Los legisladores de San Vicente y las Granadinas aprobaron el 12 de agosto la Ley de Delitos Informáticos 2016 (Cybercrimen Act 2016), la cual puede otorgar hasta dos años de prisión por difamación cometidos en línea.
El código penal del país ya prevé hasta dos años de prisión por difamación en medios impresos, pinturas o cualquier otro medio permanente, así como en transmisiones de radio y televisión.
Antes de la aprobación de la nueva ley, la política opositora Anesia Baptiste le dijo al CPJ que las leyes de difamación penal existentes en San Vicente y las Granadinas “han caído en desuso”, informó la organización. “Nos preocupa que el proyecto de ley de delitos informáticos las reviva”, agregó.
El primer ministro Ralph Gonsalves, quien presentó el proyecto a la Cámara el 31 de mayo, dijo que hubo “una larga discusión” sobre esta ley, de acuerdo con el Jamaica Observer.
Sin embargo, el proyecto de ley recibió críticas por parte de políticos opositores y organizaciones internacionales y regionales de libertad de expresión.
“Varias disposiciones de este proyecto de ley representan una seria amenaza para la libertad de prensa, el libre flujo de información en línea y el debate público”, según un comunicado conjunto de al menos 25 organizaciones de libertad de expresión incluidas Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación de los Trabajadores de los Medios del Caribe (ACM), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI). La declaración fue publicada después de que la ley fue aprobada.
Las organizaciones señalaron que Granada adoptó una ley similar en 2013, pero que fue modificada debido a las críticas internacionales. También dijeron que tanto Trinidad y Tobago como Guyana están analizando una legislación similar.
“Las medidas tomadas hoy en San Vicente y las Granadinas para fortalecer las leyes penales de difamación y reprimir la disidencia y la discusión en línea podrían revertir la positiva tendencia legislativa del Caribe y servir como un ejemplo negativo para los vecinos de la región de San Vicente”, dijeron las organizaciones.
Ellas hicieron un llamado al Gobierno para revisar la ley y abolir el delito de difamación.
Muchas de estas organizaciones expresaron, con anterioridad a su aprobación en agosto, críticas al proyecto de ley de delitos informáticos.
Por ejemplo, RSF escribió a Gonsalves sobre las preocupaciones que generaba el proyecto de ley y sus cláusulas que consideró como “extremadamente perjudiciales para el libre flujo de noticias e información y para el debate público”.
En particular, Delphine Halgand, director para Estados Unidos de RSF, señaló una parte de la Sección 16 que prevé penas en prisión para “una persona que, intencionadamente o por negligencia, utiliza un sistema informático para la difusión de cualquier información, declaración o imagen; y expone los asuntos privados de otra persona, lo que expone a esta otra persona al ridículo público, desprecio, odio o vergüenza”.
Halgand estaba preocupado por los criterios utilizados para determinar si “los asuntos privados” de una persona fueron expuestos.
“Esta disposición podría muy fácilmente constituir un obstáculo para la difusión de información de interés público. Podría, por ejemplo, proporcionarle a cualquier figura pública corrupta un fuerte argumento para negarse a rendir cuentas”, dijo Halgand.
Gonsalves respondió a la organización que se habían hecho modificaciones a la cláusula, de acuerdo con iWitness News. Dijo que “el delito de difamación penal no es una traba para los periodistas independientes y profesionales”, y que protege a los ciudadanos que son víctimas de la difamación deliberada, según el sitio de noticias.
Más tarde, Gonsalves dijo que la cláusula 7 relativa a la “adquisición ilegal de datos” también fue modificada para una defensa de interés público, de acuerdo con News 784.
“Así que si alguien consigue alguna información que un funcionario público, un político o que cualquier persona es corrupta, y consigue datos sobre esto, y usted consigue esta información, cuando usted la publique, estas personas no pueden ir en contra suya porque usted tendrá lo que se llama la defensa de interés público, que no existía antes cuando el borrador del proyecto de ley fue escrito”.
La agencia de noticias informó que la protección no cobija a información sobre salud o seguridad nacional.
La versión final de la ley y de la mencionada modificación a la cláusula 7 no está disponible en el sitio digital de la Cámara de la Asamblea.
Cuando se le preguntó acerca de los cambios reportajes en la cláusula, Margaux Ewen, directora de promoción y comunicaciones para RSF Estados Unidos, dijo que como “no he visto esta enmienda, yo diría que, en general, una defensa de interés público para los que filtran información [whistleblowers] es una bienvenida y necesaria protección para aquellos que han revelado información que está destinada a informar al público y ofrecer un servicio público y, que sin embargo, se enfrentan a la persecución”.
Organizaciones internacionales sin fines de lucro así como organizaciones multilaterales han trabajado para que se abolan las leyes penales de difamación en la región o han hablado en contra de ellas. Por ejemplo, en varias ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público y funcionarios estatales es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
