* Este artículo fue actualizado para incluir información sobre el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco.
Cuando los asesinatos de periodistas no encuentran justicia en los tribunales, el resultado no es solo la falta de justicia para esos profesionales y sus familias sino una mayor amenaza para sus colegas que siguen trabajando.
En América Latina y el Caribe, solo el 18% de los casos de periodistas asesinados, o 41 de los 226 casos condenados por la Unesco entre 2006 y 2017, han sido reportados como resueltos por los Estados miembro, según la Unesco.
Mientras tanto, la impunidad persiste en nueve de cada diez casos en todo el mundo, según la organización.
Este 2 de noviembre, la Unesco y las organizaciones de libertad de prensa de todo el mundo están llamando la atención sobre estas estadísticas y la impunidad general en casos de violencia contra los profesionales de la prensa para conmemorar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas (IDEI, por sus siglas en inglés).
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el IDEI en 2013 e instó a los Estados miembro a prevenir la violencia contra los profesionales de la prensa, investigar la violencia contra ellos y llevar a los responsables ante la justicia. También instó a los Estados a “promover un entorno seguro y propicio en que los periodistas realicen su labor de manera independiente y sin interferencia indebida”.
Si bien el marco legal internacional sobre la impunidad es más fuerte que hace cinco años, la implementación de medidas a nivel nacional sigue siendo un desafío, según Audrey Azoulay, directora general de la Unesco. También señaló la necesidad de abordar las amenazas a las mujeres periodistas, que han experimentado un aumento de los ataques y el hostigamiento, específicamente en línea.
“Tenemos la responsabilidad de no dejar impunes los crímenes contra periodistas y garantizarles unas condiciones de trabajo seguras y propicias para el desarrollo de una prensa libre y pluralista”, dijo Azoulay. “Solo en esas condiciones podremos construir unas sociedades justas, pacíficas y verdaderamente abiertas al futuro”.
La organización y los aliados están difundiendo esta conciencia con la campaña #TruthNeverDies (#LaVerdadNuncaMuere). Un microsite especial publica las historias de periodistas asesinados por su trabajo. Para América Latina, incluyeron los casos de Miroslava Breach, quien fue asesinada en México en 2017; Paúl Rivas, asesinado en 2018 en Colombia; y Javier Valdez, asesinado en México en 2017. Los lectores pueden acceder a las historias de los periodistas en el sitio y compartirlas en las redes sociales utilizando las etiquetas #TruthNeverDies, #EndImpunity (acabar con la impunidad) y #Journosafe (periodista seguro).
La Unesco también lanzó el Observatorio de Periodistas Asesinados, una base de datos en línea con información sobre el estado judicial de los casos de profesionales de los medios asesinados. La base de datos contiene cada asesinato que la Unesco ha registrado desde 1993, según la organización, y la información proviene de los estados donde ocurrió el asesinato.
La Unesco no es la única organización que mide la impunidad en los asesinatos de periodistas.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) clasifica a los países según las tasas de impunidad que prevalecen en los casos de periodistas asesinados. En el índice de este año, México, Colombia y Brasil se encuentran entre los 14 países del mundo que tienen las tasas más altas de impunidad en casos de periodistas asesinados. El CPJ calcula el número de casos no resueltos como porcentaje de la población del país.
Mientras tanto, México e India tienen el mayor número de casos recientes de periodistas asesinados en espera de investigación, según el International Press Institute (IPI). De los 14 periodistas asesinados en México en 2017, hubo arrestos en solo dos casos, según el instituto.
Es importante tener en cuenta que las organizaciones con frecuencia tienen diferentes estadísticas sobre el número de periodistas asesinados y sobre las tasas de impunidad. Esto se debe a que cada organización tiene diferentes criterios para determinar si se debe incluir la muerte de un periodista en sus registros y si los delitos no han sido castigados. Por ejemplo, algunos grupos consideran la muerte de un periodista solo si fueron asesinados directamente por su trabajo, mientras que otros incluyen a periodistas que murieron mientras estaban en el trabajo. Además, las organizaciones tienen en cuenta diferentes periodos de tiempo cuando realizan cálculos.
Organizaciones de defensa de la libertad de prensa y periodistas, así como colectivos de periodistas individuales, están haciendo gran parte del trabajo para luchar contra la impunidad.
Por ejemplo, el Programa Tim Lopes de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por su acrónimo en portugués) investiga los casos de periodistas asesinados en ese país. Lanzado a fines de 2017, hasta el momento ha investigado dos casos: el del periodista radial Jefferson Pureza Lopes y el de Jairo de Sousa, a quien le dispararon al llegar a la estación de radio donde trabajaba.
Con el proyecto de reportería “Frontera Cautiva”, 19 periodistas de Ecuador y Colombia están analizando el secuestro, los asesinatos y la reportería de tres colegas que fueron asesinados en la frontera de los dos países a principios de este año. El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo en Ecuador por el grupo armado, el Frente Oliver Sinisterra, y luego fueron asesinados.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú y la Unesco anunciaron la serie de investigación “Historias de crímenes contra periodistas”, que analiza los asesinatos de Nelson Carvajal (1998, Colombia), Laurent Castillo y Alfredo de León (2018, Guatemala), David Choquepata (2016, Perú) y Marcos Guerra (2014, Brasil), y las investigaciones de estos casos.
Ocasionalmente, las organizaciones incluso participan en llevar estos casos a organismos internacionales para su resolución. Por ejemplo, la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) y Robert F. Kennedy Human Rights solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presentara el asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal Carvajal, ocurrido 20 años atrás, ante la Corte Interamericana. En junio de 2018, ese tribunal condenó al Estado colombiano por ese delito.
Estos son solo algunos ejemplos de los esfuerzos por encontrar justicia para los profesionales de la prensa asesinados por su trabajo.
Como parte de sus esfuerzos para combatir la impunidad, la Unesco publicó el Informe 2018 de la Directora General sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad en el que le solicita a los Estados miembro a que informen sobre el estado de las investigaciones judiciales de asesinatos de periodistas.
En total, 182 periodistas fueron asesinados durante 2016-2017, una disminución en comparación con el periodo de dos años anterior, según el informe. Sin embargo, señaló que la estadística sigue siendo elevada en comparación con periodos anteriores y que “no hay razón para concluir que esto necesariamente marca una tendencia sostenible a la baja sostenible”.
La organización informó que el número de muertes registradas desde el 1 de enero hasta el 9 de octubre de 2018 es de 80.
El informe también destacó un porcentaje creciente de mujeres periodistas entre todos los trabajadores de la prensa asesinados, aunque la gran mayoría del total son hombres.
A nivel mundial, solo el 11% de los casos han sido resueltos. La organización calcula este porcentaje examinando los casos condenados por la Directora General entre 2006 y 2017.
“La impunidad legal de los perpetradores sigue siendo la norma en la mayoría de los asesinatos de periodistas”, según el informe.
Un porcentaje menor de los Estados miembro respondió a las solicitudes de información sobre el seguimiento judicial en casos de asesinato de periodistas, lo que la organización calificó como un paso para atrás.
“Dado que la información de la Unesco sobre el estado de los procedimientos judiciales se basa en la información proporcionada por los Estados miembro, es esencial un alto índice de respuesta para proporcionar una imagen precisa del seguimiento judicial de los asesinatos de periodistas”, señala el informe.
Sin embargo, 15 Estados miembro, incluidos Brasil, Guatemala, Honduras y México, brindaron acciones concretas que estaban tomando para mejorar la seguridad de los periodistas, según la Unesco. Algunas de las acciones incluyeron el establecimiento de mecanismos de monitoreo para ataques a periodistas (Brasil y Guatemala) y la creación de una línea de emergencia para periodistas amenazados (Guatemala).
“El asesinato de periodistas, la forma definitiva de censura, es solo la punta de un iceberg de ataques contra periodistas, que van desde ataques físicos no letales, secuestro, detención ilegal, amenazas, acoso fuera de línea y en línea, hasta represalias por miembros de la familia”, señala el informe.
