El 5 de marzo de 2025, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, dedicado a la búsqueda independiente de personas desaparecidas en México, ingresaron al Rancho Izaguirre, un predio abandonado en el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, tras recibir varias llamadas anónimas que alertaban sobre la posible existencia de restos humanos en el sitio.
Durante el recorrido, transmitieron en vivo en redes sociales lo que encontraban: decenas de prendas de vestir, maletas, cobijas y objetos personales. Días después, autoridades mexicanas confirmaron que el sitio había sido un centro de adiestramiento forzado de un cártel del narcotráfico.
Ángel Abundis, sociólogo y programador de Tejer.Red, un colectivo de activistas y desarrolladores que apoya la búsqueda de personas desaparecidas con herramientas de código abierto, vio esas transmisiones y pensó en cómo aprovechar ese material. Descargó los videos y desarrolló una herramienta con la que familiares pudieran identificar en las imágenes prendas de sus seres queridos desaparecidos. Sin embargo, la baja calidad de los videos dificultaba la tarea.
El programador y activista Ángel Abundis creó un catálogo en línea para ayudar a las familias de personas desaparecidas a buscar prendas encontradas en un predio del narcotráfico. (Foto: Captura de pantalla)
Cuando las autoridades aseguraron el lugar, la Fiscalía de Jalisco publicó una base de datos con descripciones y fotografías de casi 500 prendas recuperadas. Aunque la información estaba abierta al público, el sistema no facilitaba la búsqueda: era necesario abrir cada enlace de forma individual. Abundis desarrolló entonces una segunda aplicación que descargaba y organizaba las imágenes en un catálogo que permitía filtrarlas por tipo de prenda, color, talla y marca.
“Lo primero y más importante eran las imágenes de las prendas, para que los familiares pudieran identificarlas y de ahí pudieran filtrarlas para facilitar esta búsqueda”, dijo Abundis a LatAm Journalism Review (LJR). “Esto, retomando los esfuerzos del colectivo Guerreros Buscadores, que tenían que ver con compartir lo que encontraron en este lugar”.
Con ese catálogo nació “Las prendas hablan”, un proyecto periodístico colaborativo en el que periodistas, programadores y colectivos de búsqueda unieron esfuerzos para tratar de reconstruir historias de desaparición en México a partir de las prendas halladas en el rancho. Con herramientas tecnológicas y métodos de crowdsourcing, la iniciativa buscó identificar posibles víctimas, documentar patrones de reclutamiento forzado y presionar a las autoridades para esclarecer lo ocurrido en el sitio.
“El objetivo es la construcción de memoria”, dijo a LJR Darwin Franco, coordinador de información del medio nativo digital de periodismo de investigación ZonaDocs. “Entender cómo desaparecieron estas personas cuyas prendas fueron identificadas, dónde desaparecieron y cómo es que sus pertenencias fueron a parar al Rancho Izaguirre”.
Franco también estaba cubriendo los hallazgos en el rancho cuando Abundis lo buscó para mostrarle su herramienta y proponerle sumar esfuerzos. Lo primero que hicieron fue publicar el catálogo en ZonaDocs.
“Nosotros queremos que las prendas hablen en función de que se pueda contar una historia que permita conocer la verdad y que le permita a las familias buscadoras saber qué pasó”, agregó Franco.
Franco invitó al medio nativo digital Animal Político y al sitio de investigación especializado en lógicas de desapariciones A dónde van los desaparecidos a sumarse al naciente proyecto para llevar el tema más allá del impacto mediático y social que estaba teniendo.
El paso siguiente fue recurrir al crowdsourcing, la metodología con la que se involucra a la sociedad para obtener información para un trabajo periodístico. El equipo diseñó un formulario para que ciudadanos pudieran informar si reconocían algún objeto del catálogo. La gente debía responder qué prendas creían reconocer, a quién podrían pertenecer, si habían tenido acercamiento a autoridades sobre una desaparición y si estarían dispuestos a compartir su historia.
El equipo distribuyó el formulario entre los colectivos y familias buscadoras, dijo Franco. Luego, a partir de agosto de 2025, los periodistas socializaron las herramientas en otros espacios, como marchas, foros sobre desaparición y eventos de madres buscadoras en varios estados del país.
“Hicimos una difusión masiva para que las familias pudieran conocer el proyecto y si se interesaban o tenían la sospecha de que habían reconocido alguna prenda en el catálogo, pudieran llenar el formulario”, dijo a LJR la periodista independiente Neldy San Martín, integrante del equipo de “Las prendas hablan”. “A partir de esas respuestas que obtuvimos, dimos seguimiento a las historias y entrevistamos a las familias”.
Patricia Sotelo es una de las madres buscadoras cuya historia se cuenta en los reportajes de "Las Prendas Hablan". (Foto: Sharenii Guzmán)
Hasta el 25 de febrero de este año, el catálogo de “Las prendas hablan” había registrado casi 8 mil visitas y casi 60 mil búsquedas de prendas. El número de objetos en el catálogo fue aumentando hasta las casi mil 300 piezas, de acuerdo con el sitio web del proyecto.
La idea de investigar esas historias, dijo Franco, era vigilar si el gobierno realmente estaba haciendo un seguimiento del hallazgo de las prendas, y si permitiría que a través de esos objetos, las familias pudieran saber el paradero de sus parientes desaparecidos.
No obstante, lo que encontraron fue muy diferente. Del proyecto resultaron siete reportajes con historias de jóvenes que presuntamente fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado a través de falsas ofertas de trabajo, dijo San Martín. Y en ninguno de los casos las familias habían contado con cooperación de las autoridades, agregó.
“Las prendas hablan” expuso un diagnóstico más amplio sobre el papel de las autoridades en estos casos: la rendición de cuentas falló y hubo un abandono sistemático de las instituciones a las familias, dijo San Martín.
“Estas familias, en todos los casos, dijeron ‘reconozco una o varias prendas’. Sin embargo, las autoridades les ponían trabas”, dijo la periodista. “Empezamos a detectar un montón de fallas y omisiones por parte de las autoridades y también mucha indolencia. Las autoridades no estaban prestando atención a estas exigencias de las familias”.
Uno de los reportajes narra cómo Carmen Lucía Carrillo, madre del joven desaparecido Daniel Alberto Velasco, identificó en el catálogo un pantalón negro y un bóxer del mismo color que cree que pertenecen a su hijo, además de una cartera que reconoció en transmisiones del colectivo de buscadores en Facebook. Carrillo contó a los periodistas que funcionarios de la Fiscalía de Jalisco le pidieron una foto de su hijo usando esas prendas para permitirle acceder a ellas. La madre respondió que no la tenía.
Otro reportaje cuenta el caso de Rubí García, quien encontró en el catálogo una maleta y unos tenis que aparentemente pertenecían a su hermana Merari García, desaparecida en mayo de 2024. A diferencia del caso anterior, su familia sí contaba con fotografías de la joven con esas prendas, pero aun así no se les ha permitido ver los objetos, de acuerdo con el reportaje.
Para el equipo de "Las prendas hablan", el proyecto también dejó una lección sobre el papel del periodismo frente a ese vacío institucional.
“Periodísticamente hablando, creo que su principal aporte, además de exhibir todas estas omisiones sistemáticas, fue mostrar un patrón que llevamos ya varios años padeciendo en este país, de que las autoridades no dan seguimiento ni respuesta a las familias de personas desaparecidas”, dijo San Martín.
México enfrenta una crisis sostenida de desapariciones de personas que se ha agravado en las últimas décadas, en un contexto de violencia vinculada al crimen organizado, de acuerdo con Amnistía Internacional. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de ese país reporta más de 100 mil personas desaparecidas oficialmente. Organizaciones han documentado fallas estructurales en la investigación, la identificación forense y la atención a víctimas, lo que ha contribuido a altos niveles de impunidad e incertidumbre para miles de personas en el país.
San Martín agregó que, un año después de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, las autoridades no han dado a las familias que identificaron prendas ningún tipo de confirmación o descarte de que los restos óseos encontrados en el rancho corresponden a sus familiares desaparecidos.
El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum urgió a la FGR a hacerse cargo de la investigación, la cual, según dijo, presentaba "muchos problemas". Un año después, el 5 de marzo de 2026, la FGR informó que el análisis genético de los restos óseos no había arrojado un "resultado concluyente que permitiera su identificación".
Colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco sostuvieron que en el Rancho Izaguirre hallaron también otros indicios, como restos calcinados y supuestos hornos improvisados, que indicarían que el sitio funcionaba también como posible campo de exterminio de un cártel. Sin embargo, la FGR rechazó esa versión por falta de evidencia concluyente.
“Las familias que identificaron prendas no quieren que les digan que su hija o hijo estuvo ahí, quieren que les digan que no estuvo ahí”, dijo San Martín. “Pero no hubo nada de eso, o sea, sigue la incertidumbre a un año. [...] El tema quedó en el olvido y quisieron darle carpetazo”.
En el rancho Izaguirre se localizaron más de 1,800 prendas.
Ante la falta de claridad oficial se creó un catálogo público que ha sido visitado 59,361 veces.Las familias buscadoras han reconocido algunas prendas, conoce más en #LasPrendasHablan, un proyecto de @pajaropolitico,… pic.twitter.com/iFLSDGoxdE
— Animal Político (@Pajaropolitico) March 5, 2026
En el año que ha transcurrido, en México sucedieron hechos que directa o indirectamente complicaron el trabajo periodístico de “Las prendas hablan”.
La opacidad que los reporteros encontraron en las autoridades se complicó con el desmantelamiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el organismo autónomo que se encargaba de garantizar el derecho de acceso a datos públicos en México.
El equipo envió decenas de solicitudes de información, pero las autoridades las rechazaron bajo el argumento de que los datos formaban parte de una investigación judicial en curso, dijo San Martín. El equipo considera que la información solicitada, que incluía el número total de prendas halladas y datos sobre la cadena de custodia en su traslado a la sede de la FGR en Ciudad de México, es información que las autoridades estaban obligadas por ley a transparentar, dijo San Martín.
La periodista agregó que las oficinas gubernamentales los referían de una autoridad a otra, y todas terminaban deslindándose de brindar la información. Además, las dependencias también negaron solicitudes de entrevistas con funcionarios.
“Al ya no existir el INAI, se hace complicado insistir o exigir que te den una información, porque finalmente [ahora] es la Secretaría Anticorrupción del propio gobierno la que decide si se entrega o no una información”, dijo San Martín. “Antes era mucho más fácil porque teníamos un INAI que decía ‘Fiscalía, entrégale la información. Es un derecho’”.
Desde el hallazgo del rancho, la violencia repuntó en varios estados mexicanos, entre ellos Jalisco. El abatimiento en febrero de 2026 del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo criminal predominante en esa entidad, provocó una ola de violencia que obligó a colectivos de búsqueda a detener sus actividades. San Martín dijo que, aunque el hecho aconteció en la parte final de “Las prendas hablan”, las fuentes y el equipo llegaron a sentir temor por el contexto general de violencia.
Además, la periodista dijo que aunque muchas personas consultaron el catálogo de prendas, muy pocas accedieron a compartir su historia. El equipo lo atribuye también al miedo.
Ante los obstáculos y el vacío de información oficial, el trabajo de los periodistas con las familias y colectivos de búsqueda fue crucial, coincidieron Franco y San Martín.
“Como las autoridades no han dado una explicación pública, detallada de qué es lo que pasó, lo que sabemos, casi en su mayoría, es por los colectivos, que nos han estado dando información, porque han ido a las audiencias [sobre el caso]”, dijo San Martín. “Cuando hay tanto horror en un país, las redes, el trabajo colaborativo y el acompañamiento a los colectivos y a las familias finalmente es lo que nos termina salvando”.
