El discurso estigmatizante que ubica a la prensa como el enemigo y la impunidad que reina sobre las agresiones contra comunicadores son los principales factores que han hecho posible el clima de violencia que ha vivido la prensa de Ecuador en las últimas dos semanas, en medio de un paro nacional en ese país.
Esa es la opinión de diversas organizaciones de defensa de la libertad de expresión en que han condenado la ola de ataques ocurridos en varias ciudades del país durante las manifestaciones, convocadas desde el 13 de junio por la dirigencia indígena ecuatoriana y otras organizaciones gremiales.
Los manifestantes exigen al gobierno del presidente Guillermo Lasso bajar los precios de los combustibles, condonar deudas de pueblos indígenas, establecer precios justos de los productos del campo y aumentar el presupuesto en salud y educación, entre otras demandas.
“Se vive un clima de violencia muy grave en contra de la prensa. Se han dado episodios violentos, como ataques con piedras, palos, a los periodistas se les arroja objetos o líquidos hirviendo, no se les permite hacer sus coberturas”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) César Ricaurte, director de la organización Fundamedios. “Ha habido una violencia generalizada en el contexto del paro. Ha sido algo permanente, sistemático y generalizado”.
Videos que circulan en redes sociales muestran diversos ataques a periodistas de manifestantes y fuerzas del orden en varias ciudades de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla de transmisión en Facebook)
Hasta el 28 de junio, Fundamedios había registrado un total de 142 agresiones dejando 159 víctimas, entre los que figuran periodistas (86), camarógrafos (27), fotoperiodistas (9), medios de comunicación (8), comunicadores (5), asistentes (4), páginas web (4) y defensores de derechos humanos (4). Ocho de los periodistas atacados fueron agredidos más de una vez.
La organización reveló que en 117 casos de violencia, los agresores han sido manifestantes; en 14 casos, la Fuerza Pública; en 13, sujetos desconocidos; en 6, funcionarios públicos; en 4, agresores no estatales; en 4, personajes de la política; y en un caso, un líder indígena.
Los ataques más frecuentes han sido agresiones físicas, con un total de 65. Ha habido 49 amenazas, 17 casos de discurso estigmatizante, 10 casos de impedimento de acceso a la información, 6 casos de restricciones en el espacio digital, 5 casos de robo de equipo, 4 detenciones, 2 casos de destrucción de equipo, y un caso de proceso jurídico contrario a los estándares.
Los ataques registrados se han llevado a cabo en las provincias de Pichincha, Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Imbabura, Morona Santiago, Napo, Chimborazo y Zamora Chinchipe.
“Los ataques provienen en su mayoría de manifestantes que acusan a los medios de comunicación y a las personas periodistas de ser actores políticos parcializados dentro del paro nacional, convocado por el movimiento indígena”, expresó la red regional de organizaciones de defensa de la libertad de prensa y protección a periodistas Voces del Sur en un comunicado emitido el 23 de junio. “[...] Todo esto, en medio de un discurso constante de rechazo a la presencia de personas periodistas y una estigmatización de la labor de los medios de comunicación”.
“Prensa corrupta” es una de las consignas que más han repetido los manifestantes en sus ataques verbales a personal de medios de comunicación. Dicha frase fue popularizada por el expresidente Rafael Correa como parte de la campaña de descrédito contra periodistas y organizaciones de noticias que ejerció durante sus 10 años en el poder a través de espacios oficiales de radio y televisión.
Ese discurso estigmatizante que dibuja una prensa al servicio del gobierno o de otros sectores del poder ha permeado en movimientos sociales, como el movimiento indígena, el cual encabeza el actual paro nacional.
“Si tú escuchas los discursos, siempre está presente el factor de la prensa como un enemigo. Esto es algo que manejan también los dirigentes regionales, comunitarios. Si uno se pone a revisar los discursos de la dirigencia indígena, vería que hay un discurso generalizado contra la prensa”, dijo Ricaurte a LJR. “Esto lo que hace es justificar: ‘estoy legitimado porque al momento que ataco a un periodista, estoy atacando a quien supuestamente es mi enemigo’”.
En diversas ocasiones, los dirigentes del movimiento indígena han impedido la cobertura de sus movilizaciones bajo la idea de que los medios tradicionales de Ecuador no cuentan la verdad y no reflejan justamente sus voces. De acuerdo con el director de Fundamedios, existe la noción de que si la prensa no se apega a la verdad de la dirigencia indígena, entonces son enemigos.
Fundamedios lleva un registro del número de ataques a miembros de la prensa desde que inició el paro nacional, el 13 de junio. (Foto: Fundamedios)
“Hay medios que tienen una línea muy crítica al movimiento indígena, a estas movilizaciones. Pero aun esos medios de comunicación tienen derecho a hacer coberturas y a hacer su trabajo de forma segura sin estar sometidos a agresiones y a condiciones en las cuales no se les permite hacer su trabajo”, dijo. “Eso es parte del juego democrático, la existencia de distintas líneas editoriales y eso es lo que alimenta la pluralidad del entorno mediático”.
Por su parte, la Red Voces del Sur recordó a los dirigentes del paro nacional que los periodistas no son actores políticos y que su labor es recopilar todas las voces para que la ciudadanía conozca la diversidad de los acontecimientos.
“Condenamos estas agresiones y exhortamos al Estado y a las organizaciones sociales que promueven la movilización que se brinde la debida protección y garantía para el desarrollo del trabajo periodístico y así reconocer la importancia del trabajo de la prensa y los periodistas en estos contextos”, expresó la organización en su comunicado.
La impunidad en casos de violencia contra la prensa en años anteriores es el otro factor que ha alentado los ataques durante el actual paro nacional.
En octubre de 2019, Ecuador fue escenario de graves agresiones contra medios de comunicación en medio de otra serie de manifestaciones. Entre los casos más graves en ese momento destacaron el intento de incendio del canal Teleamazonas, la retención de un grupo de periodistas por parte de manifestantes y el atentado en contra del periodista Freddy Paredes, quien recibió una pedrada en la cabeza que lo llevó al hospital.
La Fiscalía de Ecuador solo investigó el caso de Paredes y condenó al agresor -un empleado eventual del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano- a cuatro meses y medio de prisión y a pagar una reparación de 2 mil dólares, los cuales no pagó, según el diario El País.
“No ha habido otro caso más que haya sido judicializado o investigado. No hay absolutamente ningún ejercicio de justicia, ni de investigar, ni de castigar las agresiones contra la prensa”, dijo Ricaurte.
Organizaciones sociales y organismos internacionales temen que la ola de agresiones que iniciaron el 13 de junio pudiera derivar en una crisis de derechos humanos para los ciudadanos, principalmente en su derecho a ser informados adecuadamente.
Amnistía Internacional dijo en un comunicado publicado el 20 de junio que la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Ecuador, así como las múltiples denuncias de hostigamiento, y uso excesivo de la fuerza, “está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019”.
Periodistas que cubren las protestas han sido atacados con piedras, palos, objetos y hasta líquidos hirvientes. (Foto: tomado del Twitter de Fundamedios)
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llamó a autoridades y líderes sociales a evitar agredir o estigmatizar a la prensa y recordó la importancia de que los periodistas hagan un cubrimiento cabal de las movilizaciones por el bien de los ciudadanos.
“[...] El cubrimiento periodístico de protestas sociales, en condiciones de seguridad y libertad, es trascendental para que la ciudadanía acceda a las informaciones y opiniones sobre los reclamos desde perspectivas tan plurales y diversas como la sociedad”, dijeron los organismos en un comunicado del 24 de junio. “La falta de acceso a la información tiene el potencial de afectar tanto a voces institucionales como de la sociedad civil, dificulta la comprensión social del entorno y aleja las posibilidades de resolución de controversias”.
La cobertura que recibe la ciudadanía ecuatoriana también se ha visto afectada por la autocensura por la que han optado algunos periodistas, sobre todo los que reportan en primera línea y los de medios televisivos, para asegurar su integridad física.
“Las coberturas televisivas ahora son bastante de lejos, los equipos ya no se ubican en el sitio de las marchas sino en sitios en los cuales pueden hacer zoom o enviar un dron para que haga tomas desde algún puente peatonal o algún edificio cercano. Pero ya no existe una cobertura en primera línea de las marchas. Y evidentemente es una medida de autoprotección bastante razonable”, dijo Ricaurte a LJR. “Sí se ve que hay una tendencia a la autocensura en la cobertura de las marchas”.
Aunque los agresores activos de la prensa han sido principalmente manifestantes y fuerzas del orden, la inacción del Estado ante los ataques y la hostilidad a la prensa ha permitido que la violencia hacia los medios se extienda sin mayor obstáculo, de acuerdo con las organizaciones.
“Desde el Estado no se han articulado acciones suficientes para asegurar el trabajo de la prensa, esto, sumado a peligrosos discursos de líderes indígenas que, un día piden respeto para la prensa y al siguiente acusan a los medios de sembrar odio y violencia. Esto conlleva a la generación de un ambiente adverso para las libertades de Expresión, Prensa y Acceso a la Información”, expresó Red Voces del Sur en su comunicado.
Para Fundamedios, no solo el actual gobierno es responsable, sino también las pasadas administraciones de Lenín Moreno y Rafael Correa, durante las cuales no hubo acciones efectivas para proteger a trabajadores de medios de comunicación.
“El estado es responsable por omisión, en este caso. En la década de Rafael Correa, el gobierno era el principal agresor contra la prensa, pero en los dos gobiernos posteriores lo que ha existido es prácticamente una inacción completa. No se ha adoptado ninguna política pública de protección y seguridad al periodismo. Todo ha quedado en ofrecimientos, en experiencias truncadas, como la de la conformación del comité de protección a periodistas”, dijo Ricaurte.
