El máximo tribunal de justicia de Argentina confirmó en forma unánime un fallo que obliga al Estado a omitir criterios discriminatorios y mantener un “equilibrio razonable” en el reparto de la publicidad oficial, reportaron el diario Hoy y la agencia EFE.
Un periodista argentino que pasó cuatro meses y medio detenido durante la dictadura (1976-83), por escribir sobre el caso de un desaparecido, declaró como testigo en el primer juicio por delitos de lesa humanidad contra militares en Mendoza, en el oeste de Argentina, informó la prensa local.
La reportera Maritânia Forlin, quien pasó 20 días en prisión, fue acusada por la policía de contribución al tráfico de drogas en el sureño estado de Paraná, informó el portal Terra.
Una corte de apelaciones en Nueva York determinó que los periodistas pierden el privilegio para proteger su material cuando no logran mantener su independencia, según reportó el Wall Street Journal.
Una jueza del Distrito Federal dictaminó que la revista Contralínea deberá ser multada por publicar notas relacionadas a los contratos otorgados por la gigante estatal Pemex a empresarios privados, reportó SDP Noticias, ya que “la petroquímica no le interesa al público [mexicano]”.
Un fallo judicial decretó el cierre de Canal 4 de Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina, y única televisora de oposición en la región, informó la prensa local. El miércoles 12 de enero, diez agentes del Ministerio de Seguridad ocuparon la sede de la emisora y ordenaron la suspensión inmediata de las transmisiones, informó Clarín.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra Argentina ante la Corte Interamericana de la OEA por la violación de la libertad de expresión de dos periodistas que revelaron hace 15 años que el ex presidente Carlos Menem tuvo un hijo fuera del matrimonio.
Edwin Echeverry es parte del equipo de comunicaciones de la alcaldía de Medellín y, según denunció la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), enfrenta un “verdadero calvario laboral” por criticar en su perfil en Facebook los costos de un espectáculo pirotécnico contratado por la ciudad para celebrar el Bicentenario en julio pasado.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su satisfacción con la decisión del poder judicial de Perú de crear una jurisdicción especial para procesar los delitos graves contra periodistas en el ejercicio de su profesión. La medida fue calificada de “trascendental importancia para la lucha contra la impunidad”.
Desde que se promulgó la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación en Bolivia, el 8 de octubre, el periódico La Patria, de la ciudad de Oruro, comenzó a publicar el siguiente aviso en sus páginas dedicadas a artículos de opinión: “Editorial LA PATRIA Ltda. se reserva el derecho de publicación y de rechazar cualquier aviso, información y/o nota de opinión que pueda perjudicarle. En consecuencia, no se podrá alegar contra el medio, discriminación, parcialización, autocensura o atropello al derecho a la libre expresión”.