Recientemente, el presidente peruano Pedro Castillo se reunió con un grupo de periodistas de la región Huánuco en Palacio de Gobierno, en Lima, y les propuso que formen su propia agencia de prensa para que puedan recibir dinero de la publicidad estatal y que él los asesoraría, según publicó el portal periodístico Sudaca.
Los periodistas regionales dijeron en respuesta que se comprometían a brindarle “soporte a la democracia”, señaló el portal.
Días antes, el presidente Castillo, declaró a los medios de comunicación que no les daría “ni un centavo” a aquellos que tergiversen los hechos, desinformando, publicó La República. Castillo se refirió al video que varios medios publicaron del rechazo expresado por un grupo de gente que le gritaba “vacancia” al presidente, mientras este almorzaba en un concurrido restaurante de la ciudad de Arequipa, según el diario. De acuerdo con el presidente, no era una protesta como lo dijeron algunos medios, sino que se trataba de unas cuantas personas gritando.
El martes 7 de diciembre, el Congreso peruano votó por una moción de vacancia contra el presidente Castillo para destituirlo del cargo por incapacidad moral permanente para gobernar, por nombrar a ministros con presuntos vínculos con el terrorismo, entre otras razones. La mayoría de los legisladores votantes rechazó la moción.
“Fueron tremendamente desafortunadas las expresiones del presidente, dio 10 pasos para atrás, dándole de nuevo a la publicidad una connotación política cuando por lo que se viene peleando es que sea un tema netamente técnico”, dijo Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a LatAm Journalism Review (LJR). “La publicidad estatal es potestad del Estado y debe responder a mecanismos que, desde el Estado, fomenten la sostenibilidad de un buen ecosistema de medios”.
En esas declaraciones, Castillo también expresó su “gratitud” a los medios de comunicación regionales del país, reconociéndolos por la labor que cumplen, porque ellos conocen cuales son los “grandes problemas del país”, publicó El Comercio.
“Si te pones a analizar el discurso del presidente y de las personas cercanas a él en el Ejecutivo, tienen esta dicotomía ‘prensa limeña’, con intereses políticos, versus ‘prensa regional’, como la prensa que de verdad conoce ‘al pueblo’”, dijo Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), a LJR.
Adriana León, directora del área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú, calificó los comentarios de Castillo como “populistas”.
“Los periodistas de regiones trabajan en muy malas condiciones, por tanto, la propuesta del presidente es más grave todavía, pues al pedirles que se comprometan con la democracia a cambio de publicidad estatal, el riesgo es que pueden terminar sirviendo como caja de resonancia de su gobierno”, dijo León a LJR.
La sesgada cobertura mediática de las recientes elecciones polarizadas que vivió Perú le deben haber creado una animadversión hacia la prensa, reflexionó León.
“Castillo como presidente no habla con la prensa, no da entrevistas ni abre la puerta de Palacio de Gobierno a los periodistas” de Lima.
A la ANP le pareció esperanzador, en un primer momento, cuando en su discurso de toma de mando el pasado 28 de julio, Castillo propuso la descentralización de la publicidad estatal, sostuvo Lainez.
“El modelo de distribución de publicidad estatal en Perú hay que reformularlo de manera urgente, se tiene que descentralizar. Lamentablemente la publicidad estatal se sigue utilizando con criterios poco técnicos, y no es una cuestión de este gobierno, ha sido una crítica mantenida por lo menos de los últimos tres o cuatro gobiernos”.
Según un artículo del medio Sudaca, después del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y en adelante, la inversión de publicidad estatal en los medios de comunicación disminuyó. Entre 2005-2020, de acuerdo con el estudio del periodista Jaime Cordero en el que se basa el artículo de Sudaca, la publicidad estatal representa solo entre el 2% y 8% de los ingresos totales de los grandes medios del país, como Grupo El Comercio, América TV/Canal N, Grupo La República, Grupo RPP, Latina y Grupo Expreso/Extra.
Recientemente, el Congreso está discutiendo desde julio de este año una serie de modificaciones a la Ley que regula la Publicidad Estatal (Ley 28874), promulgada en 2016, con el fin de hacerla más equitativa a nivel nacional, publicó la agencia estatal Andina.
La modificación de la Ley 28874 incluiría como criterios que se considere la duración de la campaña estatal, público objetivo, cobertura, equilibrio informativo, impacto de la campaña, precio, localidad de los medios y vigencia de autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según corresponda, publicó La República. Esta iniciativa, señaló el diario, también pide priorizar a los medios de distritos, provincias y regiones con una programación local que sea al menos el 50% del contenido.
La publicidad estatal, de acuerdo con el Congreso peruano, son todos los recursos públicos que se difunden en medios de comunicación del país, públicos o privados. Estos pueden tratarse de campañas de salud, de educación, de seguridad ambiental, etc. Los formatos pueden ser fotografías, video, ilustraciones, carteles, spot radiales, etc.
Cuando se presentó un primer borrador de la propuesta de modificación de la ley, en 2019, que fue observado por el entonces presidente Francisco Sagasti, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) cuestionó, entre otros criterios, que se ponga de condición para la asignación de la publicidad estatal que los medios cuenten con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Esto puede ser utilizado como amedrentamiento”, señaló en su momento el Consejo en su sitio web.
El CPP siempre ha apoyado una distribución más equitativa de la publicidad estatal que llegue a más medios regionales, dijo Salazar.
“El problema en el Perú es que no existe un estudio de mercado profundo y a nivel nacional que refleje realmente cuál es el alcance de los medios digitales, impresos, de radio y televisión. O a veces se sabe, mediante encuestas, cuál es el alcance de los medios en Lima, pero no se mide cuál es el alcance de medios de provincias”, explicó.
De acuerdo con Salazar, el CPP viene proponiendo que esta evaluación de mercado a nivel nacional sea realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en colaboración con alguna entidad privada, cada dos años, para medir la lectoría y el alcance de los medios del país por períodos.
Lainez coincidió con Salazar en que los sondeos del alcance de los medios en provincias son casi inexistentes en algunas regiones y que, en consecuencia, no reciben publicidad del Estado.
“Gran parte de lo que nosotros llamamos coloquialmente ‘la torta publicitaria’ se la quedan los grandes medios de Lima”, señaló.
Se debería priorizar la publicidad del Estado en aquellos lugares en donde es poco accesible que un medio pueda sobrevivir solo de publicidad comercial, sostuvo Lainez, porque están en ciudades muy alejadas y con poco movimiento comercial.
“Se deberían incorporar criterios geográficos en los temas de distribución. También se debería contemplar un sistema de rotación de asignación de la pauta que permita fundamentalmente sostener a esos medios que mantienen en pie la información local. Eso para nosotros es clave y debería estar discutiéndose en el Ejecutivo”, agregó Lainez.
Un debate amplio sobre los temas de asignación de publicidad estatal es urgente en el país, sostuvo Lainez.
“Debemos quitar el estigma de una vez por todas de que la publicidad estatal se puede utilizar para premiar o castigar líneas editoriales. Eso es terrible para la democracia”.