“Desde que leí la sentencia hace unos minutos no he parado de llorar".
Así fue como Claudia Julieta Duque, la periodista colombiana que durante cerca de 20 años vivió amenazas, tortura psicológica, exilios y persecución por investigar la participación de autoridades en el asesinato de un periodista, describió su sentir. La sentencia en cuestión es la que confirma la responsabilidad del Estado Colombiano en múltiples violaciones a sus derechos humanos y de su familia.
El Consejo de Estado, máximo tribunal de la administración pública en Colombia, el cual resuelve los conflictos entre las personas y las entidades estatales, condenó a la Nación Colombiana por la vigilancia ilegal, la tortura psicológica y la estrategia de terror montada en contra de Duque por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre los años 2001 y 2010, a raíz de la investigación de la periodista sobre el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón.
La sentencia establece que existen pruebas de la existencia de un plan de las autoridades para castigarla por su actividad periodística. (Foto: Canal de YouTube de Claudia Julieta Duque)
De acuerdo con la resolución del tribunal, fechada el 17 de junio de 2022 y dada a conocer el 6 de julio, quedó demostrado que Duque fue objeto de interceptaciones ilegales, seguimientos y tortura psicológica por lo cual fueron encontrados responsables disciplinaria y penalmente funcionarios del DAS.
“En el proceso, obran múltiples pruebas que dan cuenta de que en contra de la señora Claudia Julieta Duque Orrego se implementó un plan con el fin de castigarla por la actividad que estaba realizando, especialmente a través de las amenazas en contra de su hija”, se lee en el documento.
De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la vigilancia, la tortura y la estrategia de terror del DAS en contra de Duque buscaban que la periodista desistiera de su investigación sobre el homicidio de Garzón y se autocensurara para encubrir la responsabilidad del Estado en ese crimen.
En 2004, el exlíder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño fue condenado como autor intelectual del homicidio de Garzón. Fue el único condenado por el crimen hasta que en 2018, la Corte sentenció también al exsubdirector del DAS José Miguel Narváez.
La reciente decisión del Consejo de Estado representa el primer caso en la historia de Colombia en el que se reconoce la responsabilidad del Estado por perfilamiento (procedimiento por el cual las autoridades se comportan de modo diferente con un grupo específico de personas) a periodistas.
“Esta decisión es un paso trascendental en la búsqueda de justicia que por veinte años ha realizado la periodista [Julieta Duque]”, dijo la FLIP en un pronunciamiento el 7 de julio.
La resolución judicial se dio a raíz de una demanda que Duque presentó en 2012, en la que exigía una reparación del daño a la Fiscalía General de la Nación, a los Ministerios del Interior y de Justicia y al DAS. En marzo de 2020, en una primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que el Estado había sido responsable de las agresiones contra Duque, lo cual quedó confirmado el mes pasado por el Consejo de Estado.
Dicho tribunal acreditó la existencia de un grupo denominado G3, el cual tuvo acceso a equipos, vehículos, personal e infraestructura del DAS para obtener información sobre la periodista y su familia que sirviera para torturarla.
“Para la Sala es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de actuaciones, que se extendieron sobre aquellas personas a las que consideraban opositoras al gobierno nacional de la época y que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario [...]”, se lee en la sentencia. “Además, en muchas ocasiones resultaron víctimas personas ajenas al conflicto y que configuran conductas que en el ordenamiento internacional de los derechos humanos tienen la connotación de graves violaciones y de lesa humanidad”.
No obstante, el Consejo de Estado decidió no ejercer acción administrativa contra el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación en este caso, por la caducidad de las acusaciones. Asimismo, no se reconocieron las afectaciones en la salud de la hija de la periodista, luego que estas no pudieron ser acreditadas en los peritajes de Medicina Legal.
Duque dijo que espera que esas decisiones de la autoridad judicial sirvan para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice un control de compatibilidad de los estándares respecto a la caducidad de casos graves de violaciones a derechos humanos. La periodista dijo que su caso se encuentra actualmente en etapa de fondo en la CIDH, en la que se decide si existieron o no violaciones a los derechos humanos.
“Se trata de una victoria parcial, pero hasta ahora la más importante a nivel nacional en la lucha por verdad y justicia en mi caso”, dijo Duque en su comunicado.
A principios de 2022, la periodista renunció al esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección de Colombia (UNP), luego que la institución utilizó los recursos asignados para proteger a Duque, entre ellos el dispositivo de geolocalización instalado en su vehículo, para recolectar datos sensibles de la periodista, lo cual fue considerado por Duque como un incumplimiento del Estado colombiano a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
“Esto es una carta blanca para que me pase cualquier cosa y la UNP se lave las manos diciendo ‘mira, pero fue que ella renunció [al sistema de protección]’. Y esto no es una renuncia voluntaria, esto es una renuncia forzada ante una situación muy grave”, dijo Duque a LatAm Journalism Review (LJR) en marzo de este año.
“Yo siento que lo que pasó en estos últimos meses fue una burla de parte del Estado, una burla tenaz”, dijo entonces.
De acuerdo con la FLIP, organización que ha acompañado a Duque en todo el proceso judicial, el fallo emitido en junio es un precedente significativo que sienta las bases para futuros casos en los que se sospeche la responsabilidad del Estado en actos de perfilamiento a periodistas.
“Celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado, ya que no solo es un aliciente para Claudia Julieta, un reconocimiento a su valentía, esfuerzo y dedicación para superar la impunidad en su caso, sino también un mensaje sobre la contribución que desde la labor periodística se brinda en investigación de graves violaciones a los derechos humanos, y la necesidad de proteger a los y las periodistas que adelantan estas investigaciones”, dijo la organización.
Duque es corresponsal en Colombia de Radio Nizkor, el proyecto de socialización de documentos de audio sobre derechos humanos de la organización Nizkor Team. También es miembro honorario de la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda y de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Desde 2019, la One Free Press Coalition incluyó a Duque en su lista de las 10 periodistas más amenazadas del mundo.
“Hoy agradezco profundamente a quienes me han apoyado durante las últimas dos décadas, a los y las amigas de la infancia que fueron sometidos a espionaje por el solo hecho de ser mis amigos; a mis hermanos por estar siempre ahí y darme su apoyo en los peores momentos; a mi hija por ser el más incondicional de todos los soportes y el más fuerte de todos los pilares; y a mis padres, y en particular a mi madre, que murió hace año y medio y dio pudo ver llegar a la justicia; y a las múltiples personas y organizaciones que salvaron mi vida con su solidaridad, afecto, respaldo y acompañamiento”, escribió Duque.
