Sepa en quién confía. Use canales de comunicación seguros. No sea demasiado obvio.
Eso es parte del consejo que editores venezolanos en el exilio y defensores de la prensa están dando a sus colegas para evitar ser detenidos por informar sobre el momento más delicado de la historia reciente del país.
El periodista venezolano y consultor en seguridad Luis Carlos Díaz, quien a su vez fue detenido en 2019, ha estado aconsejando a otros periodistas que se comuniquen sólo con personas en quienes confían plenamente, que sean selectivos sobre qué historias salen a la calle a cubrir y que, cuando lo hagan, intenten pasar desapercibidos como un ciudadano de a pie y no como periodistas.
César Batiz, director en el exilio del medio El Pitazo, también les está diciendo a sus colegas que limiten sus salidas. Y Luz Mely Reyes, directora en el exilio del medio Efecto Cocuyo, dijo que ella es la única cara pública de su medio, en el que no publican el nombre de ningún colaborador.
“Todos nos hemos basado en un principio”, dijo Reyes a LatAm Journalism Review (LJR). “Ninguna historia, por importante que sea, vale la pena la vida de uno de nosotros”.
En los días transcurridos desde la operación militar de Estados Unidos que capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, al menos 16 trabajadores de medios han sido detenidos, y los periodistas independientes en el país están en máxima alerta porque no quieren ser los próximos.
Tras la operación, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos “controlaría” Venezuela. Ante la incertidumbre sobre los acuerdos entre lo que queda del régimen en Venezuela y Estados Unidos, Díaz dijo que la “estabilidad” que deberá seguir dando el chavismo, puede significar mayor represión
“Nuestro temor es que Estados Unidos no ponga en la mesa temas de derechos humanos, liberación de presos políticos, libertad de expresión”, dijo Díaz a LJR. “No sabemos si eso es prioritario para ellos, no sabemos si eso es parte de las condiciones que le van a poner a este gobierno tutelado”.
El 5 de enero, el día en que Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina, 14 periodistas fueron detenidos. Trece de ellos estaban afiliados con medios y agencias internacionales, y uno trabajaba para un medio nacional, según el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (Sntp) de Venezuela. Todos fueron liberados más tarde sin ningún cargo en su contra, aunque uno de ellos fue deportado, agregó la organización.
Las detenciones tuvieron lugar durante el estado de conmoción exterior declarado por las autoridades venezolanas el 3 de enero. El decreto ordena a las fuerzas de seguridad la “captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”.
Hasta el momento los periodistas que fueron detenidos han preferido omitir su nombre, dijo Díaz. Sin embargo, la organización de libertad de expresión Espacio Público reportó que el periodista deportado fue Stefano Pozzebon de CNN.
Díaz dijo que estas detenciones están en consonancia con las llevadas a cabo sistemáticamente en los últimos años por el régimen.
“El hecho de que los liberen el mismo día no significa que no haya crímenes de Estado”, dijo Díaz. “Los llevan a lugares desconocidos. Los compañeros y los familiares no los consiguen en centros de reclutamiento o el Estado niega su paradero. Van a desaparición forzada y han sido sometidos a interrogatorios o malos tratos por ponerlo suave”.
Además de las detenciones ocurridas durante la jornada de juramentación de Rodríguez, el 4 de enero dos periodistas fueron detenidos por varias horas mientras cubrían operaciones de seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Uno de ellos fue el periodista Luis Carlos Vélez de Univisión Noticias quien denunció en sus redes sociales y en el mismo medio que él y su equipo además de ser detenidos, sus documentos y teléfonos fueron revisados, y material periodístico fue borrado.
“Estas detenciones reflejan un intento de intimidar a la prensa y obstaculizar el periodismo independiente”, dijo a LJR José Carlos Zamora, director para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). “Las autoridades venezolanas deben poner fin a la vigilancia y a las detenciones arbitrarias y garantizar que los periodistas puedan trabajar de manera libre y segura”.
Treinta y ocho organizaciones defensoras de derechos humanos de América Latina, entre ellas el CPJ, publicaron una nota conjunta sobre la situación en Venezuela en la que urgían por el respeto a los derechos humanos, así como la libertad de prensa durante la “transición” de Venezuela.
En su comunicado, las organizaciones denunciaron “el ataque militar de los Estados Unidos contra múltiples objetivos en Venezuela” el cual “viola abiertamente el derecho internacional y sienta un peligroso precedente en toda la región”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió su propio comunicado sobre los hechos y detenciones de periodistas y exhortó a las autoridades del país a “cesar cualquier acción que limite el ejercicio de la libertad de prensa”.
Asimismo, exigió garantizar el debido proceso de periodistas detenidos y respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
Díaz dijo que la jornada del 5 de enero y la semana anterior han sido de las “peores” para el periodismo. Él identificó tres focos de represión para reporteros durante estos días pasados.
El primero de ellos es la frontera de Venezuela en la ciudad colombiana de Cúcuta. Esta ciudad, a la que han llegado periodistas del mundo para intentar cruzar la frontera, tiene presencia no solo de grupos armados y criminales colombianos como la guerrilla del ELN, sino también del servicio de inteligencia venezolano (Sebin), los llamados colectivos (civiles armados por el mismo gobierno venezolano) y el Tren de Aragua.
Grupos periodísticos fueron expulsados de Venezuela y otros que estaban en Cúcuta fueron hostigados y amenazados, dijo Díaz.
En Caracas, la Plaza Altamira – tradicionalmente relacionada con las protestas antichavistas – y los alrededores del Palacio Legislativo fueron los otros dos focos de represión. En Altamira por ejemplo un periodista fue hostigado por colectivos y posteriormente fue uno de los detenidos, dijo Díaz.
“Lo que Naciones Unidas investigó en Venezuela es que el patrón de crímenes en lesa humanidad, que implican las detenciones, desapariciones y todo este asunto, son contra disidentes políticos y personas percibidas como disidentes”, dijo Díaz. “Ese término es importante porque es el que te explica el porqué el chavismo detiene a defensores de derechos humanos, periodistas, disidentes políticos y también chavistas distantes. Cualquier persona que sea percibida como desleal es una amenaza y el chavismo la detiene”.
Estas recientes detenciones vuelven a poner de relieve la situación de los más de 20 periodistas que ya se encontraban detenidos en el país.
No todos fueron detenidos ejerciendo como periodistas, pero sí realizando labores de comunicación. Entre los casos más graves están el de Nakary Ramos y su esposo Gianni González, quien ejercía como su camarógrafo, arrestados en abril de 2025. Ambos fueron acusados de incitación al odio y publicación de noticias falsas por hacer un reportaje preguntado a la población por el aumento de criminalidad en Caracas.
Rory Branker de La Patilla también se encuentra actualmente preso. Antes de conocer su lugar de detención, el periodista estuvo desaparecido por meses. Su hermano y madre pudieron visitarlo en una ocasión, pero tras un traslado de prisión, su actual ubicación es desconocida, dijo Díaz.
“Nadie sabe dónde está y nunca le han abierto un juicio. O sea Rory nunca ha sido llevado a un tribunal, no se le acusa de nada”, dijo Díaz. “Dentro de las irregularidades que hay en Venezuela, eso también pasa: te niegan el debido proceso, el derecho a la defensa”.
