Por Franz Chávez y Leny Alcoreza*
Este es el segundo artículo de una serie sobre mecanismos de protección para periodistas en América Latina.**
La Paz, Bolivia — Seis periodistas que cubrían incidentes relacionados con la toma de tierras agrícolas en la provincia de Guarayos, Bolivia, fueron secuestrados el 28 de octubre de 2021.
(Illustration: Pablo Pérez - Altais)
Un grupo de hombres encapuchados con armas largas sometió a los periodistas, cinco hombres y una mujer entre los 30 y los 50 años y los retuvo durante siete horas en el ataque contra periodistas más violento en la memoria reciente de Bolivia.
La noticia del secuestro capturó la atención primero de las redes sociales y luego de los medios de comunicación y de organizaciones de periodistas, que transmitieron mensajes de denuncia y protesta, que escaló hasta la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y llamados para establecer en Bolivia un mecanismo de protección de periodistas.
Los periodistas bolivianos no han sido ajenos a intentos de censura o intimidación y los dos años previos al secuestro de los seis periodistas vieron una escalada de ataques, particularmente a raíz de la crisis política que provocó la caída del gobierno de Evo Morales en octubre de 2019.
Tan solo en 2021, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) de Bolivia, que cuenta con una unidad de monitoreo de agresiones, documentó 38 ataques verbales y físicos contra periodistas.
Pero el secuestro de seis personas fue un hecho sin precedentes, que reveló el deterioro de las condiciones de seguridad para los periodistas bolivianos.
De modo que, al igual que otros países en la región, ya se realizan discusiones para establecer un mecanismo de protección para periodistas que limitaría la violencia contra profesionales de la prensa. Por ahora los proyectos son confidenciales pero la violencia contra periodistas que los pusieron en marcha están a la vista.
El secuestro
La portada del diario El Deber de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra muestra en imagen plena a los periodistas y un policía secuestrados por avasalladores de tierras en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, el 28 de octubre de 2021.
Por invitación de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), una organización de empresarios agroindustriales, un grupo de periodistas viajó a la zona de Guarayos, en la zona central de Bolivia para verificar la ocupación de tierras promovida por sectores afines al partido en el gobierno.
La región ya había registrado incidentes violentos relacionados con este conflicto de tierras. Por ejemplo, un día antes de la visita de los periodistas, un grupo que portaba armas de fuego invadió la propiedad denominada Las Londras y como resultado de la acción cuatro trabajadores agrícolas resultaron heridos.
Por lo mismo, la visita de los periodistas fue acompañada de un cerco de seguridad compuesto de jefes y agentes de policía, así como trabajadores agrícolas de la zona. A unos 800 metros del terreno ocupado, los policías dialogaban con representantes de los ocupantes explicando el motivo de la visita, pero fueron emboscados por encapuchados armados, según el relato del camarógrafo de la red de televisión Roger Ticona.
Los visitantes se hallaban en buses de pasajeros y los asaltantes obligaron a todos a descender.
“Nos bajaron de los microbuses. Yo estaba en el último vehículo y cuando vi lo que pasaba, salí corriendo al monte junto al conductor de la camioneta en la que me transportaba”, describió Ticona a LatAm Journalism Review (LJR). Él logró ser evacuado de la región en una avioneta proporcionada por los agricultores.
Seis compañeros no corrieron con la misma suerte y fueron retenidos por el grupo armado: el fotógrafo Jorge Gutiérrez del periódico El Deber; la reportera Silvia Gómez y el camarógrafo Sergio Martínez, de la red de televisión privada Unitel; el reportero Mauricio Egüez y el camarógrafo Nicolás García, de la red de televisión Uno; y el camarógrafo de la red ATB, Percy Suárez.
Después de su liberación, Silvia Gómez relató al periódico El Día: “Estuvimos siete horas como rehenes. Tenían armas largas que usaron para disparar contra nuestras cámaras y los vehículos que nos transportaron”.
“Nos golpearon con palos y recibimos patadas. Luego nos llevaron a un galpón donde había cerca de 80 encapuchados que nos siguieron golpeando; amenazaron con quemarnos con gasolina; nos preguntaban quién nos mandó y cuánto nos pagaron”.
El camarógrafo de la red de televisión ATB, Percy Suárez, muestra el impacto de bala en su cámara de video que quedó inutilizada.
(Crédito: Guider Arancibia – El Deber)
Percy Suárez, camarógrafo de la red privada de televisión ATB, narró a LJR cómo fue obligado a tenderse de bruces sobre el piso de tierra, y uno de los atacantes destruyó la cámara de video con un disparo preciso de escopeta.
Pero a pesar del daño en el equipo, Suárez consiguió rescatar la memoria digital donde quedaron registradas las escenas del asalto. La imagen difundida al día siguiente por diferentes medios quedó como testimonio irrefutable de la violencia.
La noticia del secuestro se conoció inmediatamente gracias a que Roger Ticona había logrado escapar. Periodistas y ciudadanos se unieron en un reclamo al gobierno para que interviniera de forma inmediata, y ese clamor fue probablemente la causa por la que los periodistas fueran liberados apenas siete horas después.
La indignación
La indignación por el secuestro entre los periodistas bolivianos detonó una protesta que llamó la atención de la Organización de las Naciones Unidas, luego de que la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, el departamento donde ocurrió el secuestro, exigió a la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos una investigación.
El secuestro también provocó el lanzamiento de una iniciativa para crear un mecanismo de protección de periodistas, ante la gravedad de la agresión, que no se había visto en el pasado reciente.
Dado que Bolivia había vivido una crisis política dos años antes, el país se encontraba bajo los reflectores de organismos internacionales y en noviembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conformó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar actos de violencia alrededor de las elecciones de ese año.
Un encapuchado apunta a la cámara de la red privada ATB durante el secuestro de periodistas, el pasado 28 de octubre de 2021, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. (Crédito: Red ATB)
Debido a que esa violencia había tocado a los periodistas, el GIEI ya había recomendado la creación de una entidad no estatal “para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.
La recomendación surgió tras una investigación de ocho meses realizada por el GIEI sobre hechos de violencia registrados, antes, durante y después de las elecciones generales de octubre de 2019 que fueron anuladas por denuncias de fraude y terminaron con la renuncia del presidente Evo Morales (2006-2019).
La Unidad de Monitoreo de la ANP registró entre octubre y noviembre de 2019, un total de 89 agresiones contra periodistas y 16 medios de información que cubrieron los conflictos en capitales departamentales y poblaciones rurales.
Desde noviembre de 2019, después de las elecciones y antes de que el GIEI comenzara su trabajo, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos envió a Bolivia una misión técnica para recabar información sobre violaciones a derechos humanos y llegó a la misma conclusión que sus contrapartes de la CIDH.
Un informe de esta misión emitido en 2020 recomendó “promover un ambiente seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y otros actores sociales, incluyendo la condena sistemática y pública de todo acto de intimidación en su contra y el establecimiento de un mecanismo de protección dotado de recursos suficientes que garantice la seguridad de aquellas personas que se encuentran en riesgo”.
Este informe dio inicio a un proceso de consulta de la Misión Técnica con periodistas, organizaciones de prensa y sindicatos, para recoger opiniones sobre los riesgos que enfrentan los periodistas y los tipos de protección que requieren durante la cobertura de conflictos.
Es un proceso que aún está en curso, por lo que sus conclusiones no se han dado a conocer, y todavía no se conoce qué forma tomaría este mecanismo o si estaría modelado en experiencias de otros países.
En este proceso participaron periodistas agredidos en los últimos años, representantes de sindicatos de trabajadores de los medios, dirigentes de asociaciones de periodistas, académicos especializados en libertad de expresión y líderes de organizaciones no gubernamentales dedicados a este tema.
Para periodistas bolivianos es un avance para frenar la ola de ataques de los últimos años, pues la mayoría han quedado en la impunidad.
Antes del secuestro
El secuestro de los periodistas en Guarayos no fue la única agresión de 2021. Durante el año, la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de Prensa (ANP) reportó un total de 38 agresiones verbales y físicas a reporteros y camarógrafos, y ningún caso fue investigado por la Fiscalía, según datos de la ANP.
Varias de estas agresiones fueron a manos de fuerzas de seguridad durante coberturas.
De ellos otro caso preocupante es la agresión violenta de policías antimotines y la posterior detención del periodista del diario Página Siete, Carlos Quisbert, en medio de protestas protagonizadas por agricultores de hojas de coca de la región de los Yungas.
El martes 21 de septiembre, Quisbert cubría los enfrentamientos entre agricultores y policías. Mientras registraba imágenes para sus reportes, un policía lo atropelló con su motocicleta y ante ello el cronista reaccionó protestando por la agresión.
De inmediato unos ocho policías equipados con equipo antimotines embistieron al solitario periodista, lo rociaron con gas lacrimógeno y esposaron a una camioneta policial, según Quisbert.
Luego de las protestas de sus colegas, fue liberado por unos minutos, y nuevamente detenido y llevado a una oficina policial donde permaneció por varias horas.
Autoridades no respondieron a peticiones de información sobre reportes de violencia policiaca contra periodistas.
Quisbert fue consultado para este informe sobre la impunidad de las agresiones que sufrió.
“La policía, los políticos, funcionarios y muchas veces personas que participan de protestas callejeras quedan impunes luego de agredir a los periodistas por la falta de representación de los dirigentes, los propietarios de medios de comunicación e instituciones del gremio que no buscan la sanción efectiva a los agresores”, dijo a LJR.
La crisis de 2019
Las elecciones generales de octubre de 2019, cuestionadas por los partidos opositores al entonces presidente y candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, despertaron protestas en las principales capitales de Bolivia.
El camarógrafo de televisión de la Red Uno de la ciudad de Cochabamba, Alejandro Camacho, aparece durante su recuperación tras haber sufrido el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno mientras cubría enfrentamientos entre simpatizantes de partidos políticos, el lunes 21 de octubre de 2019.
Un paro cívico de 20 días en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y manifestaciones en las ciudades de Potosí, La Paz y Cochabamba derivaron en una crisis política que determinó la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019, y su apresurada salida de Bolivia y refugio en México.
Los tipos de ataques ocurridos alrededor de las elecciones y las protestas configuran un escenario de riesgo muy frecuente para los periodistas bolivianos: la cobertura de conflictos políticos o sociales cuando involucran a fuerzas de seguridad o a grupos de manifestantes.
Entre octubre y noviembre de 2019, periodistas que cubrían manifestaciones o el recuento de votos fueron blanco de agresiones verbales, de estigmatización y por su condición de representantes de medios de información. Este periodo se convierte en el de mayor hostilidad para el trabajo de reporteros y medios.
Durante el conteo de votos en las ciudades de La Paz y Cochabamba, periodistas y camarógrafos fueron golpeados por policías y simpatizantes de los partidos en carrera electoral, según los datos de la Unidad de Monitoreo de la ANP.
Dos días después de las elecciones, el 22 de octubre, el corresponsal del diario El Deber, Humberto Ayllón, fue herido en la cabeza por el impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por la policía. El periodista cubría los enfrentamientos entre manifestantes que llegaron hasta las puertas del Tribunal Electoral Departamental de la ciudad de Cochabamba.
Un día antes, el camarógrafo de televisión de la red privada Red Uno de Cochabamba, Alejandro Camacho, sufrió lesiones en la cabeza y perdió el conocimiento después de recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno policial. No está claro si el proyectil fue apuntado a él directamente o cayó por accidente.
El fotoperiodista del diario La Razón de La Paz, Miguel Carrasco, aparece con el rostro ensangrentado después de recibir una pedrada durante el conflicto postelectoral del 20 de octubre de 2019, en Bolivia.
(Crédito: La Razón)
El lunes 28 de octubre, el fotoperiodista del diario La Razón, Miguel Carrasco, fue impactado por una piedra que le ocasionó una herida en la cabeza. El enviado cubría el enfrentamiento entre bloqueadores de una calle del barrio de Calacoto de La Paz, y militantes del partido oficialista.
Funcionarios de policía no respondieron a preguntas sobre estas agresiones.
Las agresiones también fueron dirigidas a periodistas de medios estatales y afines al partido de gobierno. El canal de televisión BoliviaTv y la Radio Patria Nueva suspendieron emisiones, en la tarde del sábado 9 de noviembre, tras manifestaciones de grupos de personas que pidieron el cese de emisión de ambos medios.
El director de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, José Aramayo, fue atado a un árbol y amenazado con la explosión de dinamita por vecinos de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.
Corresponsales de prensa argentina, que cubrían los conflictos en La Paz, se refugiaron en su Embajada, tras sufrir hostigamiento de manifestantes durante su labor informativa.
Caso sin resolver
El secuestro de octubre de 2021 fue relevante no sólo por la naturaleza de la agresión sino porque fue de un tipo no visto antes en Bolivia. Si los ataques anteriores habían sido en el contexto de protestas y en muchos casos por parte de policías, en el caso de Guarayos el ataque fue durante una cobertura cuando los periodistas estaban protegidos por policías.
Sin embargo, en todos los casos el común denominador es que los periodistas se han vuelto blanco de la violencia, ya sea de las fuerzas de seguridad o de grupos políticos o sociales.
Mientras tanto, el caso del secuestro en Guarayos permanece entre los expedientes policiales y de la Fiscalía sin solución, así como decenas de casos de agresiones a reporteros que permanecen en la impunidad.
Pensativo como anticipando una jornada en que su vida correría peligro, el fotógrafo de El Deber Jorge Gutiérrez aparece en la aeronave que lo transportaba hasta Guarayos. (Crédito: Jorge Gutiérrez)
Hasta la fecha solo dos personas fueron detenidas y enviadas a prisión preventiva por su presunta participación en la agresión de los corresponsales de prensa. Durante el secuestro, el grupo violento se escondió detrás de capuchas y empleó armas de cacería que en algunos casos dispararon proyectiles que dañaron cámaras de televisión.
En las últimas semanas y tras denuncias de actuaciones dolosas, la Fiscalía activó detenciones de jueces comprometidos con la liberación de personas condenadas por feminicidios, en una acción orientada a recuperar la imagen de una deteriorada justicia.
“Siento una gran decepción porque mientras la justicia boliviana da agilidad a otros casos, el del secuestro parece estar como al principio. Y no me extrañaría que en unas semanas los dos identificados de haber estado en el lugar con armas y que fueron encarcelados aparezcan libres por las calles, como si nada pasara”, comentó a LJR el fotoperiodista Jorge Gutiérrez, una de las víctimas del secuestro.
“Ojalá me equivoque, pero la sensación que tengo es que no se va a sancionar a los culpables”, comenta.
La Fiscalía no ha informado de ningún avance sobre el caso.
“Cuando yo conversé con el juez le dije que al parecer hizo falta que uno de nosotros saliera herido o muerto de la selva para que este proceso avance. Las imágenes que yo logré tomar de la gente armada y disparando son contundentes, pero ni con semejantes evidencias se actuó en consecuencia”, lamentó Percy Suárez en entrevista con LJR.
La organización que representa a los principales diarios bolivianos, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitió un comunicado el pasado 6 de febrero, y expresó preocupación por “la falta de avance en las investigaciones sobre el secuestro y tortura de periodistas, y señaló su protesta por los cambios de fiscales e investigadores”.
*Los autores de este artículo, Franz Chávez y Leny Alcoreza, son periodistas bolivianos y dirigen la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de Prensa. La ANP participa en las pláticas sobre el mecanismo de protección.
**Este es el octavo artículo de un proyecto sobre seguridad de periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review es financiado por el Fondo Mundial de Defensa de los Medios de la UNESCO.
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