Una agencia del gobierno de Ecuador que regula el contenido de los medios de comunicación, dicta los titulares y las correcciones que las organizaciones de noticias están obligadas a publicar, y que imparte multas a aquellos que se atreven a desobedecerlas acaba de celebrar su segundo aniversario y anunció cambios en la polémica ley de comunicación del país.
A pesar de la abrumadora condena por parte de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a defender la libertad de expresión y la libertad de prensa, el gobierno ecuatoriano está contento con el trabajo de esta agencia, sin precedentes, llamada Superintendencia de la Información y Comunicación, conocida con el acrónimo Supercom.
“Creo que hoy más que nunca existe en este país una verdadera libertad de expresión”, afirmó Carlos Ochoa, titular de la Supercom.
En los últimos dos años, Ochoa y su equipo ejecutaron más de 500 procesos en contra de medios de comunicación, sancionaron a 313 empresas mediáticas e impusieron multas por casi US $274.000 dólares.
El 23 de junio, la Supercom anunció que la entidad está revisando un borrador de propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) el cual será entregado a finalizar el año.
Algunas de las reformas que se propondrán son la de incluir la figura de la “mediación” entre las partes involucradas en una disputa para que puedan llegar a un acuerdo y así evitar alguna sanción; establecer sanciones graduables en una escala de 1 a 10 las cuales dependerán de “determinadas condiciones”; y la posibilidad de que los medios de comunicación incluyan programación educativa en lugar del pago de alguna multa.
Sin embargo, en las últimas semanas varios medios de comunicación fueron sancionados por parte de la Supercom razón por la que se vieron obligados a publicar réplicas y correcciones.
En su edición del 23 de junio, el diario La Hora publicó una réplica con el titular y la nota previamente diagramada por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), informó Fundamedios. El periódico dijo en una editorial que lo había hecho bajo protesta y que lo consideraba una humillación para el medio, los editores y los periodistas.
La Hora había publicado una nota original sobre la propuesta de un impuesto y su relación con la clase media el 27 de mayo, y recibió la petición de réplica casi un mes después. La directora general del Servicio de Rentas Internas pidió una réplica “por las supuestas inconsistencias y tergiversación de algunos datos contenidos en la nota”, de acuerdo con Fundamedios. La solicitud iba acompañada de una carta y un CD de la Secom en la que pedía la publicación de dicha réplica con el titular, el texto y la diagramación establecidas.
No obstante, La Hora no fue el primer medio en llamar la atención de la Secom en las últimas semanas.
El 22 de junio, el diario El Comercio publicó una rectificación con el titular y la diagramación de ésta ordenada por la Secom. La rectificación se relacionaba con un artículo publicado el 16 de junio sobre un discurso dado por el presidente de la república, Rafael Correa, informó Fundamedios.
En mayo y junio, el diario Expreso se vio en problemas dos veces con la Supercom por un artículo que había escrito sobre otra agencia de gobierno.
Las quejas llegaron a raíz de un artículo del 29 de abril que decía que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tenía problemas en disipar las protestas de los pensionados.
Luego de que el titular del IESS pidió la rectificación, el periódico la publicó el 1 de mayo. Sin embargo, el funcionario denunció que la publicación había violado el artículo 23 de la LOC debido a que la rectificación no fue viabilizada en los términos establecidos en la ley, de acuerdo con la Supercom.
Expreso fue ordenado por la Supercom a que publicara una disculpa pública y a que pagara una multa equivalente al 10 por ciento de su facturación promediada de los últimos tres meses. El 21 de junio, el diario publicó la rectificación que incluía el titular y la diagramación impuesta por el presidente del IESS.
Casi una semana antes, El Universo fue sancionado con una multa equivalente al 10 por ciento de su facturación promediada de los últimos tres meses (aproximadamente US $350.000 dólares) por presuntamente no cumplir la LOC al no publicar una réplica de una historia del IESS como lo requería este instituto. Dos días antes, el diario publicó una editorial en la que decía que estaba ejerciendo su derecho a la resistencia.
No obstante, las agencias gubernamentales de regulación no solo tienen por objetivo a los medios de comunicación. El 24 de junio, la Secom envió un oficio a Fundamedios, una ONG que monitorea las amenazas a los periodistas y a la libertad de expresión en el país, en el que señaló que la organización se había “desviado” de sus fines estatutarios al tomar “posiciones de carácter netamente” políticas.
“En el oficio se citan las causales de disolución establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 16, y se amenaza a Fundamedios por su ‘clara intención de erigirse como un actor político que busca generar suspicacias en la opinión pública sobre temas que no son de su competencia’”, informó Fundamedios.
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, dijo que la organización no es partidista, pero que realiza un trabajo que “tiene un interés público evidente”.
“Vamos a seguir emitiendo alertas le guste o no les guste a la Secom, así nos cierren. Seguiremos trabajando desde nuestras casas. Si vienen con la Policía a cerrar nuestras oficinas estaremos aquí, aquí nos van a encontrar”, dijo Ricaurte.
Cuando la LOC fue aprobada en 2013, creó la Supercom para regular los medios de comunicación del país.
A través de una carta oficial enviada al Estado de Ecuador en 2013, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó en 10 apartados algunas disposiciones de la LOC que podrían restringir el derecho a la libertad de expresión.
Organizaciones internacionales de prensa también se han unido en llamar la atención sobre la LOC y la Supercom.
El 16 de junio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a la comunidad internacional, en especial a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mayor atención a este tema para que se advierta “el flagrante atropello del gobierno de Rafael Correa contra el derecho del público a estar informado, contra el trabajo libre de los periodistas y contra los medios de comunicación privados e independientes de su país”.
La Supercom emitió un comunicado en el que aseguró que ejecutó 506 procesos y que emitió 313 resoluciones durante sus dos primeros años. En 185 casos de estos 313, los demandados recibieron sanciones económicas.
Fundamedios apoyó la realización de dos estudios, uno de los cuales analizó 269 casos presentados ante la Supercom y ante sus seis oficinas administrativas entre octubre de 2014 y abril de 2015. El estudio encontró que de los 143 procesos con resolución, “49 fueron iniciados por la Supercom y todos terminaron en sanción”. En los casos en los que fueron impuestas sanciones, solo uno correspondió a un medio público, mientras que las otras 142 sanciones fueron impuestas a medios privados, según la organización. Además de las monetarias, las sanciones más comunes son las amonestaciones escritas, las disculpas públicas y las rectificaciones.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
