecto puede ser una referencia relevante para que América Latina avance hacia la garantía de los derechos también en Internet; de fortalecer los procesos democráticos en el actual contexto de circulación de contenidos, combatir la desinformación y las prácticas nocivas en Internet y de encontrar formas democráticas de control social y público de las acciones de las grandes empresas”.
El PL sobre Fake News también divide opiniones entre los principales medios de prensa brasileños. En un editorial, el diario O Globo dijo que el rechazo de la Cámara “tendrá un efecto desastroso en la campaña electoral de este año”. El diario O Estado de S.Paulo defendió una “madurez” del proyecto, al considerar que aún existen “puntos controvertidos”, aunque ve la remuneración del contenido periodístico como uno de los “elementos necesarios”.
Las agencias de verificación de datos como Aos Fatos y Lupa, a su vez, criticaron el proyecto. “La propuesta establece la remuneración obligatoria de las grandes plataformas a las empresas periodísticas y garantiza la inmunidad a los parlamentarios que difundan desinformación y otro tipo de contenidos nocivos. Ambos dispositivos pueden causar estrés legal y financiero a las pequeñas empresas periodísticas”, señaló la agencia Aos Fatos en un editorial.
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AVISO: El Centro Knight para el Periodismo en las Américas, que publica LatAm Journalism Review, ha recibido subvenciones y patrocinios de Google. En el pasado, también ha recibido contribuciones de Facebook.
