The sudden halt in U.S. government support has left dozens of Latin American newsrooms scrambling to stay afloat. While some have begun tapping into new revenue sources, most still face an uphill battle for long-term sustainability.
A ruling by the Constitutional Court sided with two journalists seeking to unlock the Catholic Church’s 'secret archive' on investigations into priests accused of sexual abuse. Church officials say the ruling goes too far.
A group of seven Nicaraguan journalists exiled in Costa Rica have been unable to renew their identification documents and consider themselves "de facto stateless." They hope to obtain Spanish citizenship, just like their other colleagues banished from home.
An AI-driven investigation by La Nación into President Javier Milei’s speeches and interviews found he routinely uses personal attacks to shape a new national narrative. Here’s how a multidisciplinary team conducted the analysis.
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Basado en el principo constitucional de protección a la niñez, la Corte Constitucional de Colombia protegió los derechos de periodistas para solicitar y recibir información sobre sacerdotes de la Iglesia Católica en el marco de investigaciones sobre presunto abuso sexual.
Así lo dio a conocer la misma Corte en un comunicado el pasado 26 de mayo luego de estudiar un caso compuesto por 120 tutelas (recurso legal que busca garantizar la protección de derechos fundamentales) interpuestas por dos periodistas colombianos que pedían a la Iglesia Católica información sobre sus sacerdotes.
“La sentencia, en mi opinión, es la llave que abre el archivo secreto [de la Iglesia]”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR), Miguel Ángel Estupiñán, uno de los periodistas que interpuso las tutelas.
“A partir de ahora todo periodista puede elevar un derecho de petición para solicitar la información a la iglesia en el marco de investigaciones sobre denuncias contra sacerdotes por presuntos hechos de abuso sexual contra menores de edad y la sentencia se vuelve su primer argumento que no puede ser controvertido por la iglesia”, agregó Estupiñán, quien trabaja como freelancer.
La Constitución colombiana consagra el derecho de petición, definido como el “derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.
Por Silvia Higuera
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Basado en el principo constitucional de protección a la niñez, la Corte Constitucional de Colombia protegió los derechos de periodistas para solicitar y recibir información sobre sacerdotes de la Iglesia Católica en el marco de investigaciones sobre presunto abuso sexual.
Así lo dio a conocer la misma Corte en un comunicado el pasado 26 de mayo luego de estudiar un caso compuesto por 120 tutelas (recurso legal que busca garantizar la protección de derechos fundamentales) interpuestas por dos periodistas colombianos que pedían a la Iglesia Católica información sobre sus sacerdotes.
“La sentencia, en mi opinión, es la llave que abre el archivo secreto [de la Iglesia]”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR), Miguel Ángel Estupiñán, uno de los periodistas que interpuso las tutelas.
“A partir de ahora todo periodista puede elevar un derecho de petición para solicitar la información a la iglesia en el marco de investigaciones sobre denuncias contra sacerdotes por presuntos hechos de abuso sexual contra menores de edad y la sentencia se vuelve su primer argumento que no puede ser controvertido por la iglesia”, agregó Estupiñán, quien trabaja como freelancer.
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Basado en el principo constitucional de protección a la niñez, la Corte Constitucional de Colombia protegió los derechos de periodistas para solicitar y recibir información sobre sacerdotes de la Iglesia Católica en el marco de investigaciones sobre presunto abuso sexual.
Así lo dio a conocer la misma Corte en un comunicado el pasado 26 de mayo luego de estudiar un caso compuesto por 120 tutelas (recurso legal que busca garantizar la protección de derechos fundamentales) interpuestas por dos periodistas colombianos que pedían a la Iglesia Católica información sobre sus sacerdotes.
“La sentencia, en mi opinión, es la llave que abre el archivo secreto [de la Iglesia]”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR), Miguel Ángel Estupiñán, uno de los periodistas que interpuso las tutelas.
“A partir de ahora todo periodista puede elevar un derecho de petición para solicitar la información a la iglesia en el marco de investigaciones sobre denuncias contra sacerdotes por presuntos hechos de abuso sexual contra menores de edad y la sentencia se vuelve su primer argumento que no puede ser controvertido por la iglesia”, agregó Estupiñán, quien trabaja como freelancer.
La Constitución colombiana consagra el derecho de petición, definido como el “derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.
Por Silvia Higuera
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Como Viktor Navorski, el personaje interpretado por Tom Hanks en la película La Terminal, un grupo de periodistas nicaragüenses vive atrapado en un limbo legal que los condena al exilio y a la inexistencia jurídica.
En la historia ficticia, Navorski queda varado en un aeropuerto de Nueva York cuando su país deja de existir para el mundo exterior. Algo similar, pero en la vida real, les ocurre a siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Tras huir de la persecución del régimen de Daniel Ortega, no han podido renovar sus documentos de identidad: Nicaragua se los niega y Costa Rica aún no los reconoce plenamente. No están encerrados en una terminal, pero no tienen patria.
Por ello, a finales de mayo decidieron solicitar la nacionalidad al gobierno español, que se ha mostrado amistoso con otros exiliados nicaragüenses en los últimos años.
“Denunciamos ante la comunidad internacional la escalada de represión estatal ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el periodismo independiente que nos ha dejado en una situación de apatridia de facto”, dijeron en un comunicado los periodistas Carmen Lucía Navas, Tania Jeannette López Rodríguez, Óscar Enrique Navarrete, Gerall Isaac Chávez, Donaldo Eliezer Hernández, Luis Eduardo Martínez Membreño y Reyna María Vallecillo Tapia.
Por Katherine Pennacchio
Foto: Cortesía
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Como Viktor Navorski, el personaje interpretado por Tom Hanks en la película La Terminal, un grupo de periodistas nicaragüenses vive atrapado en un limbo legal que los condena al exilio y a la inexistencia jurídica.
En la historia ficticia, Navorski queda varado en un aeropuerto de Nueva York cuando su país deja de existir para el mundo exterior. Algo similar, pero en la vida real, les ocurre a siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Tras huir de la persecución del régimen de Daniel Ortega, no han podido renovar sus documentos de identidad: Nicaragua se los niega y Costa Rica aún no los reconoce plenamente. No están encerrados en una terminal, pero no tienen patria.
Por ello, a finales de mayo decidieron solicitar la nacionalidad al gobierno español, que se ha mostrado amistoso con otros exiliados nicaragüenses en los últimos años.
“Denunciamos ante la comunidad internacional la escalada de represión estatal ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el periodismo independiente que nos ha dejado en una situación de apatridia de facto”, dijeron en un comunicado los periodistas Carmen Lucía Navas, Tania Jeannette López Rodríguez, Óscar Enrique Navarrete, Gerall Isaac Chávez, Donaldo Eliezer Hernández, Luis Eduardo Martínez Membreño y Reyna María Vallecillo Tapia.
Por Katherine Pennacchio
Foto: Cortesía
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Durante su primer año de mandato, el presidente de Argentina Javier Milei concedió 58 entrevistas largas a medios de comunicación y pronunció 84 discursos oficiales, totalizando 89 horas de audio y video, según una encuesta de La Nación.
Tras mapear todos los discursos de Milei durante este periodo, el periódico argentino utilizó inteligencia artificial para transcribir y analizar las 739.000 palabras e identificar patrones en el lenguaje del político: desde insultos a la oposición, al Estado y a la prensa, hasta frases que repite habitualmente. El resultado fue el reportaje especial “Así nos habló Milei: 9 trucos del relato libertario para construir un nuevo sentido común”.
“Milei llegó a la presidencia sin partido político, con muy poco poder institucional y sin historia política”, explicó Martín Rodríguez Yebra, editor ejecutivo y columnista de La Nación quien firmó el artículo, a LatAm Journalism Review (LJR). “Su poder residía particularmente en sus palabras. Es un líder muy centrado en la comunicación, y consideramos fundamental desentrañar las características de su discurso: qué lo hace tan único, cuáles son sus trucos más comunes, cómo busca construir una épica que le permita superar sus debilidades políticas. Por eso, comenzamos a recopilar todos sus discursos y entrevistas. Queríamos realizar un análisis basado en datos objetivos y cuantificables”.
Por Marta Szpacenkopf
Foto: Gage Skidmore de Surprise, via Wikipedia Commons
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Durante su primer año de mandato, el presidente de Argentina Javier Milei concedió 58 entrevistas largas a medios de comunicación y pronunció 84 discursos oficiales, totalizando 89 horas de audio y video, según una encuesta de La Nación.
Tras mapear todos los discursos de Milei durante este periodo, el periódico argentino utilizó inteligencia artificial para transcribir y analizar las 739.000 palabras e identificar patrones en el lenguaje del político: desde insultos a la oposición, al Estado y a la prensa, hasta frases que repite habitualmente. El resultado fue el reportaje especial “Así nos habló Milei: 9 trucos del relato libertario para construir un nuevo sentido común”.
“Milei llegó a la presidencia sin partido político, con muy poco poder institucional y sin historia política”, explicó Martín Rodríguez Yebra, editor ejecutivo y columnista de La Nación quien firmó el artículo, a LatAm Journalism Review (LJR). “Su poder residía particularmente en sus palabras. Es un líder muy centrado en la comunicación, y consideramos fundamental desentrañar las características de su discurso: qué lo hace tan único, cuáles son sus trucos más comunes, cómo busca construir una épica que le permita superar sus debilidades políticas. Por eso, comenzamos a recopilar todos sus discursos y entrevistas. Queríamos realizar un análisis basado en datos objetivos y cuantificables”.
Por Marta Szpacenkopf
Foto: Gage Skidmore de Surprise, via Wikipedia Commons
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President Nayib Bukele is stepping up his offensive against the free press and civil society in El Salvador. In recent weeks, the Salvadoran government intensified its authoritarian streak—passing a law that financially strangles organizations receiving international funding, arbitrarily arresting activists, threatening journalists and embracing increasingly anti-democratic rhetoric.
These measures follow a series of unfavorable news reports and events targeting the government, and spark fear among journalists and human rights defenders.
“When we talk to our Nicaraguan colleagues, they tell us, ‘Where you are now, we once were,’” Hugo Sánchez, freedom of expression rapporteur for the Association of Journalists of El Salvador (Apes, for its initials in Spanish), told LatAm Journalism Review (LJR). “‘And where we are, you will eventually be.’ ”
For journalists, the introduction of the Foreign Agents Law is especially alarming. Better known as the Gag Law, Congress passed the legislation on May 20 with virtually no discussion, either in the legislature or broader Salvadoran society.
By André Duchiade
Picture by Casa Presidencial El Salvador
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President Nayib Bukele is stepping up his offensive against the free press and civil society in El Salvador. In recent weeks, the Salvadoran government intensified its authoritarian streak—passing a law that financially strangles organizations receiving international funding, arbitrarily arresting activists, threatening journalists and embracing increasingly anti-democratic rhetoric.
These measures follow a series of unfavorable news reports and events targeting the government, and spark fear among journalists and human rights defenders.
“When we talk to our Nicaraguan colleagues, they tell us, ‘Where you are now, we once were,’” Hugo Sánchez, freedom of expression rapporteur for the Association of Journalists of El Salvador (Apes, for its initials in Spanish), told LatAm Journalism Review (LJR). “‘And where we are, you will eventually be.’ ”
For journalists, the introduction of the Foreign Agents Law is especially alarming. Better known as the Gag Law, Congress passed the legislation on May 20 with virtually no discussion, either in the legislature or broader Salvadoran society.
By André Duchiade
Picture by Casa Presidencial El Salvador
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*Al final de este artículo figura una actualización de la situación financiera de Justin, recibida el 9 de junio.
Jocelyn Justin está viviendo una pesadilla.
El periodista haitiano está luchando por subsistir en Cuba, pidiendo dinero prestado para comer y pagar la renta, mientras espera una cirugía en la mandíbula inferior que tiene destrozada.
“No estoy comiendo bien y eso empieza a afectar mi salud”, dijo Justin a LatAm Journalism Review (LJR). “Incluso tengo dificultades para ir al baño”.
La serie de eventos que lo llevaron a terminar en la isla comenzaron hace cinco meses, en la víspera de Navidad de 2024 en Puerto Príncipe, Haití. Justin asistió a cubrir la reapertura del Hospital de la Universidad Estatal de Haití –conocido popularmente como Hospital General– cuando una pandilla atacó el lugar.
Dos periodistas perdieron la vida y otros siete, incluido Justin, resultaron heridos. Profesionales de la prensa acusaron entonces negligencia del Ministerio de Salud.
Tras el ataque, Justin fue sometido a una cirugía de emergencia en Puerto Príncipe, pero la gravedad de sus heridas requirieron atención especializada que en Haití no se le puede proporcionar.
Una comisión, integrada por representantes de los profesionales heridos, abogados y un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo, fue formada tras el ataque para vigilar el apoyo a las víctimas. Esta comisión gestionó que Justin, otras dos periodistas y un policía fueran enviados a Cuba para recibir atención médica.
“Instamos al gobierno a que los enviara a Cuba porque sabíamos que era un lugar mejor, porque en Cuba tienen buena sanidad, buenos médicos y es menos caro”, dijo a LJR Guyler C. Delva, secretario general de SOS Journalistes Haiti e integrante de la comisión. “Lo hicieron y estamos complacidos, pero no pensamos que iba a resultar así”.
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*Al final de este artículo figura una actualización de la situación financiera de Justin, recibida el 9 de junio.
Jocelyn Justin está viviendo una pesadilla.
El periodista haitiano está luchando por subsistir en Cuba, pidiendo dinero prestado para comer y pagar la renta, mientras espera una cirugía en la mandíbula inferior que tiene destrozada.
“No estoy comiendo bien y eso empieza a afectar mi salud”, dijo Justin a LatAm Journalism Review (LJR). “Incluso tengo dificultades para ir al baño”.
La serie de eventos que lo llevaron a terminar en la isla comenzaron hace cinco meses, en la víspera de Navidad de 2024 en Puerto Príncipe, Haití. Justin asistió a cubrir la reapertura del Hospital de la Universidad Estatal de Haití –conocido popularmente como Hospital General– cuando una pandilla atacó el lugar.
Dos periodistas perdieron la vida y otros siete, incluido Justin, resultaron heridos. Profesionales de la prensa acusaron entonces negligencia del Ministerio de Salud.
Tras el ataque, Justin fue sometido a una cirugía de emergencia en Puerto Príncipe, pero la gravedad de sus heridas requirieron atención especializada que en Haití no se le puede proporcionar.
Una comisión, integrada por representantes de los profesionales heridos, abogados y un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo, fue formada tras el ataque para vigilar el apoyo a las víctimas. Esta comisión gestionó que Justin, otras dos periodistas y un policía fueran enviados a Cuba para recibir atención médica.
“Instamos al gobierno a que los enviara a Cuba porque sabíamos que era un lugar mejor, porque en Cuba tienen buena sanidad, buenos médicos y es menos caro”, dijo a LJR Guyler C. Delva, secretario general de SOS Journalistes Haiti e integrante de la comisión. “Lo hicieron y estamos complacidos, pero no pensamos que iba a resultar así”.
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La reciente decisión de la Procuraduría General de Colombia que sancionó a nueve militares por el perfilamiento y vigilancia de más de 130 personas, entre ellas al menos 30 periodistas, una vez más provocaron el miedo y el estrés en el periodista Óscar Parra.
El director del medio Rutas del Conflicto, que cubre temas del conflicto armado del país suramericano, volvió a 2020 cuando la revista Semana reveló el caso conocido como “Las carpetas secretas”.
Según la investigación de Semana, unidades de inteligencia del Ejército ejecutaron casos de espionaje de más de 130 personas a través de la recolección masiva e indiscriminada de información para elaborar informes de inteligencia militar a través del uso de herramientas de fuentes abiertas (OSINT). Los perfiles de estas personas contaban con teléfonos, direcciones de trabajo y residencia, correos electrónicos, información de hijos, familiares, colegas, lugares de votación e incluso infracciones de tránsito, reportó Semana.
Los objetivos de estos perfilamientos incluía a periodistas, varios de ellos estadounidenses, pero también líderes sociales, políticos, sindicalistas y oenegés, publicó en su momento Semana.
La información recolectada y las conexiones hechas por el Ejército vinculaban de manera injustificada a periodistas con grupos guerrilleros, según dan cuenta dos USB que son prueba dentro del proceso en la Procuraduría, informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado.
El equipo de Rutas del Conflicto encontró sus nombres y fotografías entre “las carpetas secretas”.
Por Silvia Higuera
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La reciente decisión de la Procuraduría General de Colombia que sancionó a nueve militares por el perfilamiento y vigilancia de más de 130 personas, entre ellas al menos 30 periodistas, una vez más provocaron el miedo y el estrés en el periodista Óscar Parra.
El director del medio Rutas del Conflicto, que cubre temas del conflicto armado del país suramericano, volvió a 2020 cuando la revista Semana reveló el caso conocido como “Las carpetas secretas”.
Según la investigación de Semana, unidades de inteligencia del Ejército ejecutaron casos de espionaje de más de 130 personas a través de la recolección masiva e indiscriminada de información para elaborar informes de inteligencia militar a través del uso de herramientas de fuentes abiertas (OSINT). Los perfiles de estas personas contaban con teléfonos, direcciones de trabajo y residencia, correos electrónicos, información de hijos, familiares, colegas, lugares de votación e incluso infracciones de tránsito, reportó Semana.
Los objetivos de estos perfilamientos incluía a periodistas, varios de ellos estadounidenses, pero también líderes sociales, políticos, sindicalistas y oenegés, publicó en su momento Semana.
La información recolectada y las conexiones hechas por el Ejército vinculaban de manera injustificada a periodistas con grupos guerrilleros, según dan cuenta dos USB que son prueba dentro del proceso en la Procuraduría, informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado.
El equipo de Rutas del Conflicto encontró sus nombres y fotografías entre “las carpetas secretas”.
Por Silvia Higuera
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Venezuelan photojournalist Gabriela Oraa was awarded first place by World Press Photo on May 16 in the individual category for the South America region, thanks to her photograph “The Last Hope.”
The image shows Venezuelan opposition leader María Corina Machado greeting a crowd of supporters from the roof of a vehicle, with followers stretching their hands out toward her. The photo, rich in vibrant colors, is named after a phrase that, according to Oraa, she heard over and over from followers: “María Corina, you are our last hope.”
“With rarely granted access in Venezuela,” the jury said, “this photo captures a significant political moment that no other photographer could have documented, highlighting Machado’s connection with her supporters.”
For the third consecutive year, the organization — which recognizes and celebrates the best in photojournalism and documentary photography — has honored a female Venezuelan photojournalist. In 2023, the award went to Fabiola Ferrero, and in 2024 to Adriana Loureiro Fernández.
However, the path has not been easy for any of them in a profession where women remain significantly underrepresented. According to data from Women Photograph, an organization that monitors the representation of women and nonbinary people in the industry, only 21 percent of photographs published in major media outlets in 2023 were taken by women or nonbinary photographers. In 2017, that figure was just 13.4 percent.
The study included outlets such as The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Los Angeles Times, The San Francisco Chronicle, The Globe and Mail, Le Monde and The Guardian.
And although World Press Photo has recorded a slight increase in submissions from women, there is still a long way to go to achieve gender parity. For the 2024 edition, some 77 percent of participants identified as men and only 22 percent as women—a 3-point increase from 2021, when 19 percent of entries came from people who identified as women.
By: Katherine Pennacchio
Picture: Jessica Orellana, woman photojournalist from El Salvador, courtesy
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Venezuelan photojournalist Gabriela Oraa was awarded first place by World Press Photo on May 16 in the individual category for the South America region, thanks to her photograph “The Last Hope.”
The image shows Venezuelan opposition leader María Corina Machado greeting a crowd of supporters from the roof of a vehicle, with followers stretching their hands out toward her. The photo, rich in vibrant colors, is named after a phrase that, according to Oraa, she heard over and over from followers: “María Corina, you are our last hope.”
“With rarely granted access in Venezuela,” the jury said, “this photo captures a significant political moment that no other photographer could have documented, highlighting Machado’s connection with her supporters.”
For the third consecutive year, the organization — which recognizes and celebrates the best in photojournalism and documentary photography — has honored a female Venezuelan photojournalist. In 2023, the award went to Fabiola Ferrero, and in 2024 to Adriana Loureiro Fernández.
However, the path has not been easy for any of them in a profession where women remain significantly underrepresented. According to data from Women Photograph, an organization that monitors the representation of women and nonbinary people in the industry, only 21 percent of photographs published in major media outlets in 2023 were taken by women or nonbinary photographers. In 2017, that figure was just 13.4 percent.
The study included outlets such as The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Los Angeles Times, The San Francisco Chronicle, The Globe and Mail, Le Monde and The Guardian.
And although World Press Photo has recorded a slight increase in submissions from women, there is still a long way to go to achieve gender parity. For the 2024 edition, some 77 percent of participants identified as men and only 22 percent as women—a 3-point increase from 2021, when 19 percent of entries came from people who identified as women.
By: Katherine Pennacchio
Picture: Jessica Orellana, woman photojournalist from El Salvador, courtesy
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Koos Koster, un periodista holandés de 46 años, llegó a El Salvador en marzo de 1982 por encargo de la empresa de televisión de los Países Bajos IKON.
Tenía asignado hacer un documental que mostrara el contraste de la vida en San Salvador y en zonas rurales donde se vivía el conflicto entre las Fuerzas Armadas del país y el grupo insurgente FMLN. A Koster se le unieron el productor Jan Kuiper, el sonidista Hans teer Laag y el camarógrafo Joop Willemsen, todos de nacionalidad neerlandesa.
El inicio de los 12 años de la guerra civil en El Salvador que culminó con los Acuerdos de Paz de 1992 había comenzado dos años antes. Las autoridades de El Salvador sabían del proyecto periodístico que lideraba Koster y lo veían como uno a favor de la guerrilla del FMLN, según el informe de la Comisión de la Verdad.
Y es que Koster, quien hablaba español y tenía contactos en la región, no tenía mucha simpatía entre las autoridades de El Salvador después de que en 1980 hizo un reportaje sobre los llamados escuadrones de la muerte, que en noción de las autoridades también favoreció al FMLN.
Por eso, el informe de la Comisión de la Verdad señala que la policía de inteligencia empezó a seguir al equipo holandés que producía el documental. Eventualmente, oficiales ordenaron una emboscada por parte de fuerzas del Estado en donde fueron asesinados los cuatros periodistas junto a algunos guerrilleros quienes hacían de guías de periodistas mientras los llevaban a las zonas de mayor conflicto, concluye el informe.
Son 42 años desde el crimen sin que los responsables hayan sido juzgados. Sin embargo, el avance de dos procesos judiciales, uno civil en Estados Unidos y uno penal en El Salvador, podría significar que alguien sea castigado por el crimen.
“Sus muertes han marcado la vida de los dolientes”, dijo Gert Kuiper, hermano de Jan y quien lidera la demanda civil en Estados Unidos, a LatAm Journalism Review (LJR) a través de una abogada del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA, por sus siglas en inglés).
Por Silvia Higuera
Foto: Fundación Comunicándonos/ Cortesía
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Koos Koster, un periodista holandés de 46 años, llegó a El Salvador en marzo de 1982 por encargo de la empresa de televisión de los Países Bajos IKON.
Tenía asignado hacer un documental que mostrara el contraste de la vida en San Salvador y en zonas rurales donde se vivía el conflicto entre las Fuerzas Armadas del país y el grupo insurgente FMLN. A Koster se le unieron el productor Jan Kuiper, el sonidista Hans teer Laag y el camarógrafo Joop Willemsen, todos de nacionalidad neerlandesa.
El inicio de los 12 años de la guerra civil en El Salvador que culminó con los Acuerdos de Paz de 1992 había comenzado dos años antes. Las autoridades de El Salvador sabían del proyecto periodístico que lideraba Koster y lo veían como uno a favor de la guerrilla del FMLN, según el informe de la Comisión de la Verdad.
Y es que Koster, quien hablaba español y tenía contactos en la región, no tenía mucha simpatía entre las autoridades de El Salvador después de que en 1980 hizo un reportaje sobre los llamados escuadrones de la muerte, que en noción de las autoridades también favoreció al FMLN.
Por eso, el informe de la Comisión de la Verdad señala que la policía de inteligencia empezó a seguir al equipo holandés que producía el documental. Eventualmente, oficiales ordenaron una emboscada por parte de fuerzas del Estado en donde fueron asesinados los cuatros periodistas junto a algunos guerrilleros quienes hacían de guías de periodistas mientras los llevaban a las zonas de mayor conflicto, concluye el informe.
Son 42 años desde el crimen sin que los responsables hayan sido juzgados. Sin embargo, el avance de dos procesos judiciales, uno civil en Estados Unidos y uno penal en El Salvador, podría significar que alguien sea castigado por el crimen.
“Sus muertes han marcado la vida de los dolientes”, dijo Gert Kuiper, hermano de Jan y quien lidera la demanda civil en Estados Unidos, a LatAm Journalism Review (LJR) a través de una abogada del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA, por sus siglas en inglés).
Por Silvia Higuera
Foto: Fundación Comunicándonos/ Cortesía
