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Relator de libertad de expresión de la OEA escucha preocupaciones de ONGs sobre concentración de medios

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, participó en una conferencia en Bogotá, Colombia, para dialogar con representantes de diferentes organizaciones internacionales preocupadas con la concentración de medios en las Américas.

El diálogo, sostenido durante la Conferencia Internacional “Medios libres e independientes en sistemas mediáticos plurales y diversos” convocada por la Relatoría Especial de la CIDH y la Unesco, se basó en el borrador del informe sobre diversidad, pluralismo y concentración de medios en el hemisferio que en la actualidad elabora la Relatoría y para el cual realizó una consulta pública dirigida tanto a sociedad civil como a Estados miembro de la OEA.

La presencia de monopolios u oligopolios en los medios de comunicación ha sido una preocupación para la Relatoría Especial desde su creación debido al impacto negativo que tiene en las democracias, aseguró Lanza durante su presentación en Bogotá.

En este sentido, además de analizar la actual situación de cada país del hemisferio, la Relatoría busca crear una serie de estándares interamericanos que les permita tanto a Estados como a sociedad civil saber cómo sería una buena regulación en esta materia.

“No es mala la regulación per se, pero si se hace con otros intereses, está prohibida porque genera discriminación por razones políticas”, dijo Lanza al recordar la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso del canal RCTV de Venezuela.

Lanza señaló que en esta decisión la Corte no condenó la existencia de un marco regulatorio para garantizar el pluralismo, sino el hecho de que fuera utilizado por un Gobierno para cerrar un medio por no estar de acuerdo con su línea editorial. Agregó que es por esta razón que las regulaciones para prevenir la concentración de medios no pueden convertirse en mecanismos de censura indirecta o discriminación.

Hasta el momento, la Relatoría ha encontrado dos tendencias en América Latina y el Caribe respecto a concentración de medios: la existencia de pocos grupos privados en países definidos como grandes y diversos, y una preponderancia de medios gubernamentales en otros países los cuales han hegemonizado la comunicación. En estos últimos países, los medios deben elegir entre continuar con su misión vigilante de los gobiernos o renunciar a ésta para garantizar su existencia.

A su turno, Gustavo Gómez, de la ONG ​Observacom de Uruguay, destacó que es importante que el informe haga referencia a la concentración de medios sin importar la tecnología que se utilice. Para Gómez la discusión sobre concentración se centra en el espectro radioeléctrico, pero se olvida, por ejemplo, la concentración de medios impresos, un problema que a su parecer tienen muchos países de la región.

También señaló se debe incluir la concentración en el entorno digital, y no olvidar el tema de los conglomerados: aquellos dueños de radios, canales de televisión y medios impresos al mismo tiempo.

Agregó que se debe abordar el tema del pluralismo interno, es decir, las obligaciones de los medios de reflejar una sociedad plural y diversa en sus programas.

Finalmente, para Gómez es importante mirar la relación de los medios con otros poderes. Por ejemplo con políticos como presidentes y senadores (quienes definen las leyes), así como con bancos, entre otros.

“Hay que profundizar las medidas. No se trata de pensar leyes ideales o modelos que podamos hacer entre todos porque no estamos hablando de un país que se va a crear”, concluyó Gómez. “Estamos planteando cómo desconcentrar, que es el principal problema de la región. No estamos hablando en ideales, y cuáles son los aspectos que debería tener una ley, sino cuáles son esas decisiones políticas que se deben tomar para evitar los procesos de concentración que ya están instalados en nuestros países. No solo es el poder mediático, es el poder económico y el poder político los que se van a resistir a cualquier iniciativa que busque garantizar la pluralidad y la diversidad”.

Por su parte Darío Ramírez, de Artículo 19 oficina para México y Centro América, señaló que la mayor preocupación que supone el tema es que la responsabilidad de fomentar esta diversidad y pluralismo está en manos de los Estados los cuales, en muchas ocasiones, son los menos interesados en que esto suceda.

Para Ramírez el problema recae en que se requiere una voluntad política inexistente, y en la facultad de los gobiernos para ‘comprar’ los espacios que van creando.

Recordó el caso de México en el que se pidió durante mucho tiempo una tercera cadena. Ahora, cuando finalmente existe, ésta mantiene “el mismo corte editorial” de las otras dos, aseguró.

“Entonces luego van a la CIDH y dicen ‘estamos abriendo, dando espacios, tenemos tantos medios’, pero al final la línea editorial es comprada a través de la publicidad oficial”, afirmó Ramírez. “Me parece que darle esa capacidad y obligación al Estado para generar en la realidad que hayan más voces es un problema que tenemos que intentar resolver porque no está sucediendo”.

De acuerdo con Ramírez, el hecho de que el informe dé cuenta de que la región mantiene una tendencia de concentración es señal de que se está hacienda algo mal.

El representante de Reporteros Sin Fronteras para la región, Emmanuel Colombié, señaló como un problema la falta de transparencia debido a la falta de información pública sobre los dueños de los medios en todo el hemisferio.

Para Colombié, un ejemplo se pudo observar en el estudio realizado junto a Fecolper sobre concentración de medios en Colombia en donde tres grupos concentran el 57 por ciento de la audiencia.

Agregó que en la región se ve una concentración “más peligrosa” que es la pública. Según el representante de RSF, en países como Cuba, Honduras, Venezuela y Ecuador los gobiernos concentran la mayoría de los medios de comunicación.

“Estos países también son los peores de América Latina para la libertad de expresión y los más peligrosos para los periodistas”, dijo Colombié. “Allí está prohibido todo tipo de prensa independiente y los periodistas son restringidos a ser vulgares transmisores sociales de sus mensajes. Aquí ser un periodista fuera del sistema oficial es ser un héroe. Intentar una noticia objetiva es una carrera de obstáculos, es poner su vida en peligro”.

Por su parte, el representante de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), José Luis Sacá – quien era la voz de los medios privados – declaró que estos están en contra de los monopolios, pero agregó que no creen que se deban hacer leyes exclusivas para su regulación.

“Cuando se cierra RCTV la excusa del Gobierno es que esto iba permitir la democratización de los medios de radio y televisión, y la pluralidad de los mensajes”, señaló Sacá. “Vemos los peligros cuando se intentan poner leyes específicas para los medios de comunicación”.

Hizo mención a la sentencia de la Corte IDH sobre la necesidad que esta regulación no se haga para castigar o premiar una línea editorial para lo cual se requiere que haya un ente regulador independiente del gobierno de turno.

Para Sacá lo que se debe es seguir el ejemplo de países en donde las leyes generales de regulación del mercado han servido para impedir la concentración mediática, como Estados Unidos en donde disolvió una alianza entre dos grandes empresas de comunicación siguiendo las leyes de competencia.

Sin duda, este fue precisamente el punto de mayor debate entre los asistentes a la conferencia: la necesidad o no de leyes exclusivas de regulación para los medios de comunicación.

El principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, establece que no deberían ser exclusivas.

Sin embargo, no todos comparten lo allí estipulado. Para algunas personas, los medios no pueden ser tratados como cualquier otro sector del mercado precisamente porque tienen en sus manos un derecho humano garante de otros derechos humanos como es la libertad de expresión. Sin embargo, las que se oponen a esta idea sostienen que de tener medidas exclusivas para ellos, los Estados podrían utilizarlas para atacar a los medios más críticos.

El debate está lejos de terminar, pero en la región por lo menos se está dando.

Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.

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