Brasil es el nuevo front de las gigantes tecnológicas contra la tendencia de exigir un pago por el contenido periodístico que circula en las plataformas digitales. En el último año, Australia y Francia han obligado a las compañías a negociar y a pagar a las organizaciones de noticias. En Canadá y en el Reino Unido hay discusiones avanzadas en la misma línea.
Para evitar o postergar que suceda lo mismo en Brasil, las big tech se unieron contra el proyecto de ley 2630/20, denominado “Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet”. Informalmente, se le denomina la “Ley Fake News” por ser la principal medida legislativa contra la desinformación en ese país. Adquiere especial importancia en 2022, año de elecciones presidenciales en Brasil, donde el actual presidente, Jair Bolsonaro, se postulará para un nuevo mandato.
El proyecto de ley establece reglas para la publicidad en línea, como exigir la identificación de los responsables de los contenidos promocionados en buscadores, redes sociales y servicios de mensajería con más de 2 millones de usuarios en el país.
El Senado aprobó el texto en junio de 2020. En la Cámara de Diputados, donde procedió en seguida, el proyecto sumó un artículo que prevé la remuneración a las organizaciones periodísticas como una de las medidas de regulación de los medios digitales para contener la difusión de noticias falsas y desinformación en Brasil.
Diputado Orlando Silva: ‘La valorización del periodismo profesional crea un marco contra la desinformación’. (Foto: Agência Câmara)
“La valorización del periodismo profesional permite producir información confiable, lo cual crea un marco para combatir la desinformación”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) el diputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), relator del proyecto de ley en la Cámara. “El periodismo independiente solo se fortalece con esta propuesta, y ya no tendrá una espada debajo de la cabeza. Es impactante ver amenazas, chantajes e intentos de cooptación financiera por parte de algunas plataformas digitales respecto al periodismo independiente”.
A medida que se acerca la votación de la Cámara sobre el proyecto de ley, las grandes tecnológicas lanzaron una serie de acciones coordinadas para movilizar a la opinión pública contra la legislación, incluida la remuneración a las organizaciones periodísticas. “Esto podría terminar favoreciendo solo a los medios grandes y tradicionales, perjudicando al periodismo local e independiente, y limitando el acceso de las personas a diversas fuentes de información”, dice una carta abierta firmada por Google, Facebook, Instagram, Twitter y Mercado Libre difundida a principios de marzo. La campaña conjunta de las plataformas también incluye anuncios de página completa de Facebook en periódicos y otra carta abierta, firmada por el residente de Google Brasil, Fabio Coelho.
“La iniciativa obligaría a las plataformas a pagar por contenidos periodísticos en la plataforma, lo que beneficiaría a empresas más grandes y medios con mayor poder de negociación. Las plataformas no podrían pagar a todos los medios, especialmente las plataformas más pequeñas, y tendrían que tomar decisiones comerciales”, dijo Twitter en una nota enviada a LJR.
“Google paga por el contenido periodístico y durante mucho tiempo ha apoyado y valorado el periodismo y a sus profesionales, pero es importante que haya un debate más amplio, más profundo y basado en hechos sobre las mejores formas de lograr este objetivo. Durante los últimos 20 años, Google ha sido uno de los mayores patrocinadores financieros del periodismo en todo el mundo. (...) No nos oponemos al objetivo propuesto por el proyecto de ley, de combatir la desinformación, pero, tal como está ahora el texto, no logrará ese objetivo”, dijo Google en una nota enviada a LJR.
Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, rechazó la solicitud de comentarios de LJR.
A pesar de la unión de las plataformas contra el pago por contenido periodístico, los periodistas brasileños están lejos de un consenso. Por un lado, organizaciones que representan a comunicadores y medios digitales independientes quieren la eliminación del artículo que obliga a las plataformas a pagar por contenido periodístico.
Un manifiesto firmado por la Asociación de Periodismo Digital (Ajor), la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) y la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) critica el artículo por no establecer los criterios de cómo se realizaría la remuneración.
Guilherme Alpendre, de Ajor: “Los criterios no pueden excluir económicamente a los pequeños medios y reproducir la concentración mediática”. (Foto: Luis Macedo/Agência Câmara)
“Necesitamos pensar en criterios objetivos y transparentes, pero también en las complejidades del periodismo. Es necesario tener en cuenta otros elementos, como el papel que juegan determinados medios en la sociedad. Hay medios que producen periodismo de alta calidad y alto impacto, aunque tienen pocos empleados y publican pocas historias por semana. Los criterios no pueden servir para excluir económicamente a los pequeños y reproducir la concentración mediática”, dijo a LJR Guilherme Alpendre, vicepresidente de Ajor. “No estamos en contra de cobrarles [a las plataformas], pero queremos discutir cómo se va a hacer esto”.
Una de las principales preocupaciones es que la legislación, si se aprueba sin establecer criterios específicos de remuneración, solo beneficiará a los grandes medios de comunicación. Esto se debe a que las organizaciones más grandes tendrían más poder de negociación con las plataformas, a diferencia de las organizaciones pequeñas y regionales. Este es también uno de los argumentos que utilizan las plataformas contra el proyecto de ley.
Por su parte, la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ), que representa a los diarios tradicionales del país, admite que la propuesta de remuneración por contenidos periodísticos es vaga. Sin embargo, la ANJ cree que la aprobación en los términos actuales podría acelerar la tramitación de otro proyecto de ley que trata específicamente la materia y establece los criterios de compensación.
“Las grandes empresas tecnológicas producen un efecto secundario de su actividad: contaminación social, desinformación, discursos de odio. Y quien tiene las condiciones técnicas para llevar a cabo la descontaminación social es el periodismo profesional. Esto tiene un costo y si no se remunera tiende a debilitarse o desaparecer, produciendo desastres para la democracia y la estabilidad social”, dijo a LJR el presidente de la ANJ, Marcelo Rech.
La ANJ forma parte de la Coalición Libertad con Responsabilidad, que reúne un total de 42 asociaciones de comunicación nacionales y estatales, como la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert) y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (Aner). A pesar de estar a favor de aprobar el proyecto de ley, el grupo admite que aún falta definir los criterios de remuneración.
“El contenido de prensa es un insumo clave para los servicios digitales esenciales. Sin periodismo no hay democracia y, en su vacío, florecen las fake news. El proyecto de ley no agota el tema, pero abre la necesidad de su regulación luego de una nueva y específica discusión. La coalición entiende desde el principio que todos aquellos que producen contenido de prensa original de manera regular y profesional y que mantienen una dirección física y un editor responsable en el país deben recibir una remuneración”, se lee en un comunicado de la organización.
Las dos partes también discrepan sobre el modelo de remuneración extranjero citado como el más similar a la propuesta brasileña: el de Australia, que recientemente cumplió un año desde su implementación. La ley de ese país obligó a Meta y Alphabet, dueñas de Facebook y Google, respectivamente, a pagar por el uso de contenidos noticiosos en sus plataformas.
Marcelo Rech, de ANJ: “el discurso de odio y la desinformación son efectos colaterales de las plataformas”. (Foto: Agencia Senado)
“Australia ha adoptado la posición con la que nos alineamos, que es promover un equilibrio entre las big tech y los medios. Estamos hablando no solo de News Corp [el gran conglomerado de medios del país], sino de cientos de diarios y radios locales que estuvieron cerca de cerrar, y ahora se revitalizan, con un reequilibrio de información calificada”, dijo Rech, de la ANJ. “Este es el concepto que defendemos: que haya un compromiso de las grandes tecnológicas de remunerar a quienes tienen las condiciones técnicas para llevar a cabo esta 'descontaminación'”.
Según Columbia Journalism Review (CJR), las negociaciones bajo la legislación australiana ya han llevado cerca de 150 millones de dólares a los medios de ese país. Además, permitió que la emisora pública Australian Broadcasting Corporation (ABC) contratara a más de 50 periodistas en lugares con baja cobertura.
La Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), por su parte, está preocupada por los resultados obtenidos tras un año de vigencia de la ley australiana. La presidenta de la entidad, María José Braga, destaca que Fenaj está a favor de plataformas que paguen por el periodismo y defiende que cualquier legislación en este sentido tenga en cuenta los derechos de autor de los profesionales de la prensa.
María José Braga, de la Fenaj, defiende la remuneración a periodistas basada en los derechos de autor. (Foto: Cortesía)
“Creemos que la mejor manera es pagar por el contenido periodístico con base en los derechos de autor para garantizar que los periodistas sean recompensados por el uso de su trabajo, incluso si comparten esta remuneración con la empresa”, dijo Braga a LJR. “Consideramos que la iniciativa 2630 se trata de las reglas de moderación de contenidos y responsabilidad de la plataforma para garantizar la transparencia en los criterios adoptados. La inclusión de un artículo único que establece la obligación de remuneración se hizo posteriormente, impulsado por las grandes empresas de comunicación”.
La preocupación se refleja en las quejas de los medios australianos pequeños y medianos, que quedaron fuera del Fondo de Noticias Australiano de Facebook. En protesta, más de 30 publicaciones independientes dejaron de publicar noticias durante 24 horas. El acuerdo de Facebook con los medios australianos también excluyó al Special Broadcasting Service (SBS), una emisora pública que promueve la multiculturalidad del país.
El investigador y periodista Mathias Felipe, del Observatório de Mídias Digitais e Sociedade de la Universidad Federal de São Paulo y del sitio *desinformante, ve el ejemplo de Australia, y también el de Francia, como parte de una tendencia mundial de demandar a las plataformas tecnológicas el pago por los servicios periodísticos. Pese al cabildeo contra las plataformas, cree que la lista de países tiende a crecer y recuerda que hay discusiones en la Unión Europea e incluso en Estados Unidos, “un mercado que siempre ha protegido a las plataformas”.
“A medida que más países aprueben leyes como esta, lo que podría suceder es una reducción de las inversiones voluntarias de las plataformas en periodismo, que ha sido una importante fuente de ingresos para muchos medios digitales independientes. Esto es especialmente cierto en Brasil y otros países de América Latina, donde Google y Facebook apoyan a una buena cantidad de medios nativos digitales. Entonces, una ley bien hecha tiene el deber de proteger al periodismo más vulnerable”, dijo Felipe a LJR.
El proyecto de la “Ley Fake News” aún no tiene fecha para ser votado en la Cámara de Diputados. Si además se aprueba en la Cámara, necesitará de un decreto presidencial para entrar en vigor. Una nueva versión de la iniciativa ya circula tras bastidores en Brasilia luego de la presión de las grandes tecnológicas y las organizaciones de periodismo. Esta versión, aún no oficial, detalla lo que se considera contenido periodístico y enumera los criterios de remuneración.
En un guiño a los medios más pequeños, el nuevo texto admite la posibilidad de negociación colectiva. Esta versión también incluye criterios de resolución de conflictos, como el volumen de contenido original producido, la audiencia, la cantidad de periodistas contratados formalmente a tiempo completo y la política de bonificación para profesionales.
La “Ley Fake News” no es la única propuesta legislativa en el Congreso brasileño sobre el pago de plataformas por contenido periodístico. El proyecto de ley 1354/2021 trata específicamente este tema. Inspirándose en la ley australiana, la iniciativa establece que las plataformas con “poder de mercado significativo” paguen el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por las noticias publicadas en las plataformas a las organizaciones periodísticas. La propuesta ha estado en tramitación desde abril de 2021 y aún no ha sido programada para una votación en el pleno.
“Esta ley está dirigida directamente a los proveedores Google y Facebook y está inspirada en la nueva Ley de Medios de Australia, que debería convertirse en un caso mundial contra el imperio de las grandes corporaciones estadounidenses en la world wide web”, escribió el autor de la iniciativa y diputado federal Denis Bezerra (PSB-CE). “Esta ley corrige esta injusticia al determinar que parte de los ingresos publicitarios del duopolio Facebook y Google, que hoy domina el mercado de la publicidad en línea, sean compartidos con las empresas periodísticas”.
Foto en la parte superior: Edilson Rodrigues/Agência Senad0.
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NOTA: El Centro Knight para el Periodismo en las Américas, que publica LatAm Journalism Review, ha recibido donaciones y patrocinios de Google. En el pasado, también ha recibido contribuciones de Facebook.
