Un periodista de Bolivia denunció agresiones físicas y el robo de su cámara fotográfica mientras cubría una protesta de padres de familia el jueves 11 de agosto, de acuerdo con la organización Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX).
Los medios informativos del país, cruciales para mantener una mirada crítica sobre los complejos esfuerzos de reconstrucción, están luchando para ponerse de pie entre la destrucción, reportó Columbia Journalism Review (CJR).
Un juez dictó orden de prisión en contra de un comunicador social y otros 16 dirigentes ambientalistas en Honduras.
El Senado de Bolivia aprobó la noche del jueves 28 de julio el controvertido proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, la cual otorga al estado mayor control de los medios electrónicos, informó la prensa local.
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) denunció que la reforma a la ley electoral y el incremento de las atribuciones de la autoridad electoral o IFE en México para regular a la prensa en época de elecciones, constituyen "un régimen francamente regresivo en materia de libertad de expresión" que restringe el acceso de la sociedad a los medios y genera censura, reportó la agencia EFE.
La Corte Suprema de México dictaminó que la radio comunitaria La Voladora no debe ser discriminada por las oficinas de gobierno al repartir la publicidad oficial, informó La Jornada. El fallo fue pronunciado el miércoles 13 de julio y otorga un amparo a la radioemisora con sede en el Estado de México, en el centro del país, en contra de la negativa de la Secretaría de Salud a asignarle contratos de publicidad para difundir sus campañas, detalló etcétera.
El director de la Radio Joconguera, Nery Orellana, fue asesinado a tiros el jueves 14 de julio en una carretera del municipio hondureño de Candelaria, en la frontera con El Salvador, reportó La Prensa. Orellana, de 26 años, es el cuarto comunicador y directivo de medios que es asesinado en Honduras este año, tras los homicidios de los periodistas Adán Benítez y Francisco Medina Polanco y el empresario cafetalero Luis Mendoza, dueño de Canal 24 de televisión.
Tras una serie de despidos y renuncias de periodistas denunciando censura en sus respectivos medios durante la campaña electoral en Perú, la repentina cancelación de uno de los programas periodísticos más vistos y con mayor credibilidad en el país abrió un debate sobre la libertad de expresión y el papel de los monopolios privados de prensa en el derecho de información de los peruanos.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela inició un nuevo procedimiento administrativo contra la televisora privada Globovisión, por “incitar al odio” al cubrir un motín carcelario, ocurrido a mediados de junio en el norteño estado de Miranda que dejó varios muertos, reportó el periódico El Tiempo.
La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados de Bolivia anunció que incluirá las recomendaciones del público en un proyecto que sustituirá a la iniciativa original de ley de telecomunicaciones que impulsa el gobierno, y que ha sido criticada por organismos de defensa de la libertad de prensa a raíz de ciertos artículos que podrían restringir la libertad de información, reportó Los Tiempos.
Desconocidos arrojaron una bomba incendiaria y quemaron una camioneta del programa de televisión Juez Justo TV, que conduce el ex coronel de policía Benedicto Jiménez, informó Panamericana Televisión. El atentado ocurrió en Lima, la capital de Perú, la madrugada del miércoles 29 de junio.
El gobierno de El Salvador anunció un plan para transformar a las emisoras de radio y televisión estatales en medios públicos autónomos con el fin de evitar que se les siga utilizando para servir a los intereses políticos de turno, reportó la agencia AFP.