Por Luis Angel Sas*
Este es el tercer artículo de una serie sobre mecanismos de protección para periodistas en América Latina.**
(Ilustración: Pablo Pérez - Altais)
El 8 de marzo de 2022, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, presentó un informe sobre Guatemala que alertaba un clima de agresiones y hostilidad contra periodistas.
El informe daba cuenta de al menos 116 denuncias por restricciones a la libertad de expresión documentadas por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) de enero a octubre de 2021 y señalaba la necesidad de fortalecer la protección de periodistas.
Paradójicamente, hace exactamente una década, en el mismo foro, Guatemala se había comprometido a crear un plan para proteger a trabajadores de la prensa ante los crecientes ataques.
Eso ocurrió en 2012 y a la fecha el plan no se ha concretado.
El mecanismo de protección fue propuesto a raíz de agresiones contra periodistas en los años previos a 2012. Entre 2002 y 2010 se registraron 489 denuncias por parte de periodistas y se reportaron cuatro asesinatos de trabajadores de la prensa.
Pero al mismo tiempo, Guatemala arrastraba una historia de violencia contra periodistas, legado de la guerra civil que duró de 1960 a 1996 y que dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos. Los periodistas y comunicadores no escaparon a esa violencia y según datos de la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), por lo menos 342 periodistas fueron asesinados y 126 aún se encuentran desaparecidos.
Los ataques contra periodistas continuaron incluso después de los acuerdos de paz. Uno de los casos más destacados fue el asesinado de Rolando Santiz, reportero estelar del noticiero “Telecentro Trece”, el 1 de abril de 2009. Santiz fue acribillado por dos hombres que le dispararon en más de 25 ocasiones en el centro de la ciudad de Guatemala. En el ataque también resultó herido de gravedad el camarógrafo Juan Antonio De León.
En 2011 otro asesinato confirmó el deterioro de las condiciones de seguridad para los periodistas. El 19 de mayo fue asesinado Yensi Roberto Ordoñez Galdamez en el departamento de Escuintla, a 148 kilómetros al sur de la capital de Guatemala. Ordoñez tenía un programa en la televisión local y había dicho a su familia que había recibido una amenaza de muerte. Salió un miércoles de su casa. Al siguiente día fue encontrado dentro de su vehículo con heridas de arma blanca en el cuello y pecho.
La primera reacción de las autoridades al clima de agresiones contra periodistas fue por el tema de la persecución de los delitos y en 2011 la Fiscal General Claudia Paz y Paz ordenó la creación de una unidad específica contra delitos a periodistas adscrita a la fiscalía de Derechos Humanos.
Sin embargo, después se hizo evidente que el problema debía ser atacado desde la prevención, buscando que los ataques no ocurrieran.
El gobierno se compromete
En octubre de 2012, el Gobierno de Guatemala se comprometió a elaborar un Programa de Protección a Periodistas para prevenir y evitar abusos contra la prensa en el país. Era el primer año del Gobierno del general en retiro, Otto Pérez Molina.
Había un clima favorable. Pérez Molina, quien había sido protagonista en el golpe militar que desató una guerra civil en la década de los 80 y luego fue líder del partido de oposición, había construido una imagen conciliadora y era afable con la prensa. Su vicepresidenta, Roxana Baldetti, también era cercana a periodistas, lejana su imagen de 1993 cuando trabajaba en la Secretaría de Comunicación del gobierno de Jorge Serrano Elías e intentó censurar a medios de comunicación.
En 2012, a diez meses de iniciado el gobierno de Pérez Molina, el país fue evaluado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y tomó el compromiso de crear un programa de protección de periodistas.
Un año después, el 28 de noviembre de 2013 Pérez Molina y Baldetti firmaron el acuerdo para iniciar el proceso de creación.
Casi una década después, los periodistas guatemaltecos no tienen todavía un mecanismo de protección. Los gobiernos sucesores de Pérez Molina han incumplido la promesa. La causa es un creciente clima de desconfianza entre autoridades y periodistas.
Los inicios
La desconfianza se dio desde el inicio. Luego de firmar el acuerdo para establecer el mecanismo de protección, la responsabilidad de diseñarlo y ponerlo en práctica recayó en Francisco Cuevas, secretario de Comunicación del gobierno de Pérez Molina.
Cuevas debía coordinar a otras organizaciones que participarían en el proceso, como el Ministerio de Gobernación, encargado de la Policía; la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio Público (MP) con la fiscalía de delitos contra periodistas cuya creación se ordenó en 2011.
Entre las primeras decisiones fue crear una mesa de alto nivel conformada por un representante de cada institución con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO. También se formaría una mesa técnica para avanzar en el análisis de la propuesta.
Las primeras reuniones se llevaron a cabo en enero de 2014. Algunas de las personas que participaron en las reuniones indicaron que bajo el mando de Cuevas no avanzó la creación del plan. Incluso había quienes creían que no tenía ningún interés en que avanzara.
A pesar de ser él mismo periodista, corresponsal de la televisora mexicana Televisa en Centroamérica durante más de 15 años, Cuevas no contaba con la confianza de sus colegas. En 2014, un reporte del Comité para la Protección de los Periodistas señalaba que periodistas guatemaltecos apuntaron a desconfianza específica con Cuevas, no con todo el aparato de gobierno de Guatemala.
A finales de 2014, Cuevas fue retirado de su cargo y nombrado como Cónsul de Guatemala en Los Ángeles. A su lugar llegó Karla Herrera, también periodista que estaba a cargo de la comunicación en el Ministerio de Gobernación.
Fue a partir de este cambio que la elaboración del plan de protección comenzó a avanzar. Sin embargo, al paso de los meses saldrían a la luz los errores que sepultaron la iniciativa.
(Ilustración: Pablo Pérez - Altais)
El avance
En un principio, el impulso para avanzar en un mecanismo de protección fue intenso. Entre 2014 y 2015 se realizaron casi 90 reuniones para discutir el modelo que mejor se adaptara el país. Los funcionarios se basaron en los programas de México y Colombia para arrancar y darle forma.
Pero las reuniones para crear el plan de protección a periodistas tuvieron un sector ausente: los propios periodistas. Herrera, quien se había involucrado en la iniciativa desde que era parte del equipo de comunicación del Ministerio de Gobernación, dijo que las primeras reuniones fueron para crear el marco conceptual y organizacional.
“Acá se discutía el marco legal para su creación, los recursos financieros, humanos y tecnológicos”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR).
Sin embargo, admitió que fue un error no haber socializado con los periodistas un plan que fue creado para protegerlos, porque faltó el aporte de trabajadores de la prensa en temas cruciales.
“Sí cometimos ese error. No lo llevamos más a tierra. No se socializó con periodistas que estaban en primera línea. Los que podemos decir ‘de calle’. Quienes todos los días salen en búsqueda de información”, dijo Herrera.
Según Herrera, los periodistas quedaron fuera de responder preguntas clave como quién debía ser considerado periodista, quiénes eran sujetos de protección o en qué autoridades confiaban los trabajadores de la prensa.
Para crear el plan de protección a periodistas, el gobierno contrató a Margarita Castillo, exdirectora del Sistema Penitenciario (la agencia encargada de las cárceles del país), quien fue la consultora encargada de idear el plan.
Castillo también admite que la iniciativa debió involucrar a los periodistas pero atribuye ese error a la falta de presupuesto. Dijo que se realizaron reuniones intentando convocar a más personas, pero que el presupuesto para hacer mesas de trabajo era limitado.
“Fue una debilidad, pero no había suficientes recursos”, dijo a LJR.
Pero según Castillo, el problema también venía del otro lado, de los mismos periodistas que no querían participar. “Los periodistas no confiaban en el gobierno. Así que prefería no formar parte”, dijo.
Falta de organización
Uno de los problemas que existe en Guatemala es que los periodistas no están organizados en una institución, explicó el periodista Marvin Del Cid, quien debió salir del país en 2021 después de que fue denunciado penalmente, acosado en redes y fue víctima de seguimientos al realizar publicaciones sobre el presidente del país, Alejandro Giammattei.
“Nos enteramos de que estaban haciendo un plan de protección, pero jamás se nos tomó en cuenta. No sabíamos mucho de la iniciativa”, explicó a LJR.
El plan fue presentado a varias organizaciones que dicen representar a periodistas, aunque sus membresías son muy diferentes.
La Asociación de Periodistas de Guatemala representa a reporteros y editores, aunque no de todos los medios del país. La Cámara Guatemalteca de Periodismo es un grupo de empresarios, abogados y publicistas, pero no de los periodistas que trabajan para ellos.
Las propuestas del plan fueron presentadas a ambos grupos pero éstas y otras organizaciones las rechazaron, sobre la base de que el gobierno buscaría regular a los medios.
En una reunión en marzo de 2022 luego de varios ataques contra la prensa, el portal Plaza Pública preguntó a más de 70 periodistas en activo si conocían las propuestas para un plan de protección. Sólo uno dijo que sí.
Crisis política
El avance del plan se vio afectado por factores ajenos a los periodistas. El primero por la captura en septiembre de 2015 del expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de actos de corrupción. Esto frenó temporalmente las mesas de trabajo.
El segundo porque el sucesor de Pérez Molina en la presidencia, Jimmy Morales, nunca aprobó el acuerdo para continuar el plan. Después de que Morales juró como presidente, el productor de televisión, Alfredo Brito, fue nombrado Secretario de Comunicación y debió continuar con la creación del plan.
Margarita Castillo, que estaba a cargo de este proceso, dijo que el nuevo gobierno debió crear un acuerdo para continuar con el plan. En 2018, un borrador fue enviado a integrantes de la mesa técnica pero no fue aprobado por el Presidente.
Desde entonces el plan está en suspenso. Se consultó a Brito para saber por qué no había avanzado el plan. Solicitó que se enviaran las preguntas por escrito, pero no dio respuesta.
Desde ese año, el plan está paralizado. Del Cid opina que si el proyecto se hubiera consultado con periodistas, estos habrían hecho presión para que avanzara, pero como lo ven ajeno nadie ha cuestionado por qué está detenido.
Vista de Ciudad de Guatemala.
Doble crimen
El 10 de marzo de 2015 mientras un grupo de periodistas conversaba entre sí en el parque de la ciudad de Mazatenango, a 160 kilómetros al sur de la capital de Guatemala, dos sicarios dispararon contra los comunicadores. En el acto fallecieron los periodistas Danilo López del periódico nacional Prensa Libre y Federico Salazar de la radio Nuevo Mundo.
Este hecho causó la unión de los periodistas del país que salieron a protestar demandando justicia por López y Salazar, además de la protección. En 2016 la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y el MP presentaron avances en el crimen de los comunicadores. El entonces recién electo diputado Julio Juárez fue arrestado y acusado de pagar US $3.200 a los asesinos. Autoridades afirman que Juárez trabajó en concierto con políticos locales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El pasado 18 de marzo se reactivó el juicio contra Juárez por la muerte de los dos periodistas. Por lo menos un agente de la PNC que participó en el crimen se convirtió en colaborador eficaz y testificó cómo vigiló a los periodistas antes que fueran asesinados.
Aunque esto llenó de esperanza a los periodistas también demostró cómo es el mismo Estado quien atenta contra ellos y su trabajo. De 2011 a 2020 se registraron 820 denuncias de parte de periodistas, según un informe de Artículo19. El 57% fue por amenazas, el 23% por coacción y el 11% por hurto. Entre estos datos hay uno que preocupa a los comunicadores. Hay 46 denuncias de abuso de autoridades. La mayoría cometidas por agentes de seguridad del Estado, quienes son los encargados de dar seguridad a los comunicadores.
El plan de protección de periodistas está detenido. Ni el gobierno está preocupado porque progrese ni los periodistas creen en él. Investigaciones periodísticas han demostrado cómo asesores del gobierno del presidente Alejandro Giammattei crearon cuentas en redes sociales para desprestigiar a periodistas. Lo mismo ocurrió presuntamente con personal del Congreso de Guatemala que utilizaban a su personal para atacar a periodistas cuando publican algo que los incomodaba.
El único avance real en los últimos años fue la creación de una fiscalía de delitos contra periodistas inaugurada el 10 de diciembre de 2019, pero esto es para la persecución de delitos. El plan para prevenir no tiene ningún avance.
Del Cid no tiene esperanza que un mecanismo de protección a periodistas avance.
“Ellos (el Gobierno) no tienen interés y nosotros no confiamos. Así que no se ve futuro a que algo camine al menos en este gobierno”, dijo.
*Luis Ángel Sas es periodista del portal Plaza Pública en Guatemala.
**Este es el noveno artículo de un proyecto sobre seguridad de periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review es financiado por el Fondo Mundial de Defensa de los Medios de la UNESCO.
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