“A un mes del 3 de enero, el espacio informativo venezolano no muestra señales de recomposición. Lo que se ha desplegado desde entonces es una secuencia de hechos que confirma la persistencia de un entorno adverso para el ejercicio del periodismo, marcado por controles directos, sanciones administrativas, advertencias públicas y un uso reiterado de la fuerza estatal como mecanismo de disuasión informativa.
Este escenario se vio reforzado por la declaratoria de Estado de Conmoción Exterior, mediante el Decreto N.º 5.200, que estableció un régimen de excepción de alcance nacional por 90 días, prorrogables. […] Disposiciones como la posibilidad de perseguir a quienes ‘promocionen o apoyen’ acciones militares, sin delimitar estos conceptos, abren la puerta a interpretaciones arbitrarias que pueden alcanzar opiniones, análisis o coberturas periodísticas, reforzando un clima de miedo y autocensura en un contexto ya marcado por la debilidad institucional y la ausencia de controles efectivos.
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En el caso específico del periodismo, las liberaciones no alteraron el cuadro general. El periodista Rory Branker permanece privado de libertad y están intactos los mismos tribunales, las mismas figuras penales y las mismas lógicas de castigo selectivo que permitieron las detenciones arbitrarias. En este sentido, las excarcelaciones operaron como decisiones coyunturales, no como una rectificación estructural de las prácticas de criminalización del ejercicio informativo.”
