Over more than 40 books, Argentine journalist and writer Martín Caparrós has chronicled the contradictions that define nations and individuals. Now, confronted with an ALS diagnosis, he turns inward to explore memory, identity, and a lifetime of storytelling.
Claudia Duque has spent two decades fighting for justice after being spied on and threatened by government agents. So now that the state is finally offering an apology, why is she refusing to accept it?
More and more journalism programs in Latin America are incorporating instruction on entrepreneurship. However, challenges such as institutional bureaucracy and keeping professors up to date with skills persist.
Independent journalism in Venezuela faces a serious crisis due to censorship, persecution and a lack of funding, a situation that has prompted solidarity initiatives such as the Vaca Mediática. This project seeks not only to fund journalistic work but also to send a message of unity and resistance in the face of repression.
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O Projor - Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo lançou a segunda fase do Fundo de Inovação para o Combate à Desinformação (Codesinfo), focada na divulgação e disseminação de cinco ferramentas digitais de código aberto criadas para reforçar o combate à desinformação online. Desenvolvidas por veículos brasileiros no final de 2024, as soluções estão disponíveis gratuitamente para qualquer organização jornalística do Brasil e do exterior.
Para alcançar veículos internacionais, Francisco Belda, diretor de Operações do Projor e coordenador do Codesinfo, disse que o site do Codesinfo está sendo traduzido para o inglês e o espanhol, e os veículos parceiros que criaram as ferramentas estão recebendo apoio em atividades de network para divulgar as soluções.
"Acreditamos que as cinco ferramentas fortalecem o jornalismo cívico de forma geral," disse Belda à LatAm Journalism Review (LJR). "Isso acontece por seu papel na valorização do conceito de autoria (ferramenta Quem Disse?), da checagem de fatos (Check-up), de evidências científicas nas coberturas do meio-ambiente e mudanças climáticas (chatbot Capí), produção de vídeos curtos a partir de reportagens textuais (Mosaico) e do fornecimento de informações contextuais atualizadas (Xarta).”
Por Marta Szpacenkopf
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O Projor - Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo lançou a segunda fase do Fundo de Inovação para o Combate à Desinformação (Codesinfo), focada na divulgação e disseminação de cinco ferramentas digitais de código aberto criadas para reforçar o combate à desinformação online. Desenvolvidas por veículos brasileiros no final de 2024, as soluções estão disponíveis gratuitamente para qualquer organização jornalística do Brasil e do exterior.
Para alcançar veículos internacionais, Francisco Belda, diretor de Operações do Projor e coordenador do Codesinfo, disse que o site do Codesinfo está sendo traduzido para o inglês e o espanhol, e os veículos parceiros que criaram as ferramentas estão recebendo apoio em atividades de network para divulgar as soluções.
"Acreditamos que as cinco ferramentas fortalecem o jornalismo cívico de forma geral," disse Belda à LatAm Journalism Review (LJR). "Isso acontece por seu papel na valorização do conceito de autoria (ferramenta Quem Disse?), da checagem de fatos (Check-up), de evidências científicas nas coberturas do meio-ambiente e mudanças climáticas (chatbot Capí), produção de vídeos curtos a partir de reportagens textuais (Mosaico) e do fornecimento de informações contextuais atualizadas (Xarta).”
Por Marta Szpacenkopf
Ante el riesgo que enfrentan muchos periodistas al ejercer su profesión en México, dos estados están avanzando propuestas legislativas para proteger – o, según los críticos, en un caso, restringir – el trabajo de la prensa.
En Michoacán, una propuesta conocida como “Ley Mauricio”, nacida del esfuerzo colectivo de reporteros y activistas tras el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, en octubre de 2024, busca criminalizar el discurso de odio contra la prensa y fortalecer los mecanismos de protección. En Puebla, una iniciativa de ley presentada por un legislador sin consulta previa a los profesionales de la prensa ha provocado una reacción negativa de periodistas y expertos.
Los dos proyectos, nacidos de forma independiente, exponen diferentes respuestas a un mismo problema nacional: ¿cuál es la mejor manera de garantizar la seguridad y la libertad de los periodistas en un país donde, sólo en 2025, cuatro periodistas ya han sido asesinados – y donde, el año pasado, fueron ocho? Los diferentes contextos entre Michoacán y Puebla revelan desafíos comunes en la construcción de una legislación efectiva y en cómo aprobarla y cumplirla. El caso de Puebla también revela el riesgo de instrumentalización política de la agenda, utilizando la amenaza de protección como excusa para el control político, según dicen críticos de la iniciativa.
En Michoacán, la iniciativa es liderada por periodistas locales organizados en el colectivo Ni Uno Más. La Ley Mauricio prevé cambios al Código Penal estatal y a la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Michoacán. Uno de los puntos principales es la inclusión del discurso de odio contra periodistas como agravante de los delitos de discriminación. También se propone eliminar disposiciones legales utilizadas para perseguir a periodistas, como el delito de “atentados al honor”, aún vigente en el estado.
Por Katherine Pennacchio and André Duchiade
Foto: Ni Uno Más Michoacán
Ante el riesgo que enfrentan muchos periodistas al ejercer su profesión en México, dos estados están avanzando propuestas legislativas para proteger – o, según los críticos, en un caso, restringir – el trabajo de la prensa.
En Michoacán, una propuesta conocida como “Ley Mauricio”, nacida del esfuerzo colectivo de reporteros y activistas tras el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, en octubre de 2024, busca criminalizar el discurso de odio contra la prensa y fortalecer los mecanismos de protección. En Puebla, una iniciativa de ley presentada por un legislador sin consulta previa a los profesionales de la prensa ha provocado una reacción negativa de periodistas y expertos.
Los dos proyectos, nacidos de forma independiente, exponen diferentes respuestas a un mismo problema nacional: ¿cuál es la mejor manera de garantizar la seguridad y la libertad de los periodistas en un país donde, sólo en 2025, cuatro periodistas ya han sido asesinados – y donde, el año pasado, fueron ocho? Los diferentes contextos entre Michoacán y Puebla revelan desafíos comunes en la construcción de una legislación efectiva y en cómo aprobarla y cumplirla. El caso de Puebla también revela el riesgo de instrumentalización política de la agenda, utilizando la amenaza de protección como excusa para el control político, según dicen críticos de la iniciativa.
En Michoacán, la iniciativa es liderada por periodistas locales organizados en el colectivo Ni Uno Más. La Ley Mauricio prevé cambios al Código Penal estatal y a la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Michoacán. Uno de los puntos principales es la inclusión del discurso de odio contra periodistas como agravante de los delitos de discriminación. También se propone eliminar disposiciones legales utilizadas para perseguir a periodistas, como el delito de “atentados al honor”, aún vigente en el estado.
Por Katherine Pennacchio and André Duchiade
Foto: Ni Uno Más Michoacán
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Este año se cumplen ocho años del asesinato del periodista mexicano Javier Valdez, reconocido internacionalmente por su valiente cobertura del crimen organizado, la violencia y la corrupción en el estado de Sinaloa, uno de los epicentros del narcotráfico en México.
Valdez fue ultimado a tiros a plena luz del día el 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Culiacán, a unas cuadras de la redacción de Ríodoce, el semanario que cofundó en 2003. Desde entonces, la situación para el periodismo en Sinaloa ha ido de mal en peor.
La violencia en ese estado escaló significativamente en julio de 2024, luego de que autoridades de Estados Unidos detuvieron a Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa. La captura generó una fractura interna en el cártel entre la facción ligada a Zambada y el bando liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Esta ruptura desató una ola de enfrentamientos armados, ejecuciones y episodios de violencia en la vía pública que han convertido a Sinaloa en un campo de batalla entre los grupos rivales. El endurecimiento de la estrategia de seguridad implementado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras tomar el poder y ante presiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha incrementado la tensión en el estado.
En este contexto de violencia recrudecida y amenazas constantes, ejercer el periodismo en Sinaloa es más que nunca una labor de muy alto riesgo. El colega y amigo de Valdez, y también cofundador de Ríodoce, Ismael Bojórquez, reflexionó en entrevista con LatAm Journalism Review (LJR) sobre cómo el legado de Valdez sigue marcando el trabajo del semanario en condiciones para informar cada vez más adversas.
Bojórquez habla del impacto que ha tenido la reciente ola de violencia sobre la libertad de prensa en el estado, de la autocensura y de otros desafíos que enfrenta hoy el periodismo local ante el poder del crimen organizado y la insuficiente acción de las autoridades.
Por César López Linares
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Este año se cumplen ocho años del asesinato del periodista mexicano Javier Valdez, reconocido internacionalmente por su valiente cobertura del crimen organizado, la violencia y la corrupción en el estado de Sinaloa, uno de los epicentros del narcotráfico en México.
Valdez fue ultimado a tiros a plena luz del día el 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Culiacán, a unas cuadras de la redacción de Ríodoce, el semanario que cofundó en 2003. Desde entonces, la situación para el periodismo en Sinaloa ha ido de mal en peor.
La violencia en ese estado escaló significativamente en julio de 2024, luego de que autoridades de Estados Unidos detuvieron a Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa. La captura generó una fractura interna en el cártel entre la facción ligada a Zambada y el bando liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Esta ruptura desató una ola de enfrentamientos armados, ejecuciones y episodios de violencia en la vía pública que han convertido a Sinaloa en un campo de batalla entre los grupos rivales. El endurecimiento de la estrategia de seguridad implementado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras tomar el poder y ante presiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha incrementado la tensión en el estado.
En este contexto de violencia recrudecida y amenazas constantes, ejercer el periodismo en Sinaloa es más que nunca una labor de muy alto riesgo. El colega y amigo de Valdez, y también cofundador de Ríodoce, Ismael Bojórquez, reflexionó en entrevista con LatAm Journalism Review (LJR) sobre cómo el legado de Valdez sigue marcando el trabajo del semanario en condiciones para informar cada vez más adversas.
Bojórquez habla del impacto que ha tenido la reciente ola de violencia sobre la libertad de prensa en el estado, de la autocensura y de otros desafíos que enfrenta hoy el periodismo local ante el poder del crimen organizado y la insuficiente acción de las autoridades.
Por César López Linares
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Um dos principais jornalistas investigativos ambientais do Brasil é Hyury Potter, um repórter freelancer que recentemente ganhou o Prêmio Breakthrough Journalism do Pulitzer Center.
O prêmio reconheceu aqueles que se dedicam ao jornalismo investigativo e reportagens aprofundadas sobre “temas frequentemente esquecidos em regiões frequentemente negligenciadas pela grande mídia”.
Nascido e criado na Amazônia, Potter passou sua carreira cobrindo desmatamento ilegal, mineração, má conduta corporativa em terras indígenas e violações de direitos humanos. Graduado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), ele trabalhou na redação da Deutsche Welle na cidade alemã de Bonn, em jornais nos estados brasileiros de Santa Catarina e Pará, e teve trabalhos publicados pela Repórter Brasil, BBC Brasil, NBC News, The Intercept, InfoAmazonia e Mongabay.
Entre seus projetos de maior impacto está o Amazônia Minada, um mapa em tempo real que rastreia continuamente solicitações de mineração ilegal em terras indígenas e zonas de conservação, lançando luz sobre ameaças ambientais na região.
Nesta sessão de perguntas e respostas, parte da série da GIJN de entrevistas com importantes jornalistas investigativos, Potter compartilha suas experiências de reportagem na Amazônia, junto com lições e conselhos que ele reuniu ao longo de sua carreira.
Por Andrea Arzaba
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Um dos principais jornalistas investigativos ambientais do Brasil é Hyury Potter, um repórter freelancer que recentemente ganhou o Prêmio Breakthrough Journalism do Pulitzer Center.
O prêmio reconheceu aqueles que se dedicam ao jornalismo investigativo e reportagens aprofundadas sobre “temas frequentemente esquecidos em regiões frequentemente negligenciadas pela grande mídia”.
Nascido e criado na Amazônia, Potter passou sua carreira cobrindo desmatamento ilegal, mineração, má conduta corporativa em terras indígenas e violações de direitos humanos. Graduado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), ele trabalhou na redação da Deutsche Welle na cidade alemã de Bonn, em jornais nos estados brasileiros de Santa Catarina e Pará, e teve trabalhos publicados pela Repórter Brasil, BBC Brasil, NBC News, The Intercept, InfoAmazonia e Mongabay.
Entre seus projetos de maior impacto está o Amazônia Minada, um mapa em tempo real que rastreia continuamente solicitações de mineração ilegal em terras indígenas e zonas de conservação, lançando luz sobre ameaças ambientais na região.
Nesta sessão de perguntas e respostas, parte da série da GIJN de entrevistas com importantes jornalistas investigativos, Potter compartilha suas experiências de reportagem na Amazônia, junto com lições e conselhos que ele reuniu ao longo de sua carreira.
Por Andrea Arzaba
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Una encuesta realizada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha revelado un escenario preocupante en la profesión: las mujeres periodistas en Argentina enfrentan diversas formas de violencia en el ejercicio del periodismo, con impactos significativos en su salud mental, su desarrollo profesional e incluso la libertad de expresión en el país.
Los investigadores del estudio "Periodistas Amenazadas: investigar para protegerlas" entrevistaron a 215 periodistas de todas las provincias argentinas y descubrieron que el 70 por ciento de las participantes declararon haber sido víctimas de violencia psicológica dentro de la profesión.
Las cifras también son alarmantes en otros tipos de violencia: 115 participantes dijeron haber sufrido violencia institucional y económica, 88 informaron haber sido víctimas de violencia en línea, 84 mencionaron violencia sexual, 31 dijeron haber enfrentado violencia laboral y 25 dijeron haber sufrido violencia física.
"El estudio indica que las mujeres periodistas se enfrentan a varios tipos de violencia, siendo la violencia psicológica la más común. Hablamos de cosas como el acoso, la violencia institucional, económica y en línea. Un patrón realmente preocupante es que esta violencia no es aislada. Muchas mujeres experimentan estas diferentes formas de violencia al mismo tiempo", dijo Cecilia Bazán, coordinadora de la investigación, a LatAm Journalism Review (LJR).
El primer paso para desarrollar el proyecto, según Bazán, fue planificar cómo cubrir las 23 provincias argentinas. A través de un equipo repartido por las principales regiones del país (Norte, Litoral, Centro, Patagonia y Buenos Aires), se recogieron datos de periodistas y se creó una base de datos con representantes de todas las provincias. Luego, se envió un cuestionario anónimo a esta base de datos y los investigadores se aseguraron de que cada zona geográfica fuera representativa. También se realizaron veinte entrevistas en profundidad a profesionales seleccionados por su experiencia y casos relevantes en cada región.
Por Marta Szpacenkopf
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Una encuesta realizada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha revelado un escenario preocupante en la profesión: las mujeres periodistas en Argentina enfrentan diversas formas de violencia en el ejercicio del periodismo, con impactos significativos en su salud mental, su desarrollo profesional e incluso la libertad de expresión en el país.
Los investigadores del estudio "Periodistas Amenazadas: investigar para protegerlas" entrevistaron a 215 periodistas de todas las provincias argentinas y descubrieron que el 70 por ciento de las participantes declararon haber sido víctimas de violencia psicológica dentro de la profesión.
Las cifras también son alarmantes en otros tipos de violencia: 115 participantes dijeron haber sufrido violencia institucional y económica, 88 informaron haber sido víctimas de violencia en línea, 84 mencionaron violencia sexual, 31 dijeron haber enfrentado violencia laboral y 25 dijeron haber sufrido violencia física.
"El estudio indica que las mujeres periodistas se enfrentan a varios tipos de violencia, siendo la violencia psicológica la más común. Hablamos de cosas como el acoso, la violencia institucional, económica y en línea. Un patrón realmente preocupante es que esta violencia no es aislada. Muchas mujeres experimentan estas diferentes formas de violencia al mismo tiempo", dijo Cecilia Bazán, coordinadora de la investigación, a LatAm Journalism Review (LJR).
El primer paso para desarrollar el proyecto, según Bazán, fue planificar cómo cubrir las 23 provincias argentinas. A través de un equipo repartido por las principales regiones del país (Norte, Litoral, Centro, Patagonia y Buenos Aires), se recogieron datos de periodistas y se creó una base de datos con representantes de todas las provincias. Luego, se envió un cuestionario anónimo a esta base de datos y los investigadores se aseguraron de que cada zona geográfica fuera representativa. También se realizaron veinte entrevistas en profundidad a profesionales seleccionados por su experiencia y casos relevantes en cada región.
Por Marta Szpacenkopf
Las instalaciones del periódico nicaragüense La Prensa han sido allanadas y confiscadas, sus directores encarcelados y sus periodistas obligados a exiliarse. Sin embargo, en el más reciente ataque del Gobierno de Nicaragua al diario, su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, ve pruebas de que su periodismo todavía incide en el país.
“Cada vez que nosotros hacemos una denuncia, un señalamiento, destapamos algún acto de corrupción o alguna violación a los derechos humanos es una estocada para la dictadura, una estocada que les duele”, dijo Holmann a LatAm Journalism Review (LJR). “Cada vez que nosotros desmentimos una de sus mentiras, ellos se retuercen”.
El 3 de mayo, el periódico de 99 años fue reconocido con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2025 en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ese mismo día, el Gobierno de Nicaragua anunció que se retiraba de la UNESCO en respuesta al premio.
El régimen del Presidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo dijo que La Prensa era un “engendro diabólico de antipatria” que representa “la traición a la patria” por supuestamente haber promovido y respaldado “la violencia, injerencia, crímenes de odio, crueldad, anticultura y antivalores”.
Para Holmann, esa reacción reafirma la relevancia y el merecimiento del premio de la UNESCO.
“Cuando reaccionan así, más bien es un aliciente más. Es un reforzamiento del mérito que nos está dando la UNESCO al reconocernos como nos reconocen”, dijo.
El premio fue entregado formalmente a los editores de La Prensa Dora Luz Romero y Fabián Medina el 7 de mayo durante una ceremonia en Bruselas, Bélgica. Miembros del equipo y directivos, incluido Holmann, se hicieron presentes a través de una videoconferencia. El gerente general no pudo asistir por complicaciones migratorias a causa del exilio en el que vive.
Por César López Linares
Foto: Cortesía La Prensa
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Las instalaciones del periódico nicaragüense La Prensa han sido allanadas y confiscadas, sus directores encarcelados y sus periodistas obligados a exiliarse. Sin embargo, en el más reciente ataque del Gobierno de Nicaragua al diario, su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, ve pruebas de que su periodismo todavía incide en el país.
“Cada vez que nosotros hacemos una denuncia, un señalamiento, destapamos algún acto de corrupción o alguna violación a los derechos humanos es una estocada para la dictadura, una estocada que les duele”, dijo Holmann a LatAm Journalism Review (LJR). “Cada vez que nosotros desmentimos una de sus mentiras, ellos se retuercen”.
El 3 de mayo, el periódico de 99 años fue reconocido con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2025 en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ese mismo día, el Gobierno de Nicaragua anunció que se retiraba de la UNESCO en respuesta al premio.
El régimen del Presidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo dijo que La Prensa era un “engendro diabólico de antipatria” que representa “la traición a la patria” por supuestamente haber promovido y respaldado “la violencia, injerencia, crímenes de odio, crueldad, anticultura y antivalores”.
Para Holmann, esa reacción reafirma la relevancia y el merecimiento del premio de la UNESCO.
“Cuando reaccionan así, más bien es un aliciente más. Es un reforzamiento del mérito que nos está dando la UNESCO al reconocernos como nos reconocen”, dijo.
El premio fue entregado formalmente a los editores de La Prensa Dora Luz Romero y Fabián Medina el 7 de mayo durante una ceremonia en Bruselas, Bélgica. Miembros del equipo y directivos, incluido Holmann, se hicieron presentes a través de una videoconferencia. El gerente general no pudo asistir por complicaciones migratorias a causa del exilio en el que vive.
Por César López Linares
Foto: Cortesía La Prensa
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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, el director y fundador del medio digital salvadoreño El Faro recurrió a las redes sociales para denunciar una amenaza potencial y grave por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Carlos Dada dijo que una fuente informó a El Faro que la Fiscalía General de la República está preparando al menos siete órdenes de arresto contra sus periodistas tras la publicación de entrevistas que revelan presuntos pactos entre el gobierno y pandillas criminales.
La crisis actual fue provocada por la publicación, el 1 de mayo, de una entrevista en tres partes con Carlos Cartagena, alias “Charlie”, exlíder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, y con “Liro Man”, un líder de menor rango del mismo grupo criminal. Detallan varios acuerdos entre el gobierno de Bukele y organizaciones criminales. Según las entrevistas, estos pactos datan de cuando Bukele era alcalde de San Salvador en 2015 y continuaron durante su ascenso a la presidencia.
Cartagena, quien según El Faro alcanzó una posición poderosa en el crimen a los 16 años y ahora es buscado por el gobierno, dijo que el grupo recolectó votos para las campañas de Bukele para alcalde de San Salvador y presidente del país.
“Las indicaciones de él era que se tenía que apoyar y se dio la instrucción que se votara por Bukele", dijo Cartagena. "Fuimos parte del apoyo que él necesitó en ese momento. Él no tenía ni partido político".
Desde hace tiempo existen sospechas y rumores sobre un acuerdo entre Bukele y las pandillas, y el propio El Faro ha publicado varios informes al respecto. Esta vez, presentó una declaración de un líder pandillero buscado que dice haber salido de El Salvador con la cooperación del gobierno.
Por André Duchiade
Foto: Casa Presidencial, El Salvador
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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, el director y fundador del medio digital salvadoreño El Faro recurrió a las redes sociales para denunciar una amenaza potencial y grave por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Carlos Dada dijo que una fuente informó a El Faro que la Fiscalía General de la República está preparando al menos siete órdenes de arresto contra sus periodistas tras la publicación de entrevistas que revelan presuntos pactos entre el gobierno y pandillas criminales.
La crisis actual fue provocada por la publicación, el 1 de mayo, de una entrevista en tres partes con Carlos Cartagena, alias “Charlie”, exlíder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, y con “Liro Man”, un líder de menor rango del mismo grupo criminal. Detallan varios acuerdos entre el gobierno de Bukele y organizaciones criminales. Según las entrevistas, estos pactos datan de cuando Bukele era alcalde de San Salvador en 2015 y continuaron durante su ascenso a la presidencia.
Cartagena, quien según El Faro alcanzó una posición poderosa en el crimen a los 16 años y ahora es buscado por el gobierno, dijo que el grupo recolectó votos para las campañas de Bukele para alcalde de San Salvador y presidente del país.
“Las indicaciones de él era que se tenía que apoyar y se dio la instrucción que se votara por Bukele", dijo Cartagena. "Fuimos parte del apoyo que él necesitó en ese momento. Él no tenía ni partido político".
Desde hace tiempo existen sospechas y rumores sobre un acuerdo entre Bukele y las pandillas, y el propio El Faro ha publicado varios informes al respecto. Esta vez, presentó una declaración de un líder pandillero buscado que dice haber salido de El Salvador con la cooperación del gobierno.
Por André Duchiade
Foto: Casa Presidencial, El Salvador
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El tráfico masivo de oro en Sudamérica está afectando ecosistemas y comunidades indígenas. Empresas fantasmas en Ecuador que exportan millones en oro, tráfico ilegal en tierras indígenas de la Amazonía brasileña, extracción sin regulación de autoridades en Venezuela y en Colombia son algunos de los mecanismos que alimentan una red transnacional de minería ilegal, marcada por la corrupción, la violencia y la destrucción ambiental.
Esto reveló Dorada Opacidad, una investigación transfronteriza liderada por el medio @convoca_pe en Perú con la colaboración de periodistas y editores de @reporterbrasil de Brasil, @revistaplanv de Ecuador; @consejoderedaccion y @rutasdelconflicto de Colombia; @armando.info y @ari_movil, formada por @runrunesweb, @elpitazotv y @talcualdigital, de Venezuela.
Durante 11 meses, cerca de 20 periodistas y editores latinoamericanos identificaron rutas de tráfico de oro, empresas involucradas y negligencia estatal mediante bases de datos, análisis de documentos y trabajo de campo en zonas amazónicas, andinas y costeras.
“Investigar a las redes ilegales y las malas prácticas del poder económico y político requiere de periodistas valientes, sólidos en su metodología, hábiles para aprender en forma rápida sobre un tema de interés público y humildes para colaborar entre sí en contextos difíciles y complejos”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Milagros Salazar, directora de Convoca y coordinadora de Dorada Opacidad.
“En tiempos desafiantes el periodismo colaborativo es un excelente camino de oportunidades”, agregó.
Esta apuesta de colaboración les valió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo 2025 en la categoría de Periodismo Narrativo, superando a 112 postulaciones de toda la región. El jurado de los premios valoró la investigación como “un trabajo de excelencia fuera de lo común” y “una “pieza que rompe moldes periodísticos”.
Por Katherine Pennacchio
Foto: Convoca.pe
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El tráfico masivo de oro en Sudamérica está afectando ecosistemas y comunidades indígenas. Empresas fantasmas en Ecuador que exportan millones en oro, tráfico ilegal en tierras indígenas de la Amazonía brasileña, extracción sin regulación de autoridades en Venezuela y en Colombia son algunos de los mecanismos que alimentan una red transnacional de minería ilegal, marcada por la corrupción, la violencia y la destrucción ambiental.
Esto reveló Dorada Opacidad, una investigación transfronteriza liderada por el medio @convoca_pe en Perú con la colaboración de periodistas y editores de @reporterbrasil de Brasil, @revistaplanv de Ecuador; @consejoderedaccion y @rutasdelconflicto de Colombia; @armando.info y @ari_movil, formada por @runrunesweb, @elpitazotv y @talcualdigital, de Venezuela.
Durante 11 meses, cerca de 20 periodistas y editores latinoamericanos identificaron rutas de tráfico de oro, empresas involucradas y negligencia estatal mediante bases de datos, análisis de documentos y trabajo de campo en zonas amazónicas, andinas y costeras.
“Investigar a las redes ilegales y las malas prácticas del poder económico y político requiere de periodistas valientes, sólidos en su metodología, hábiles para aprender en forma rápida sobre un tema de interés público y humildes para colaborar entre sí en contextos difíciles y complejos”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Milagros Salazar, directora de Convoca y coordinadora de Dorada Opacidad.
“En tiempos desafiantes el periodismo colaborativo es un excelente camino de oportunidades”, agregó.
Esta apuesta de colaboración les valió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo 2025 en la categoría de Periodismo Narrativo, superando a 112 postulaciones de toda la región. El jurado de los premios valoró la investigación como “un trabajo de excelencia fuera de lo común” y “una “pieza que rompe moldes periodísticos”.
Por Katherine Pennacchio
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