En toda América Latina, los gobiernos han intentado diferentes modelos para investigar y perseguir los ataques contra los periodistas. Es evidente que no existe un modelo unificado para crear una oficina de investigación y persecución de este tipo de delitos. Algunos países tienen fiscales especiales, mientras que otros tienen unidades de investigación. Además, los resultados de sus esfuerzos son a menudo difíciles de seguir, según los expertos.
Brasil es el país donde más se ha incrementado la aversión a las noticias, ya que el 54 por ciento de los brasileños las evitan, muy por encima de la media mundial del 38 por ciento. En Argentina, el 46 por ciento dice que evita el contenido noticioso. Los otros países de la región encuestados son Chile (38 por ciento), Colombia (38), México (37) y Perú (37).
La pandemia de COVID-19 puso en evidencia una crisis silenciosa entre los periodistas: el deterioro de su salud mental. En América Latina, algunas iniciativas buscan evaluar la salud mental de los periodistas y ayudarlos a cultivar el bienestar emocional en un contexto adverso.
Inspirados en una tendencia global, los media labs están comenzando a surgir dentro de las organizaciones de noticias en América Latina para desarrollar un pensamiento innovador orientado al periodismo, acelerar la aplicación de tecnología, buscar soluciones a problemas y generar algún tipo de impacto.
La aceleradora de medios Velocidad comparte lo aprendido en 16 meses de consultorías, acompañamiento y apoyo financiero a diez medios latinoamericanos participantes que lograron mejoras en su estructura organizacional, fidelización de audiencias, modelo de negocio y su visión y cultura de producto.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú (PCM), Aníbal Torres habría intentado interferir en la asignación de la publicidad estatal de una campaña escolar del gobierno, pidiendo la exclusión de los medios del Grupo El Comercio. Expertos y organizaciones se pronunciaron.
El periodista peruano Gustavo Gorriti, en entrevista con LatAm Journalism Review (LJR), analiza la relación entre el actual presidente peruano Pedro Castillo y la prensa tradicional o “prensa concentrada” y la prensa independiente, desde su turbulenta carrera como candidato presidencial hasta sus tambaleantes primeros meses de gobierno.
La periodista investigativa peruana Paola Ugaz fue absuelta en un juicio por difamación agravada. Desde 2018, Ugaz ha recibido varias demandas por difamación a partir de sus investigaciones sobre los presuntos abusos sexuales y psicológicos a menores de edad e irregularidades financieras de la comunidad eclesiástica Sodalicio de Vida Cristiana.
El periodista peruano Christopher Acosta recibió una condena de dos años de prisión suspendida en un juicio por difamación agravada y delitos contra el honor. El querellante es el empresario y excandidato presidencial César Acuña, sobre quien Acosta basa su investigación periodística en el libro “Plata como cancha”.
Periodistas de la capital peruana enfrentaron un número récord de 105 casos de agresiones al realizar su trabajo, sobre todo durante los meses de elecciones presidenciales que estuvieron impregnados de una alta polarización social, política y mediática.
Luego de las declaraciones del presidente peruano Pedro Castillo sobre que no les dará dinero de la publicidad estatal a los medios que tergiversen los hechos, varias organizaciones de libertad de prensa del país resaltaron que las contrataciones estatales son potestad del Estado, no del presidente, y que no deben representar premios ni castigos políticos.
La justicia peruana sentenció a 17 años de prisión al exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, por el secuestro en abril de 1992 del periodista peruano Gustavo Gorriti. El periodista expresó que, aunque la sentencia le parece correcta, terminó siendo un proceso muy largo.