LJR conversó con representantes de organizaciones internacionales y mexicanas para conocer más sobre los asesinatos de periodistas en México y sobre la efectividad y desempeño del mecanismo de protección, creado en 2012.
“Para nosotros es un desacierto total. Reducir el riesgo para periodistas a cuatro riesgos penales es no reconocer que los principales riesgos y agresiones han provenido del Estado en los últimos 12 años”, dijo César Ricaurte.
El sitio de periodismo investigativo guatemalteco Plaza Pública lanzó recientemente un manual de periodismo y protocolos de seguridad de periodistas que resume el aprendizaje de sus primeros seis años de experiencia periodística.
Mientras que reporteros se ponen cascos para cubrir las violentas protestas en Nicaragua, organizaciones de derechos humanos y prensa están llamando a la comunidad internacional a poner atención a los ataques a periodistas y medios de noticias en medio de las protestas contra el gobierno del Presidente Daniel Ortega.
La seguridad cibernética, un escudo legal y el trabajo en alianzas son algunos de los factores fundamentales a considerar al realizar investigaciones periodísticas sobre temas de corrupción en América Latina, de acuerdo con los ponentes del panel Cobertura de Corrupción, realizado durante el 11 Coloquio Iberoamericano de Periodismo Digital en Austin, Texas, el 15 de abril de 2018.
La Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por sus siglas en portugués) anunció el 24 de enero que miembros de la entidad van a investigar el asesinato del radialista Jefferson Pureza Lopes, muerto a tiros el 17 de enero en la ciudad de Edealina, en el estado de Goiás.
En México, los periodistas viven bajo el terror de la violencia, y aunque el gobierno ha creado mecanismos para proteger a estos profesionales, la impunidad y la inseguridad continúan rondando en el país. Estas son algunas de las conclusiones de David Kaye, Relator Especial de la ONU para promover y proteger el derecho a la libertad de expresión y de opinión, y de Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de concluir una semana de misión en México.
Luego del asesinato del fotoperiodista mexicano Edgar Esqueda en San Luis Potosí, el pasado octubre, se dilvugó en internet un video de teléfono celular que fue enviado a un expolicía. En el video se ve a Esqueda, atado y de rodillas, dando los nombres de los reporteros que cubren asuntos criminales en los diarios de todo el estado. En respuesta, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras ordenó medidas de protección inmediatas - una patrulla policial para cada reportero mencionado en el video.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia rechazó las amenazas en contra de las periodistas Jineth Bedoya Lima y Salud Hernández Mora, y de líderes políticas y sociales proferidas presuntamente por un bloque del grupo armado ilegal Águilas Negras a través de un panfleto, y exigió a las autoridades garantizar protección para que las reporteras puedan continuar con su trabajo.
“Son 17 años de esta cuenta roja en la que no se ha dejado de contar periodistas asesinados. Son 109, y una buena parte de ellos en las últimas dos administraciones”, dijo Daniela Pastrana, directora de la organización Periodistas de a Pie. “Pero empezó la cuenta cuando paradójicamente empezó la transición democrática. Esa es una de las cosas que yo todavía no me termino de explicar”.