Una bomba depositada por sujetos desconocidos detonó enfrente de la casa del periodista peruano Yofré López Sifuentes en la madrugada del martes 22 de abril, según el diario La República.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le pidió hoy a la Corte Suprema de Perú que esclarezca el asesinato del periodista de radio Alberto Rivera Fernández y juzgue a los autores intelectuales del crimen.
El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) recibía los titulares y contenidos de la “prensa chicha” – con los cuales buscaba desprestigiar a sus opositores en la campaña de las elecciones presidenciales del año 2000 - antes de que estos fueran publicados. El entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos se los hacía llegar a través de comunicaciones telefónicas y reuniones, según declaró el testigo Mario Ruiz Agüero, ex secretario del asesor, durante el juicio oral que se le sigue a Fujimori por este caso desde el penal de Barbadillo, en Lima.
Después de la compra de más de la mitad de las acciones del grupo editorial Epensa que le otorgó al Grupo El Comercio un control de casi el 80% del mercado de periódicos en Perú, el tema de la concentración de medios se ha vuelto ubicuo – y volátil – en el país. Domina el debate público con virtualmente una nota o artículo de opinión nuevo todos los días y, la semana pasada, los polos opuestos de la discusión sobre los posibles efectos nocivos de la compra fue ejemplificada por el desacuerdo entre el celebre escritor peruano y ex candidato presidencial Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro.
Mediante una Acción de Amparo presentada el 21 de noviembre ante el Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, Perú, ocho periodistas y líderes de medios impugnaron la compra del 54% de las acciones del sector de impresión y comercialización del grupo editorial Epensa por parte del Grupo El Comercio
Para el periodista de investigación boliviano Raúl Peñaranda, columnista y ex director del diario independiente Página Siete, el acceso a la información en su país es bastante limitado.
Después de un acalorado debate durante la 69 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la compra en Perú de más de la mitad de las acciones de la casa editorial Epensa por parte del Grupo El Comercio, un competidor, el grupo editorial La República, anunció que iniciará una demanda por concentración mediática.
La periodista investigativa del Perú Mónica Vecco denunció la semana pasada a cinco personas --entre ellas políticos y directores de medios -- por supuestamente infiltrar su correo electrónico y utilizar varios mensajes fuera de contexto para acusarla de ayudar a un prófugo a salir del país. Según la denuncia, las acciones fueron parte de un plan por desprestigiarla a ella y, por extensión, los recientes esfuerzos tanto legislativos como periodísticos por investigar los supuestos actos de corrupción que ocurrieron durante el gobierno del ex presidente Alán García.
El presidente del Perú Ollanta Humala promulgó el lunes 21 de octubre la Ley de Delitos Informáticos, la cual penaliza la creación y utilización de bases de datos electrónicos, entre otras cosas, con hasta cinco años de cárcel. Varios abogados y organizaciones de periodismo han criticado la ley asegurando que pondrá en peligro el derecho de los peruanos a la libertad de expresión e información.
El peruano Humberto Espinoza Maguiña, periodista y ex editor del diario Prensa Regional, fue sentenciado dos veces por difamación entre el 18 y 19 de septiembre, por denunciar en sus publicaciones actos de corrupción del gobierno del presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar. Recibió dos años de prisión no efectiva, 120 días de trabajo comunitario y una multa de 5 mil soles (alrededor de 2 mil dólares), publicó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
Este 17 de octubre se dará inicio al juicio oral que acusa al ex presidente Alberto Fujimori de malversar 122 millones de soles (casi 44 millones de dólares) de los presupuestos de las Fuerzas Armadas peruanas. El dinero lo habría utilizado para sobornar a los propietarios de ocho tabloides peruanos de prensa amarilla, los denominados “diarios chicha”, para comprar su línea editorial y ponerla al servicio de su tercera reelección en el 2000, informó el procurador adjunto anticorrupción de ese país Joel Segura a través de la agencia Andina.
La Ley de Delitos Informáticos, también llamada ‘nueva ley Beingolea’, o ‘ley Frankestein anti Internet’ por algunos de sus opositores, fue aprobada casi por unanimidad en el congreso peruano el 12 de setiembre. De ser firmada por el presidente Ollanta Humala podría poner en serio riesgo el derecho a la libertad de expresión y el derecho constitucional al secreto de las telecomunicaciones de los peruanos, como explicó en su portal web la ONG de ese país, Hiperderecho.