Por Travais Knoll
Uruguay es el más reciente país latinoamericano en proponer una ley integral de medios para actualizar al siglo 21 las normas y reglamentos que supervisan las comunicaciones del país. En mayo, el presidente José Alberto Mujica envió el proyecto de ley a la legislatura uruguaya. Se espera que el Senado vote sobre el mismo antes de finales de año.
El proyecto de ley, que ha recibido los elogios de varias organizaciones periodísticas y que velan por la libertad de expresión, no es tan controversial como el recientemente aprobado en Ecuador ni tan polémico como el que se encuentra actualmente en manos de la Corte Suprema de Argentina.
Sin embargo, no está exento de críticas. A pesar de haber sido elogiado por su intención de establecer límites a la concentración de medios, garantizando así la existencia de espacios de contenido independiente, los críticos dicen que algunas de sus disposiciones son muy amplias y ambiguas.
Las cuotas nacionales de producción de la ley y sus medidas anti-concentración son sus características más destacadas. La ley obliga a que un 60% de todo el contenido audiovisual emitido sea producción nacional o, en su defecto, coproducido, que el 30% del contenido sea emitido por productores independientes, y que 40 % de ese contenido independiente no provenga de la misma fuente, según El Universo de Ecuador. La ley también exigiría que los programas contengan, en parte de sus transmisiones, subtítulos o una interpretación en lenguaje de señas.
De acuerdo con los creadores del proyecto, la ley también pretendería "apoyar objetivos de educación general", incluyendo temas como las artes, ciencias, historia y cultura que promuevan la "integración de grupos socialmente vulnerables”. Los que apoyan la ley también sostienen que esta "facilitaría el debate democrático al garantizar una variedad de información y opiniones que estimulen la producción nacional de contenido artístico, profesional y cultural".
El diario uruguayo El Espectador informó a principios de este mes que Frank La Rue, Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión de la ONU, expresó su apoyo a la ley a pesar de solicitar que sea el poder legislativo - no el ejecutivo – el responsable de nombrar a la mayoría de los miembros de la nueva agencia de regulación que la ley propone crear.
Grupos que defienden la libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras e IFEX, ven con optimismo la propuesta ley de medios. IFEX reconoce similitudes en la estructura de la ley en comparación con la de otros países de la región en cuanto a regular la concentración de los medios, pero cree que la aplicación de la ley será menos controversial en Uruguay debido a la falta de antagonismo entre medios y gobierno, como es el caso, en ese sentido, de países más polarizados como Ecuador y Argentina.
Sin embargo, ha habido cierta tensión entre algunos medios de comunicación y el gobierno principalmente a raíz de las preguntas que acompañan su aplicación. Las generales categorías y ambigüedades de la ley también han sido criticadas por algunos comentaristas como Hebert Gatto del diario El País, que cuestionó a las organizaciones y los funcionarios internacionales que la apoyan, como el Relator de la ONU La Rue, quien, en su opinión, pasan por alto el lenguaje "estatista" de la ley y su contexto local. Gatto continúa criticando la vaguedad de las aspiraciones de la ley preguntando "¿¿qué es el desarrollo nacional?, ¿cuál es su alcance y quién lo determina? ¿En qué medida los contenidos radiales y televisivos deberán adecuarse a ese objetivo indefinido y vago?".
Claudio Paolillo, jefe de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y editor del periódico uruguayo Búsqueda, calificó la medida de "confusa y contradictoria”. Por una parte, Paolillo aplaudió los principios de "pluralidad y no discriminación" que pretende la ley de medios, y dijo creer que ofrece más garantías que las de los países vecinos. Sin embargo, dijo no estar seguro de si el Consejo, nombrado principalmente por el gobierno, deba ser el principal intérprete de la ley.
La organización Reporteros sin Fronteras ve que la ley extralimita los intereses de los medios de comunicación, más que los del gobierno. En un comunicado de julio, la organización dijo que "la defensa de una emisión, o de los intereses comerciales de un periódico, no debe ser confundida con la lucha por la libertad de expresión o información. Es lamentable que los que se oponen al proyecto de ley estén confundiendo ambas".
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
