En 2018 habrá elecciones presidenciales en varios países de América Latina, y con ellas el riesgo de desinformación generalizada causada por noticias falsas. En Brasil, la preocupación por este problema ha movido al poder público y el Tribunal Superior Electoral tomó su primera decisión relacionada con el combate de noticias falsas en el contexto electoral.
Fundado en 1825, el brasileño Diario de Pernambuco enfrenta una crisis financiera que redujo un tercio de su redacción y mantiene a sus empleados en ritmo de espera cuando se retrasan los salarios, y en suspenso sobre el futuro del diario.
Dos agencias brasileñas de verificación de datos (fact-checking) y sus colaboradores han sido objeto de ataques virtuales debido a una recién lanzada asociación con Facebook contra la diseminación de noticias falsas. Los ataques personales a los periodistas y las críticas a la honradez de las agencias han partido de grupos de derecha, que los acusan de intento de censura y de actuar con un sesgo ideológico de izquierda, según BuzzFeed News.
El proyecto #UmaPorUma, lanzado a fines de abril, está dedicado a contar la historia de cada mujer asesinada en el estado de Pernambuco, Brasil desde que comenzó el año
En 2017, el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, fue el tercero con mayor registro de crímenes violentos en el país. En un estado con 9 millones de habitantes, 5.427 personas fueron asesinadas el año pasado, el índice más alto en 14 años, según la investigación realizada por el portal G1.
Desde hace un mes, el proyecto MemeNews envía una vez al día, de lunes a viernes, un boletín con píldoras de noticias sobre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo brasileños. Pero más que tratarse de un boletín informativo, MemeNews busca enganchar a sus lectores en los artículos noticiosos usando una de las mejores invenciones del internet: memes.
En 1920, el jurista brasileño Rui Barbosa (1849-1923) afirmó que la “justicia atrasada no es justicia, sino injusticia calificada y manifiesta”. Casi 100 años después, sus palabras inspiran la nueva obra del sitio brasileño JOTA, que tiene al Poder Judicial como foco de su cobertura periodística. El bot Rui (@ruibarbot), lanzado a finales de abril, monitorea y divulga en Twitter la lentitud en el curso de los procesos en el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués).
Desde 2013, Agência Pública ha sido la organización periodística que más fondos ha recaudado vía financiamiento colectivo en la plataforma Catarse, la más grande de Brasil. Fueron tres campañas, realizadas cada dos años, para financiar nuestro proyecto Reportagem Pública (reportaje público). En total, 2.429 lectores nos apoyaron con R$ 231.167 (cerca de US $67.000).
Reporteras deportivas brasileñas han lanzado la campaña en línea #DeixaElaTrabalhar (#DéjalaTrabajar) luego de que la periodista Bruna Dealtry recibió un beso y fue acosada durante una transmisión televisiva en vivo.
El periodista brasileño Felipe Oliveira fue acusado por el crimen de promoción del terrorismo tras haberse infiltrado en grupos simpatizantes del Estado Islámico (EI) como parte de una investigación periodística realizada en 2016.
La Policía Civil del Estado de Goiás entregó a la justicia brasileña el 4 de abril la investigación finalizada sobre el asesinato del periodista radial Jefferson Pureza, muerto en la ciudad de Edealina el 17 de enero de este año. La investigación policial concluyó que el concejal José Eduardo Alves da Silva, del Partido de la República (PR), fue quien ordenó el crimen y debe ser acusado por homicidio doblemente calificado, por motivo fútil y por haberlo pagado, según reportó G1.
Por lo menos 19 periodistas y profesionales de la prensa fueron agredidos en varias ciudades de Brasil entre el 5 y 7 de abril, mientras trabajaban en la cobertura del encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), según documentó la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por sus siglas en portugués). Las agresiones, que empezaron por parte de los simpatizantes de Lula y de la Policía Militar, fueron repudiadas por organizaciones periodísticas de Brasil y de América Latina.