El sitio periodístico peruano IDL-Reporteros, que reveló a mitad de este año una profunda crisis en el sistema de justicia de su país mediante la difusión de audios de filtraciones telefónicas, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al gobierno peruano tomar medidas urgentes de protección para los periodistas y funcionarios que investigan los presuntos actos de corrupción actuales.
El periodista peruano Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y su cofundadora y colega Romina Mella, presentaron el 19 de julio una demanda constitucional de amparo ante el Juzgado Constitucional de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima, por la continua y agresiva intimación a su sitio periodístico.
El sitio peruano de periodismo de investigación IDL- Reporteros recibió, por tercera vez esta semana, el pedido de revelar sus fuentes periodísticas por parte de las autoridades judiciales y legislativas luego de publicar un reportaje que reveló presuntos actos de corrupción en el sistema de justicia peruano.
Con la revolución tecnológica digital de los últimos años y la crisis del modelo de negocios convencional de la industria periodística –que hasta principios de este siglo se basaba mayoritariamente en ingresos por publicidad–, muchos de los grandes diarios han priorizado la cobertura nacional e internacional dejando un poco de lado a las regiones.
La Ley 2133 que prohíbe la contratación de publicidad oficial en medios de comunicación privados fue ratificada por el Pleno del Congreso peruano el 14 de junio por la noche. Según sus defensores, esta ley controlaría el gasto público, sin embargo, los que se oponen aseguran que esta representa una censura indirecta contra los medios.
El Pleno del Congreso peruano aprobaría esta semana una cuestionada ley que prohíbe la contratación de publicidad estatal en medios de comunicación privados.
En #VenezuelaALaFuga, los textos, videos, audios y data cuentan historias de madres, padres e hijos que dejan Venezuela debido a la crisis que persiste en su país, para buscar mejores condiciones de vida en otros partes de América Latina.
La Comisión Permanente del Congreso peruano está evaluando un nuevo proyecto de ley que intenta restringir la publicidad estatal solo a los medios de comunicación nacionales y a las redes sociales. Los medios de comunicación privados no recibirían más publicidad estatal.
El ciudadano peruano estadounidense Miguel Arévalo Ramírez ha abierto varios procesos legales contra periodistas y medios de comunicación de Perú por difamación agravada, informó Ojo Público el 7 de noviembre. Ramírez los denunció por informar sobre las investigaciones que existen contra él por parte de la Dirección Antidrogas de la Policía peruana (Dirandro), la Procuraduría Antidrogas de Perú y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y ha pedido una reparación de US$ 210 millones.
Mientras el periodismo experimenta vertiginosamente el cambio de lo impreso a lo digital, el sitio peruano de periodismo investigativo Ojo Público apuesta por hacer lo opuesto. Al menos, en parte.
En sus dos años de existencia, el sitio peruano Convoca ha producido reportajes investigativos, utilizando la ley de transparencia y acceso a la información, que fueron premiados internacionalmente y que motivaron un cambio en la legislación de Perú. Ahora, Convoca va a usar su experiencia para ayudar a formar las próximas generaciones de periodistas investigativos que van a fiscalizar el poder público en el país.
El Poder Judicial de Perú falló a favor de la periodista Perla Berríos en un proceso sobre hostigamiento moral sufrido por la profesional cuando trabajaba en el canal de televisión Latina, según reportó la revista Caretas el 17 de agosto.