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Dos periodistas fueron asesinados en México estando bajo protección del gobierno en 2020. ¿Qué revela esto sobre la efectividad de las medidas de seguridad?

Dos periodistas que estaban bajo protección estatal fueron asesinados en 2020 en México. Ellos eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno mexicano. Tras las muertes, diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron pidiendo el refuerzo y revisión de las medidas de protección. LatAm Journalism Review conversó con representantes de estas organizaciones para conocer qué revelan los asesinatos sobre la efectividad y desempeño del Mecanismo, creado en 2012. 

La muerte más reciente ocurrió en la madrugada del 2 de agosto. El comunicador Pablo Morrugares, director del medio digital PM Noticias, fue asesinado junto con un oficial que era su escolta en Iguala, en el estado de Guerrero, México. Él contaba con protección del Mecanismo desde 2015.

Periodista mexicano asesinado Pablo Morrugares

Pablo Morrugares, director del medio digital PM Noticias. (Foto: Facebook).

Antes de la muerte de Morrugares, asesinaron a Jorge Miguel Armenta Ávalos, director del medio de Medios Obson, en un ataque armado en la Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, el 16 de mayo. Él era beneficiario del Mecanismo desde 2016: uno de los policías que lo protegía murió en el ataque y otro resultó gravemente herido.

Sobre Morrugares, los expertos dijeron que es un caso particularmente complejo. El periodista fue reubicado durante años en otras ciudades como parte de una medida de protección del Mecanismo, luego de constantes amenazas y un intento de asesinato en 2016, del cual salió ileso. Sin embargo, según el Mecanismo, el periodista decidió regresar a Iguala.

“A pesar de la poca viabilidad de su retorno a su lugar de origen, por el contexto de violencia de la región, el beneficiario lo solicitó de forma expresa a este Mecanismo, por lo que considerando que no se pueden implementar medidas de seguridad sin el consentimiento de la persona beneficiaria, se desplegaron diversas medidas de protección a su retorno, incluyendo el servicio de escoltas proporcionado por el gobierno del estado de Guerrero”, informó el mecanismo por correo electrónico a LJR. La institución dijo que ambos periodistas “contaban con esquemas duros de protección y sus lamentables asesinatos se dieron en zonas de violencia generalizada”.

Según la representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), Balbina Flores, la mayoría de los periodistas que se trasladan a otros lugares y deciden regresar lo hacen por motivos laborales. “Me parece que Morrugares regresó en enero de este año a Iguala, precisamente por cuestiones laborales, porque ahí tenía su medio, su modo para vivir”, dijo a LJR.

Balbina Flores de Reportero Sin Fronteras México

Representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores. (Foto: Cortesía).

Para Flores, la muerte significa que el Mecanismo necesita “hacer una revisión a fondo” de las medidas de protección y análisis de riesgo, especialmente antes de que un periodista regrese a un contexto de mucha violencia, como es el caso de Guerrero.

Flores consideró que, en estos casos, el Mecanismo debe hacer una labor de prevención y sensibilización para los periodistas. “Aunque sus razones para volver son entendibles, en lugares como Guerrero y en condiciones de alto riesgo, creo que ahí el Mecanismo tiene que hacer una labor mucho más fina de convencer y dar las condiciones para que estos periodistas no tengan que retornar a esas regiones. En algunos casos lo hemos logrado, en otros no”, explicó Flores.

El responsable del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 en México y Centroamérica, Sebastián Salamanca, consideró que las medidas de protección con las que contaba el periodista no correspondían al riesgo que corría. Salamanca señaló problemas estructurales que obstaculizan el trabajo del Mecanismo en México, como la falta de coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado y con las instituciones de justicia.

“El Mecanismo de protección a periodistas en México es un mecanismo muy débil, que no tiene peso institucional dentro del Estado mexicano”, dijo Salamanca a LJR. Otra dificultad comúnmente mencionada por los expertos es que el Mecanismo tiene pocos recursos económicos para funcionar plenamente.

“En esas circunstancias, es lamentable pero no es sorprendente que un periodista que tenga medidas de protección de parte del estado pierda la vida, porque efectivamente el mecanismo no está logrando su función. Eso es básicamente lo que nos dice que pasó el 2 de agosto”, comentó.

Asimismo, afirmó que se ha avanzado, aunque lento, en el tiempo de respuesta del Mecanismo a las solicitudes de protección, una vieja crítica a la institución, como fue reportado en un especial anterior del Centro Knight. Uno de los problemas, según Salamanca, es que la reacción en cada caso varía y, muchas veces, no parece obedecer a un parámetro equitativo. En situaciones más graves, la respuesta del Mecanismo tiende a ser inmediata, explicó.

“Sin embargo, en casos donde la agresión ocurrida no es tan grave de acuerdo con la valoración del Mecanismo (por ejemplo, amenazas de muerte a través de redes sociales) y si no son periodistas de mucho renombre, pueden llegar a tardar hasta dos días para contactar a las personas y eso impide que puedan prevenir agresiones más graves”, sostuvo Salamanca. Hay informes de periodistas, según dijo, que nunca tuvieron respuesta después de las solicitudes de protección.

Salamanca enfatizó que, para mejorar esta situación, el gobierno debe seguir las 104 recomendaciones hechas en agosto de 2019 por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México para fortalecer el Mecanismo. “Hasta el día de hoy, el gobierno mexicano no ha avanzado en la implementación de estas recomendaciones, [...] que con tanta urgencia necesita el periodismo mexicano”, comentó.

Foto de Sebastián Salamanca

Sebastián Salamanca, responsable del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 en México y Centroamérica. (Foto: Cortesía).

Flores, de RSF, también mencionó que el Mecanismo tiene “una serie de limitaciones”, entre ellas la falta de recursos humanos, lo que sería fundamental para hacer un seguimiento más eficiente de todos los casos. Sin embargo, dijo que esto no significa que el Mecanismo no cumpla su función. “Aunque algunos periodistas han sido asesinados, hay más de mil personas bajo su protección. Eso nos indica que el Mecanismo sí está funcionando, pero que tiene una serie de deficiencias que hay que revisar”, expresó.

Hasta junio de 2020, 1.258 personas se encontraban bajo protección, de ellas 396 eran periodistas y 862 defensoras de derechos humanos. El equipo que se ocupa de todos estos casos está formado por 42 personas.

El representante del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en México, Jan-Albert Hootsen, coincidió en que el Mecanismo no está cumpliendo suficientemente su función, pero argumentó que no es “por falta de voluntad”.

“El Mecanismo sólo es tan fuerte como el gobierno federal mexicano permite que sea. Y el gobierno mexicano no está suficientemente comprometido a la protección de los periodistas y eso se refleja en un desempeño insuficiente de instituciones como el Mecanismo”, contó a LJR.

A pesar de eso, Hootsen dijo que no es productivo culpar al Mecanismo por casos como el de Morrugares y Ávalos, porque eso no sería “contar toda la historia”. “Hay muchos matices ahí. El Mecanismo sólo funciona dentro de una estructura bien diseñada que se enfoca en protección, cuidado a víctimas, búsqueda de la verdad y procuración de Justicia”.

O representante do Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) no México, Jan-Albert Hootsen

Jan-Albert Hootsen. (Foto: Cortesía).

Tras las preguntas de LJR, el Mecanismo respondió que se encuentra en una etapa de fortalecimiento institucional. “Hay un incremento significativo de personal y durante los años 2019 y 2020, son los años con los que más recursos económicos se han dotado”, señaló.

Asimismo, la institución sostuvo que la violencia contra los periodistas “se encuentra en la agenda del gobierno como un tema de atención prioritaria y urgente”. Además, dijo que desde 2018 ha habido un aumento considerable de casos atendidos.

“En el año 2019 se registró el mayor número de casos incorporados al Mecanismo en toda su historia, pues se presentaron 184 incorporaciones, es decir, se incorporaron 74 casos más respecto al año 2018, lo que equivale a más del 50%”, respondió.

Según el Mecanismo, este crecimiento se relaciona con una “mayor confianza en las instituciones del nuevo gobierno; visibilización del Mecanismo a través de diversas fuentes de difusión; acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil", entre otras razones. También enumeró una serie de medidas de fortalecimiento, como asegurar la “atención inmediata de todas las solicitudes de intervención”, incluyendo las acciones preventivas. Finalmente, mencionó que el Mecanismo está cumpliendo con las 104 recomendaciones de la ONU.

Impunidad

Los expertos pueden diferir en sus evaluaciones del desempeño del Mecanismo, pero todos coinciden en que la institución por sí sola no es suficiente para prevenir los asesinatos. El Mecanismo es, según ellos, una institución reactiva, que lidia con las consecuencias de la violencia, pero que no ataca la raíz del problema: la impunidad. La función preventiva sería, en gran medida, responsabilidad del Poder Judicial, dijeron los expertos.

Según RSF, la tasa de impunidad por delitos de violencia contra periodistas en México supera el 90%. Para Hootsen del CPJ, ningún gobierno federal mexicano se ha dedicado realmente a crear políticas públicas para enfrentar este problema y, por lo tanto, el progreso es casi nulo.

“Es un tema muy complejo que tiene que ver con los cuerpos policiacos, la capacitación y el fondeo de las diferentes instituciones que se dedican a la procuración de justicia”, dijo Hootsen.

Flores, de RSF, explicó que las medidas de protección son un medio, no un fin, y que los problemas fundamentales, relacionados con la justicia y la seguridad, persisten. Menciona, por ejemplo, el atentado que sufrió Morrugares en 2016. “Obviamente esos hechos no se investigaron, nunca se llegó a nada. Ahí tenemos ya un problema”, expresó.

En Guerrero, la situación se ha agravado. Según Artículo 19, hubo un aumento del 66% en los ataques a la prensa en el estado en 2019, en comparación con el año anterior.

Según Salamanca, Guerrero vive actualmente una disputa muy violenta entre diversos grupos del crimen organizado y el narcotráfico, que quieren tomar el poder político y económico en la región. En este contexto, la prensa local es sumamente vulnerable, porque necesita informar sobre estos delitos y, precisamente por eso, comienza a sufrir todo tipo de presiones por parte de estos grupos para publicar o dejar de publicar cosas.

Por tanto, el caso de Morrugares no es aislado, dijo Salamanca. “Yo pensaría que la vasta mayoría de los periodistas en Iguala están, en este momento, sufriendo algún tipo de amenaza de algún tipo de actor armado”.

fachada do Diario de Iguala

Fachada del Diario de Iguala. (Foto: Facebook).

Pocos días después del asesinato de Morrugares, el 4 de agosto, la fachada de la redacción del Diario de Iguala fue baleada en un ataque armado. El Mecanismo señaló que ha implementado medidas, en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero, para fortalecer la seguridad de los periodistas en la región, incluidos los profesionales del periódico que sufrió el atentado.

Según Hootsen, un agravante es que Iguala tiene menos de 200 mil habitantes y, por tanto, es fácil localizar a los periodistas y sus medios. “Hay un círculo vicioso de violencia que está básicamente fuera de control”, relató.

Una medida común para proteger a los periodistas en este tipo de regiones es la reubicación, es decir, el traslado del profesional a otra ciudad o estado por parte del Mecanismo. Para Hootsen, casos como el de Morrugares muestran que es necesario invertir en un plan de vida para el periodista mientras está en calidad de refugiado. Especialmente para los reporteros de los periódicos locales, se vuelve muy difícil mantener la cobertura sin poder hacer trabajo de campo. Sin ingresos o sin perspectiva, muchos periodistas tienden a regresar, a pesar del riesgo.

Por ello, Salamanca explicó que la reubicación debe ser la última opción, porque genera trauma y muchas veces hace inviable el trabajo del periodista. En México, añadió, esta medida se ha utilizado en exceso, como si fuera una solución fácil. “El gobierno está pensando demasiado en desplazar a la gente y poco en buscar qué medidas de protección pueden implementar para que la gente pueda continuar haciendo su trabajo periodístico sin ser asesinado”, subrayó.

 

Este artículo fue escrito originalmente en portugués y fue traducido por Paola Nalvarte.

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