Mientras organizaciones periodísticas en Ecuador y Paraguay reclamaron de manera oficial por la utilización de leyes en contra de la prensa, que consideraron como un intento abusivo por acallar la labor informativa, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una resolución expresando su preocupación precisamente por el "deterioro de la libertad expresión y la libertad de prensa en el continente americano", reportó La Prensa.
El Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP) denunció el aumento de las demandas judiciales en contra de periodistas que, aseguró, ponen bajo amenaza la libertad de prensa y el derecho a la información, reportó ABC. "Las querellas por difamación y calumnia se han constituido en una especie de 'garrote jurídico' o de instrumento para amedrentar a los trabajadores de la prensa, intentando frenar o acallar su labor informativa e investigativa".
El FOPEP llamó la atención sobre los casos de los periodistas del diario ABC Color Jorge Torres, querellado tras denunciar irregularidades en el manejo de fondos en una oficina del gobierno; Sandra López, demandada por una empresaria tras publicar varios artículos sobres pagos "dudosos" recibidos por una compañía de su esposo; y Omar Acosta, quien enfrenta una querella de una agente de policía que ha sido denunciada en varias ocasiones por someter a torturas a detenidos en las comisarías, según el FOPEP.
En Ecuador, en tanto, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) presentó a fines de mayo una acción de inconstitucionalidad contra el delito de desacato y otras normas conexas, cuyo uso por parte de las autoridades en Ecuador ha sido constantemente criticado por organizaciones de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión.
En ese marco, César Ricaurte, director de Fundamedios, denunció que desde 2008, la organización ha recibido reportes de 358 agresiones físicas y verbales en contra de periodistas, las cuales han ido en aumento a través del tiempo. Ricaurte subrayó que la mitad de la agresiones ocurridas en 2011 han venido de parte de funcionarios de gobierno y de la fuerza pública, además de otras autoridades.
Considerando que "gobiernos autoritarios, como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, sancionaron leyes que restringen la capacidad de expresión de ciudadanos y medios de comunicación" y que las libertades de expresión y prensa son principios fundamentales, reconocidos y garantizados por tratados internacionales, la SIP llamó a las autoridades del continente a que adopten leyes específicas para combatir la impunidad. Asimismo, les recomendó que "no aprueben legislación que restrinja la libertad de prensa, y que revisen y anulen de manera urgente las leyes que limitan la labor de los periodistas".
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
