El proyecto de ley que reglamenta el derecho constitucional a la información pública en Brasil pasó la prueba de fuego con la votación del Senado el día 25 de octubre. Y el resultado fue positivo: el texto aprobado mantiene las reformas hechas en la Cámara de Diputados en 2010 y resistió los embates en pro de la manutención del sigilo eterno de documentos oficiales.
La nueva ley entrará en vigor 180 días después de la sanción de la presidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, aún hay un trecho por recorrer antes de la efectiva aplicación de la ley, cuya duración dependerá de la presión social y de la prensa. Es esa la opinión del politólogo Greg Michener, especialista en leyes de acceso a la información pública en América Latina, que conversó con el Centro Knight después de la aprobación del proyecto de ley en el Senado.
“Los medios tienen un papel importante en la etapa post-aprobación. Si la gente no conoce la ley, ésta no será utilizada y mejorada. Entonces, además de utilizar la ley, los medios deben hablar de ella. Mientras mayor sea la demanda, mayor será la presión sobre el gobierno para que la ley efectivamente funcione", resaltó Michener.
“Otra cuestión implica recursos. En los EE.UU., por ejemplo, la ley de acceso cuesta alrededor de US$900 millones para 600 mil solicitudes anuales. Es caro mejorar los sistemas del gobierno para que pueda mantener un banco de información organizado y tener personal calificado para buscar los datos y responder a las solicitudes. El sistema de archivo brasileño no es bueno y precisará mejorarlo. Eso requiere un liderazgo comprometido con la eficacia de la ley", añadió.
Según Michener, el texto brasileño representa, en algunos aspectos, un avance en relación a proyectos similares de otros países. “Brasil es uno de los primeros países del mundo en tener en su ley de acceso un dispositivo que obliga a los sitios web del gobierno a proporcionar datos de forma abierta. Eso facilita mucho el cruce y el análisis de datos hechos por movimientos de transparencia". Otra innovación es el alcance de la ley, que vale para todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y para los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), lo que no ocurre en países como Chile y EE.UU.
Sin embargo, el experto advierte sobre algunos contratiempos e incertidumbres de la ley, tales como:
*Órgano supervisor: "En otros países, como Canadá y México, ese órgano es autónomo. Aquí, optaron por la Contraloría General de la Unión (CGU), que no es independiente y tiene otras responsabilidades no relacionadas a la transparencia".
*Niveles de sigilo: “Eso es peculiar. Según los estándares internacionales, sólo hay un nivel de sigilo y un período de reserva. La creación de tres niveles distintos puede confundir a los funcionarios públicos y darles licencia para clasificar las cosas de manera arbitraria".
*Sistema de recursos: “El de la ley no es el ideal. Este es un punto muy importante, pues al igual que en los países en que la ley funciona bien, como México y Nueva Zelanda, hay muchos problemas con el rechazo de solicitudes y el silencio administrativo. El ciudadano necesita una manera rápida y gratuita de apelar esos rechazos".
En su blog, el periodista Fernando Rodrigues, uno de los principales responsables de la campaña por el derecho a la información en Brasil, también señala otros avances y las incertidumbresde la nueva normativa. Rodrigues resalta cómo uno de los aspectos más interesantes del texto aprobado es el dispositivo que impide a los funcionarios públicos constreñir a los ciudadanos interesados en tener acceso a datos reservados. Las solicitudes podrán hacerse vía correo electrónico o por medio de los sitios web de los órganos y entidades públicas.
