Por Maira Magro
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, defendió el derecho de acceso a la información pública en Brasil como una herramienta para conocer la verdad sobre lo sucedido durante la dictadura militar (1964-1985).
En la apertura del seminario “Acceso a la Información y Derechos Humanos”, organizado por el proyecto Memorias Reveladas del Archivo Nacional en Río de Janeiro, Botero enfatizó el martes 23 de noviembre que la apertura de estos documentos no debe ir acompañada por ningún tipo de control sobre la forma en que los datos serán utilizados por el público, incluidos los periodistas. “Los medios tienen la responsabilidad sobre cómo administrar la información, pero garantizado el acceso, la ley no puede establecer restricciones sobre el uso que se da a la información”, aseguró.
La relatora advirtió, sin embargo, que los datos que violen el derecho a la intimidad de las víctimas de la dictadura deben ser resguardados: “Hacerlas víctimas de nuevo no es justo”. Para este tipo de casos, dijo, debe haber una versión pública de los documentos, es decir, que la información del caso quede liberada, pero manteniendo en secreto los datos confidenciales relacionados con la privacidad de las víctimas.
Creado para facilitar la publicación de los documentos del régimen militar, el proyecto Memorias Reveladas generó polémica en los últimos tiempos. Investigadores reportaron que se les impidió el acceso a determinados documentos de la dictadura durante las elecciones de octubre pasado, con el argumento de que los periodistas estaban haciendo mal uso de la información. En protesta, los representantes de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI) y Transparencia Brasil cancelaron su participación en el seminario.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
