La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su satisfacción con la decisión del poder judicial de Perú de crear una jurisdicción especial para procesar los delitos graves contra periodistas en el ejercicio de su profesión. La medida fue calificada de “trascendental importancia para la lucha contra la impunidad”.
Desde que se promulgó la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación en Bolivia, el 8 de octubre, el periódico La Patria, de la ciudad de Oruro, comenzó a publicar el siguiente aviso en sus páginas dedicadas a artículos de opinión: “Editorial LA PATRIA Ltda. se reserva el derecho de publicación y de rechazar cualquier aviso, información y/o nota de opinión que pueda perjudicarle. En consecuencia, no se podrá alegar contra el medio, discriminación, parcialización, autocensura o atropello al derecho a la libre expresión”.
La editora del periódico Jornal de Londrina, del sureño estado de Paraná en Brasil, presentó una demanda ante el Supremo Tribunal Federal para suspender un proceso que implica el pago de unos 353.000 dólares en daños morales a un ex alcalde de Sertanópolis, en el norte del estado, informó el sitio web del tribunal. La editora afirmó que el periódico tiene una circulación pequeña y que si es obligado a pagar esa cifra, deberá cerrar sus puertas.
Periodistas bolivianos y medios de comunicación dijeron que la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que fue promulgada el 8 de octubre de 2010 para comenzar a regir a partir de enero, ya comenzó a ser aplicada.
Un tribunal laboral de Buenos Aires trabó un embargo a varias marcas del grupo español Prisa vinculadas a la Radio Continental, con el fin de garantizar el pago de más de un millón de dólares de indemnización por despido al periodista Rolando Hanglin, reportó El Mundo.
El gremio periodístico panameño se ha unido para exigir un mayor respeto a la libertad de expresión y expresar reparos por retrocesos judiciales en la materia, reportó La Prensa.
Según informa Perfil, la ofensiva legal del gobierno argentino contra los dos principales periódicos del país dará un nuevo paso con una denuncia penal contra la dueña y el director ejecutivo del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y el director de La Nación, Bartolomé Mitre. Los empresarios serán acusados de ser “partícipes necesarios” en delitos contra los derechos humanos durante la dictadura argentina.
Una orden de la Justicia Electoral de Mato Grosso prohíbe al Grupo Gazeta de Comunicación —el más grande de ese estado— divulgar notas que mencionen que el diputado federal Carlos Abicalil, actual candidato a senador, está a favor de la despenalización del aborto, reportó Gazeta Digital. La decisión del juez Lídio Modesto Filho afecta al diario A Gazeta y al Canal 10, que retransmite la señal de la cadena TV Record, y estipula una multa de 58.000 dólares en caso de incumplimiento.
Policías militares acompañados de un oficial de justicia requisaron los aparatos de televisión, cámaras, muebles y hasta los transmisores del canal TV Descalvados, afiliada a la cadena SBT en el municipio de Cáceres, en el occidental estado de Mato Grosso, reportó Midia News. La confiscación de equipos sacó a la televisora del aire y se relaciona con una orden judicial para saldar una indemnización por daños morales a la primera dama de la ciudad, Gisele Fontes, informó el Diário de Cuiabá.
Ricardo Bejarano fue removido de la polémica investigación contra William Parra, días después de que el fiscal pidiera la captura del periodista colombiano por presuntos vínculos guerrilleros, reportó la Associated Press (AP). Según RCN Radio y Telesur, Bejarano no pasó un concurso de méritos para actuar como fiscal especializado, como requiere el caso, y aún no se ha nombrado un reemplazo.
La Fiscalía de Bolivia procesó a tres periodistas por “presunta instigación pública a delinquir y apología pública del delito”, en un caso de violencia y racismo contra campesinos indígenas en la ciudad de Sucre, ocurrido el 24 de mayo de 2008, reportó Erbol.
Reconocidos por las víctimas y sus familiares en imágenes en periódicos, revistas y en televisión, tres delegados de policía civil de Sao Paulo fueron acusados por la fiscalía de participar directamente en en actos de tortura, abuso sexual, desaparición forzada y homicidios durante el régimen militar (1964-1985), informó la propia fiscalía.