Cuando asesinaron al periodista hondureño Gabriel Hernández el 17 de marzo de 2019, el equipo de Reporteros de Investigación sabía que debía investigar el caso. Hernández caminaba hacia su casa en el municipio de Nacaóme, departamento de Valle, cuando una persona le disparó seis veces.
El comunicador de 54 años trabajaba para el canal Valle TV y era el director y presentador del programa “El Pueblo Habla” donde criticaba de manera abierta al alcalde y a los diputados del departamento. En 2015 había recibido amenazas y agresiones de parte de policías, pero cuando solicitó medidas de protección, le fueron negadas. “No califica”, fue la respuesta oficial, según el sitio periodístico. Esto fue desmentido por un representante del Sistema General de Protección, quien le dijo a LatAm Journalism Review (LJR) vía email que el sistema no tuvo conocimiento de amenazas en contra del periodista ni solicitudes de protección.
La investigación de su crimen, a la que se le sumó la de un segundo periodista, Edgar Joel Aguilar, ocurrido el 31 de agosto de 2019, llevó a Reporteros de Investigación a publicar diferentes series. La última de ellas, Sicarios, en la que le sigue la pista a crímenes de periodistas y de otras personas de alto impacto.
“En realidad la serie Sicarios habla de cómo hay élites que están coludidas con el crimen organizado en el país para asesinar a periodistas y a actores importantes del país”, explica Wendy Funes, directora y fundadora de Reporteros de Investigación de Honduras, en el documental Élites Criminales. “Lo sorprendente de esto es que se utilizan maras, pandillas y también algunos grupos armados desde el Estado”.
El documental, que muestra los principales hallazgos de Sicarios así como el trabajo del sitio periodístico Reporteros de Investigación en general, fue estrenado en una sala de cine de Tegucigalpa en la noche de este 8 de diciembre y ahora está disponible en YouTube. El proyecto forma parte de uno a más largo plazo para hacer cortometrajes que reflejen el peligro que enfrentan los periodistas en Honduras.
Investigar los asesinatos y otros peligros que enfrenta los periodistas en el país ha sido parte central del trabajo de Reporteros de Investigación desde que fue creado en 2017, según explicó Funes a LJR*.
“Queremos darle seguimiento a esto [asesinatos de periodistas] porque en realidad lo que nosotros creemos es que mientras no investiguemos nadie más va a investigar: ni la policía, ni la fiscalía, a nadie le importa. Si no investiga la prensa, nadie más va a poder”, dice Funes.
Su afirmación no está alejada de la realidad. Matar periodistas en Honduras parece no tener consecuencias. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) el 97% de estos siguen impunes.
Gran parte de esa impunidad tiene que ver con que los autores intelectuales nunca son perseguidos. Con base en documentos filtrados, la serie Sicarios daría cuenta “que hay un mercado de sicarios financiados por élites del país”, según Funes quien agregó que esto no solamente se ve en crímenes de periodistas sino también de líderes como Berta Cáceres, mujer indígena defensora de derechos humanos, en cuyo crimen estuvieron involucrados empresarios, según la investigación criminal del caso. No obstante, “para ellos no hay ningún castigo”, dice Funes.
“La firma criminal más clara de la estirpe de políticos que están alimentando el sicariato se distingue en el crimen contra el periodista Aníbal Barrow”, señala parte de la primera entrega de la serie Sicarios. “Cinco años después de que ex jefe de investigación criminal Carlos José Zavala Velásquez, encontrara los cadáveres del periodista y de su conductor, decapitados, quemados y desmembrados, testificó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que ‘corrían rumores de que Barrow había sido asesinado por orden de políticos corruptos altamente calificados’. La evidencia yace en el expediente 1:2015-cr-00174-439818 de aquel tribunal. El oficial identificó a [la organización criminal] Los Cachiros como los responsables de la muerte de Barrow. ‘Sin embargo, fue reasignado y, por lo tanto, no pudo realizar un seguimiento’, dijo su defensa ante esta Corte.”
Según la investigación Sicarios, en el crimen de Barrow ocurrido en 2013, solamente fueron condenados miembros de las ‘maras’ a pesar de que estos aseguraron ante la Corte haber trabajado con algunos políticos. Irregularidades de este tipo también fueron encontradas en el crimen de Hernández, en donde según algunos documentos, la Policía habría omitido testimonios que involucrarían a políticos de la zona.
Hasta el momento, según Funes, ni un solo autor intelectual en un crimen contra periodistas en el país ha sido condenado. Por eso está convencida de que la poca justicia que se pueda lograr es a través del periodismo de investigación.
“Sí creo que en este momento solo nosotros mismos que investiguemos lo que está pasando es lo que puede salvarnos. Tal como hicieron los colegas con los asesinatos de los periodistas y el equipo de El Comercio [Ecuador]”, dice Funes. “Vivimos en una región marcada por la impunidad. Han pasado más de 30 años, por ejemplo, de uno de los asesinatos más simbólicos en América Latina que es el caso de Guillermo Cano [Colombia] y no se esclarece todavía qué pasó con él. […] Entonces yo creo que solo la labor de la prensa es la que puede garantizar un poco de derecho a la verdad que tienen los familiares y la sociedad en general”.
Obstáculos para el periodismo en Honduras van más allá de lo letal
Como su nombre lo señala, Reporteros de Investigación se dedica a realizar investigaciones periodísticas y a promover ese tipo de periodismo. Sin embargo, algo que caracteriza al equipo de cinco periodistas de base y casi 12 contratistas es el énfasis en investigar los crímenes contra periodistas y en general todo lo que afecte el ejercicio de la libertad de prensa.
El trabajo periodístico en Honduras enfrenta otros obstáculos además de los asesinatos. En la serie ‘Cárcel para la palabra’, por ejemplo, el equipo da cuenta de la tendencia que cada vez toma más fuerza en el país que consiste en querellar a periodistas de varios delitos de difamación de tal manera que puedan enviarlos a prisión.
“Aprendieron de haber llevado preso a David Romero que era más eficaz acusar a los periodistas por 30 delitos de difamación, por 100 delitos de difamación”, explica Funes. “Hay un periodista en este momento, Milton Benítez, que tiene 30 delitos de difamación. Y si estas penas se las suman, como le sumaron a David Romero, él va a ir a prisión”.
Romero cumplía una condena de 10 años de prisión por delitos contra el honor y delitos de difamación constitutivas de injurias, según C-Libre. Murió el 18 de julio de este año a causa de COVID-19 luego de estar hospitalizado 13 días.
Además de esta tendencia de querellas, se suma la desinformación que según Funes es propiciada por el mismo gobierno para desacreditar a la prensa. Debido a este ambiente, los periodistas tienen problemas para cubrir algún tema, son acosados, insultados tanto físicamente como en línea.
“En la serie ‘Cárcel para la palabra’ se habla de todos los riesgos de ser periodista y de cómo nos podemos exponer a la prisión siendo periodistas”, explica Funes. “Ahí contamos, por ejemplo, que hay periodistas exiliados, que había un periodista encarcelado, que era David Romero, y que hay 20 más ahora querellados. También en la misma serie está el tema de la desinformación”.
Reporteros de Investigación han sentido en carne propia estos obstáculos. Una periodista del equipo sufrió una serie de atracos en 2018, y en 2019 el sitio fue víctima de ataques cibernéticos, bloqueos a su página de Facebook e incluso campañas de desprestigio. Por ejemplo, quisieron vincular al sitio con las ‘maras’, un hecho que fue reportado por el equipo al Mecanismo de Protección, según Funes.
Ante las investigaciones periodísticas que publica el sitio, las autoridades tienen por estrategia ignorarlos, según Funes, “como si no existiéramos”.
“Pienso que sí está bueno visibilizarlo, porque como dije su estrategia es hacernos invisibles, y que el mensaje nuestro no llegue a la población. Y denunciar que realmente hay una operación de narcotraficantes que están metidos en la política, y eso sí yo no tengo ningún miedo en decirlo”, dice Funes. “Aquí los narcotraficantes están metidos en la política y además han estado asesinando a periodistas. Y eso no lo sabíamos hasta ahora que vamos a las zonas, y que la gente lo cuenta”.
La situación de la prensa en Honduras ha sido también destacada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. En 2019, de manera pública exhortó al Estado investigar los crímenes de Hernández y de José Arita, aunque en su informe anual señaló que serían al menos 6 periodistas los asesinados en el país ese año por causas relacionadas con su trabajo y agregó que “aún no han sido identificados sus autores materiales o intelectuales”. La Relatoría Especial también destacó el gran número de periodistas exiliados así como el caso de David Romero, quien además contaba con medidas cautelares de la CIDH, y reiteró su llamado para que el Estado despenalice los llamados delitos contra el honor.
Sin embargo, para Funes el acompañamiento por parte de otros medios así como de la comunidad internacional no es suficiente para el nivel de violencia que viven los periodistas en el país. Por eso su propósito es que otros colegas se unan a las investigaciones.
“Los asesinatos [de periodistas] han seguido [en el país]. El año pasado cerramos con 80 [en la última década] y este año hay organizaciones que hablan de 85. Entonces los asesinatos siguen, pero parece que nada pasara. O sea, la gente no lo percibe, a nivel internacional no hay como mucho eco”, asegura Funes. “A veces yo siento que como que Honduras no le importara a nadie, que estamos solos, que estamos gritando en el desierto”.
Por ahora el compromiso de Reporteros, como lo dijo Funes en la inauguración del documental, es “abrirle los ojos a las mayorías”. “Nos comprometemos desde Reporteros a hacer un periodismo diferente para este país”.
LJR solicitó comentarios a la Policía Nacional y al Ministerio Público, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
*LJR habló en dos ocasiones con Wendy Funes, la primera en diciembre de 2019 y la segunda los primeros días de diciembre de 2020.