Entre 2019 y 2022, los profesionales de la prensa en Brasil fueron objeto de ataques e insultos provenientes directamente de la Presidencia, entonces ocupada por Jair Bolsonaro. La creación del Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas, en enero de 2023, fue recibida como una señal de que el nuevo gobierno, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, pretendía entrar en una nueva fase en su relación con los periodistas.
Un año después, las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la entidad celebran la "buena voluntad” del gobierno, pero consideran que la falta de personal y la insuficiente priorización del tema son obstáculos para que el Observatorio sea eficaz.
La transición en curso en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, donde tiene su sede el Observatorio, también preocupa a las organizaciones. Flávio Dino, ministro de Justicia que creó el Observatorio, fue nombrado miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) por Lula, y en su lugar asumirá el cargo el 1 de febrero el exmagistrado del STF Ricardo Lewandowski.
LatAm Journalism Review (LJR) habló con representantes de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) y Reporteros sin Fronteras (RSF). Las tres organizaciones forman parte del consejo del Observatorio, formado por 33 entidades de la sociedad civil y del Estado; fueron nombradas en diciembre. Abraji, Fenaj y RSF también han participado en la construcción del Observatorio desde que fue anunciado por Dino el 17 de enero del año pasado.
Lázara Carvalho, secretaria ejecutiva del Observatorio, junto a Augusto Botelho, secretario nacional de Justicia. (Foto: Isaac Amorim/MJSP)
"Nuestra evaluación del primer año [del Observatorio] es que todavía tiene un largo camino por recorrer para que funcione efectivamente como las organizaciones exigen de un proyecto de esta naturaleza, dentro del Estado brasileño”, dijo a LJR Samira de Castro, presidenta de Fenaj.
Destacó que la expectativa de las organizaciones es que el Observatorio "avance mucho más desde el punto de vista de tener un diagnóstico de la situación, para que pueda orientar la acción pública y generar políticas públicas capaces de mitigar el riesgo y la violencia contra periodistas en el ejercicio de su profesión”. Hasta ahora, según ella, esto aún no se ha logrado.
Bia Barbosa, coordinadora de incidencia de RSF, dijo a LJR que "el ritmo del poder público es diferente” al ritmo de la sociedad civil. Dijo que hubo avances importantes en este primer año, incluyendo el propio establecimiento de este espacio de diálogo entre las organizaciones y el gobierno.
"Es natural que en el primer año dediquemos mucho tiempo a reuniones y contactos. La gente del Estado brasileño se está apropiando de este asunto. [El Secretario Nacional de Justicia, Augusto] Botelho dijo varias veces: 'Estoy aprendiendo todos los días con ustedes aquí'. Es bueno que tenga esta apertura para aprender y escuchar a las organizaciones, pero creo que ese era el momento de aprender. Ahora tenemos que pasar a un momento de estructuración de la política”, afirmó Barbosa.
Augusto Botelho, Secretario Nacional de Justicia y autoridad responsable del Observatorio dentro del Ministerio, es uno de los miembros del actual equipo al que Lewandowski pretende sustituir, informó Folha de S.Paulo. LJR se puso en contacto con la oficina de Lewandowski para preguntar cuáles son los planes del nuevo ministro para el Observatorio, pero no recibió respuesta.
"Gran parte de nuestro trabajo ahora a principios de año será presionar para que el Observatorio no se debilite con la marcha de Dino”, dijo a LJR Kátia Brembatti, presidenta de Abraji. "Y para que el segundo año sea más eficaz que el primero, que fue de construcción, pero ahora necesitamos cosas más prácticas”.
Samira de Castro, presidenta de Fenaj, durante una reunión del Observatorio el 31 de octubre de 2023. (Foto: Isaac Amorim/MJSP)
La secretaria ejecutiva del Observatorio, Lazara Cristina do Nascimento de Carvalho, destacó que el órgano, creado por ordenanza publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2023, forma parte de la estructura del Ministerio de Justicia.
"Cualquiera que sea el ministro o secretario [de Justicia nacional] que venga, tendrá que mantener esta estructura del Observatorio, que ideamos con las entidades y el consejo del Observatorio”, dijo a LJR.
Según Carvalho, la construcción conjunta del órgano entre el gobierno y las organizaciones que forman parte del consejo es una forma de "rodear al Observatorio de un seguimiento y desarrollo que se realiza de fuera hacia dentro”.
"Para que sea una política permanente y para que, independientemente de quién sea el ministro, comprenda la importancia de esto y entienda que sólo necesita mantener y mejorar la estructura existente”, afirmó ella.
El Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas y Comunicadores Sociales fue creado a raíz de los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, cuando partidarios de Bolsonaro invadieron y vandalizaron el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal y agredieron al menos a 12 periodistas. La virulencia de los ataques a los profesionales llevó al gobierno recién investido a reunirse con representantes de organizaciones de defensa de periodistas al día siguiente de los ataques.
En conversaciones que continuaron la semana siguiente, las organizaciones presentaron demandas para frenar la violencia contra periodistas, entre ellas la creación del Observatorio. Dino anunció la creación del organismo el 17 de enero en Twitter. A partir de entonces, comenzó la construcción del Observatorio, en el ámbito de la Secretaría Nacional de Justicia, junto con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fenaj, Abraji y RSF.
Las responsabilidades del Observatorio, según la ordenanza que lo creó, son "monitorear los casos relacionados con conductas violentas contra periodistas y comunicadores sociales”, "apoyar las investigaciones” de esos casos, "crear y mantener una base de datos con indicadores sobre actos de violencia” contra esos profesionales y "sugerir la adopción de políticas públicas destinadas a garantizar el pleno ejercicio de las funciones de periodistas y comunicadores sociales, en coordinación con otras áreas competentes”.
Katia Brembatti, presidenta de Abraji. (Foto: Archivo personal)
En ese primer año, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de organismos estatales y gubernamentales se reunieron cada dos meses para estructurar y orientar las acciones del Observatorio. En esas reuniones se establecieron cinco grupos de trabajo, con los temas de Raza y Diversidad, Violencia de Género, Acoso Judicial, Ataques Digitales y Protocolo de Protección, y Vías Procesales y Protocolos Legales. Según un comunicado del gobierno, los grupos de trabajo son "responsables de unificar datos e indicar formas de superar los problemas relacionados con los ataques a estos profesionales a nivel nacional”.
"Que el Estado brasileño examine oficialmente por primera vez el problema de la violencia contra periodistas y comunicadores fue positivo, sobre todo porque llegamos tras el 8 de enero del año pasado. Fue una reacción importante”, afirmó Castro. "A pesar de eso, por ejemplo, no tenemos ninguna investigación que indique si los agresores de los periodistas el 8 de enero [de 2023] fueron responsabilizados y qué resultó de esas investigaciones”.
Otro ejemplo de lentitud en el trabajo del Observatorio, según ella, es el canal de denuncias, abierto para que los periodistas puedan reportar directamente a la entidad las agresiones que enfrentan en el ejercicio de su profesión. "El canal de denuncias propiamente dicho, que fue una de las primeras cosas que se crearon, no se puso en marcha hasta finales de octubre", dijo Castro.
Carvalho afirmó que la creación del canal es la acción más importante del Observatorio en su primer año. Según ella, el canal se desarrolló con la ayuda de entidades periodísticas y "tardó un poco" en ponerse en marcha debido al cuidado que se puso en la elaboración del protocolo de tratamiento de las denuncias.
"Tuvimos que pensar exactamente el camino que va a seguir la denuncia y cómo desde el Observatorio vamos a poder seguirlo, para que [la denuncia] no se pierda (...). A veces, en una comisaría, [hacer una denuncia] es tan burocrático y difícil que el periodista o el comunicador acaban dejándolo pasar. Por eso tardamos un poco más en ponerlo en marcha [el canal], porque queríamos tener una base que funcionara de verdad", explicó.
Las organizaciones consultadas por LJR dijeron desconocer hasta ahora cuál es ese protocolo de gestión de las denuncias. Carvalho dijo que las denuncias se remiten a los "órganos competentes de la Seguridad Pública" y que el Ministerio de Justicia sigue los casos "de principio a fin".
Tanto Carvalho como las organizaciones dijeron que el protocolo sería validado por el consejo del Observatorio en la próxima reunión del órgano, que aún no tenía fecha en el momento de redactar este reportaje.
Según el Ministerio de Justicia, entre el 31 de octubre de 2023, cuando se puso en marcha el canal de denuncias, y el 22 de enero de 2024, el Observatorio recibió 158 denuncias por este método, de las cuales 30 eran "denuncias de prueba".Las 128 quejas restantes se dividieron en las categorías "violencia de género contra las mujeres periodistas" (72), "persecución" (23), "acoso judicial" (12), "violencia física" (10), "amenaza" (8) , "homofobia" (3).
Barbosa, de RSF, afirmó que un “gran problema" del Observatorio es la falta de personal dedicado a la entidad. Carvalho, que también es jefe de gabinete del Secretario Nacional de Justicia, fue la única persona del Ministerio dedicada al Observatorio en los primeros seis meses, según Barbosa. Después de eso, dijo que el Ministerio supuestamente asignó a una persona para ayudar al secretario ejecutivo del organismo. LJR preguntó al Ministerio cuántas personas trabajan en el Observatorio, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
Bia Barbosa de Reporteros sin Fronteras. (Foto: Archivo personal)
“Creo que hay un compromiso institucional muy fuerte con el Observatorio por parte del Ministerio de Justicia. Pero tienen que apagar 20 fuegos al día, así que apagan el fuego que primero se produce. En este sentido, todavía tenemos dificultades para poner las cosas en marcha allí, porque la gente tiene que centrarse en varios otros temas debido al hecho de que no tenemos un equipo dedicado [al Observatorio]", dijo Barbosa.
“Un desafío claro" para el Observatorio en 2024, según ella, es la estructuración de un equipo técnico que pueda no sólo procesar las denuncias de violencia contra periodistas, sino también hacer que la organización sea más conocida entre los profesionales.
“Ahí hay un gran desafío, que es que [el Observatorio] tenga un órgano estructural, un equipo, que funcione y que esas denuncias que llegan sean tratadas y generen credibilidad para la política [pública]. Si los periodistas no confían en la política, no la buscarán. Seguirán haciendo lo que siempre han hecho, que es crear su red de protección y salir adelante, y no buscar ayuda en el Estado", afirmó Barbosa.
Las organizaciones exigen también una campaña de sensibilización sobre la importancia del trabajo periodístico en la sociedad y con los agentes de seguridad.
"No somos enemigos y eso tiene que quedar muy claro para la población", ha declarado Brembatti, de Abraji. "Esto sólo quedará claro si se actúa sobre los principales agresores, que son los agentes de seguridad de los Estados y las turbas que ven a la prensa como el enemigo. Por eso hacen falta políticas públicas y campañas [de sensibilización] adecuadas, con un lenguaje apropiado, y hay que acabar con la impunidad [en las agresiones a periodistas]", ha declarado.
Carvalho dijo a LJR que el Observatorio es “todavía una iniciativa muy reciente” y destacó que el organismo “se ha construido junto con personas que trabajan sobre el terreno para comprender las necesidades de los propios periodistas y comunicadores”.
“La conclusión a la que llegamos [en el Ministerio de Justicia] es que no tenía sentido construir algo que fuera vertical. Decidimos construirlo horizontalmente, que es mucho trabajo, lleva un poco más de tiempo, pero también nos hace conscientes de que es algo sólido y que está siendo seguido de cerca por entidades que trabajan en la libertad de prensa y la protección de periodistas y comunicadores. Pueden ser esta escala, y si nos estamos desviando del camino, o [tenemos] alguna idea que no va a lograr su propósito, [las organizaciones] pueden darnos esta retroalimentación y decirnos 'mira, este no es el camino a seguir'”, dijo la secretaria ejecutiva.
Para ella, una de las áreas de mejora más urgentes es la comunicación con periodistas y comunicadores “ajenos al Observatorio”.
“Creo que este es el punto clave: que la gente entienda qué es [el Observatorio], para qué sirve, cómo funciona, y tenga confianza en buscarnos. Muchos periodistas y comunicadores son perseguidos y sufren la violencia de las autoridades. Por eso es muy difícil decirle a la gente que confíe y venga con el corazón abierto a una estructura creada dentro del Poder Ejecutivo o de cualquier otro Poder. Sabemos que hay una dificultad para confiar, y es totalmente comprensible”, dijo Carvalho.
Una de las iniciativas previstas en este sentido es la celebración de conferencias regionales, que reúnan a representantes del gobierno y de las organizaciones presentes en el Observatorio y a periodistas y comunicadores de las cinco regiones del país. La idea es conversar con estos profesionales en el territorio donde trabajan, conocer los problemas a los que se enfrentan, divulgar las actividades del Observatorio y desarrollar políticas destinadas a garantizar el ejercicio del periodismo en estas zonas. El objetivo, según Carvalho, es celebrar estas cinco conferencias en 2024.
