Roberto Hernández, director mexicano del controvertido documental “Presunto Culpable”, reportó este lunes haber recibido nuevas amenazas de muerte y señala como presunto autor al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar
Después de décadas de una cultura de secretismo virtualmente impenetrable en el gobierno mexicano, en el 2002 México aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Los productores del documental mexicano Presunto Culpable, Roberto Hernández y Layda Negrete, enfrentan tres juicios por daño moral en los cuales son demandados civilmente por más de dos mil millones de dólares ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Con un recuento final de 46 periodistas y defensores de los derechos humanos agredidos el miércoles 2 de octubre de 2013 en la marcha conmemorativa de la matanza en Tlatelolco, la organización Artículo 19 calificó este ataque a la libertad de expresión como el más violento en la capital política de México durante un acto de protesta social.
Son 150 las investigaciones previas por agresiones a periodistas las iniciadas en los primeros nueve meses del año por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos con la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR) en México, informó el director adjunto de la institución Alberto Peralta Flores, según publicó el sitio web de la revista mexicana Proceso.
México, El Salvador y Antigua se clasifican más alto que Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia en un ranking global de leyes de derecho a la información, de acuerdo con las clasificaciones anuales realizadas por Access Info Europe (AIE) y el Centro con sede en Halifax para el Derecho y la Democracia (CLD).
Las denuncias de casos de agresión en contra de periodistas en México entre enero y septiembre de este año llegaron a 225. De estos, dos de ellos murieron. Otros 33 dejaron el país bajo amenazas. Además de la violencia del crimen organizado, cuyo principal brazo es el narcotráfico que ahora controla varias regiones internas del país, existe una grave situación de censura institucional en el país.
El periódico mexicano Reforma reportó el jueves que un distribuidor del diario El Norte, perteneciente al mismo consorcio editorial, fue agredido físicamente y amenazado por hombres armados la madrugada del martes 1 de octubre en la zona metropolitana de Monterrey, en el estado norteño de Nuevo León.
Al menos 15 periodistas fueron agredidos por manifestantes y agentes policiales ayer en la capital mexicana, al cubrir la marcha del 45 aniversario de la matanza de estudiantes de 1968 en ese país. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó la violencia contra la prensa.
En el marco de su campaña Impunidad Mata la organización mexicana Artículo 19 hizo el lanzamiento de un nuevo documental y de la petición de recolección de firmas para pedirles a las autoridades del país cumplir con sus funciones de protección y de esclarecimiento de los delitos en contra de periodistas.
Tres años después del asesinato de Luis Carlos Santiago Orozco, fotoperiodista mexicano de El Diario de Juárez en el estado norteño de Chihuahua, la investigación sigue estancada y el crimen en la impunidad.
Cuatro fotorreporteros Mexicanos denunciaron el abuso policial del que fueron víctimas mientras cubrían manifestaciones de profesores el pasado sábado 14 de septiembre en el estado de Veracruz (oriente del país), informó la organización Reporteros Sin Fronteras. Según su denuncia Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado los golpearon violentamente y los despojaron de sus equipos, agregó RSF.