Defensores de los derechos de periodistas elogian la medida, pero afirman que llega con retraso y están analizando detenidamente cómo se aplica en todo el país.
Miembros de organizaciones de periodistas y derechos humanos viajaron a Brasilia este mes para firmar directrices sobre cómo las autoridades brasileñas comparten información y coordinan las investigaciones de delitos contra periodistas.
En una ceremonia celebrada el 7 de abril, Día del Periodista, el Ministro de Justicia, Wellington Silva, firmó una medida que establece directrices nacionales dentro del Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), creado en 2018. Se denomina Protocolo Nacional de Investigación de Crímenes contra Periodistas y Comunicadores.
“Investigar adecuadamente significa comprender el contexto de la actividad periodística; preservar las pruebas; escuchar a las víctimas y testigos en un entorno seguro; evitar la revictimización; proteger la confidencialidad de las fuentes; y actuar con urgencia”, dijo Silva en la ceremonia.
Muchos defensores de la libertad de prensa acogieron con beneplácito la iniciativa como un paso hacia la reducción de la impunidad de los delitos contra periodistas. Otros señalaron que la medida era necesaria desde hacía tiempo y advirtieron que su impacto dependerá de cómo se apliquen las directrices, y de si se aplican.
En un comunicado a LatAm Journalism Review (LJR), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indicó que los estados brasileños y el Distrito Federal no están obligados automáticamente a adoptar las nuevas normas.
Marcelo Rech, presidente de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ), dijo a LJR que, si bien Brasil cuenta con importantes garantías constitucionales para el ejercicio del periodismo, hasta ahora no existía un protocolo nacional para investigar los delitos contra periodistas dentro del sistema de seguridad pública.
“Actualmente, en la mayoría de los casos, los episodios de violencia se tratan como delitos comunes, sin directrices específicas para evaluar la relación entre el delito y el ejercicio de la actividad periodística”, dijo Rech. “Y la impunidad es muy alta”.
Samira de Castro, actual presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), señaló que este protocolo representa un hito sin precedentes en el contexto de las políticas públicas nacionales.
“Esta es una demanda que la organización ha venido presentando desde 2013, cuando las protestas de junio pusieron de manifiesto una escalada de violencia contra periodistas”, declaró a LJR.
Desde entonces, según ella, la federación ha estado sistematizando datos, denunciando casos y abogando por la creación de mecanismos institucionales de protección y lucha contra la impunidad.
“Esto no surgió de la nada. Es el resultado de más de una década de activismo, investigación de datos y presión institucional”, explicó Castro, añadiendo que sus informes anuales ayudan a orientar el protocolo al exponer patrones de violencia, perfiles de víctimas y fallas recurrentes en las investigaciones.
Fue una falla notoria la que impulsó el desarrollo del protocolo: el asesinato del periodista Pedro Palma, dijo Dyego Pegorario, coordinador de articulación del Instituto Vladimir Herzog.
La noche del 13 de febrero de 2013, Palma fue asesinado a tiros en Miguel Pereira, en el interior de Río de Janeiro. Según la policía, dos individuos en motocicleta le dispararon tres veces frente a su casa. Nueve años después, la investigación seguía abierta y nadie había rendido cuentas.
“En aquel entonces, Reporteros Sin Fronteras, Free Press Unlimited, Abraji, etc., elaboraron un informe que señalaba que la impunidad en el caso se debía a que, durante el proceso de investigación, se ignoró el papel de Pedro Palma como periodista”, dijo Pegorario a LJR.
Añadió que existe la percepción generalizada de que los crímenes contra periodistas quedan impunes —tanto para los perpetradores como para los autores intelectuales— precisamente porque esta información se ignora en la investigación.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al menos 44 periodistas y profesionales de la prensa han sido asesinados en Brasil desde 1992 por motivos relacionados con su trabajo.
Datos más recientes sobre violaciones a la libertad de expresión en Brasil indican 66 casos de violencia no letal en 2025, que afectaron al menos a 80 profesionales de los medios, según la Asociación Brasileña de Radiodifusores y Televisivos (Abert). El presidente de Abert, Cristiano Flôres, dijo que, a pesar de la reducción en el número de casos y víctimas en comparación con el año anterior, “la prensa sigue siendo blanco de la intolerancia hacia las opiniones disidentes, con ataques verbales, campañas de odio y acoso”.
Para periodistas, el protocolo representa un avance, pero los profesionales de comunidades marginadas y minorías tienen reservas.
“Cuando leí sobre el protocolo, pensé: ¿cuánto tiempo le tomó al Estado darse cuenta de que los periodistas necesitan protección específica?”, dijo a LJR la reportera independiente Paola Churchill, quien investiga ataques contra mujeres periodistas en Brasil.
“He cubierto temas de género durante años y he vivido situaciones que me hicieron cuestionar si valía la pena continuar”, dijo Churchill. “Medidas como esta son importantes como reconocimiento, pero el reconocimiento por sí solo no protege a nadie. Para las mujeres periodistas, el riesgo sigue siendo muy real, y un protocolo sin una aplicación efectiva cambia poco en nuestra vida diaria”.
La periodista indígena Grazy Kaimbé compartió con LJR que, actualmente, una de las mayores preocupaciones de su pueblo y de sus comunicadores y periodistas independientes es la expansión de las organizaciones de narcotráfico en sus territorios.
“En muchos de estos territorios, la presencia del Estado es precaria, por decir lo menos, lo que puede debilitar la efectividad del protocolo”, dijo. Para Castro, la preocupación de los freelancers y profesionales fuera de los grandes centros urbanos es legítima, ya que muchos de los casos más graves ocurren en el interior del país, involucrando a locutores de radio y comunicadores independientes, quienes cuentan con menor protección institucional.
“El protocolo, por sí solo, no resuelve el problema. Es una herramienta. Su efectividad dependerá de la adhesión de los estados, la capacitación de la policía, la acción del Ministerio Público y el Poder Judicial, y la presión constante de la sociedad civil”, dijo a LJR.
Actualmente, el protocolo aún es una guía y requiere regulación formal. Pegorario subraya la importancia de transformarlo en decreto.
“Ya estamos buscando desarrollar sesiones de capacitación en un futuro próximo con profesionales del derecho y funcionarios públicos, con el objetivo de capacitarlos para combatir la impunidad de los delitos contra periodistas y comunicadores, así como para enfrentar el acoso judicial, que es uno de los problemas que hemos visto intensificarse en el silenciamiento de periodistas y comunicadores en el país en los últimos años”, dijo.
Artur Romeu, director de la oficina para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, dijo a LJR que el protocolo fomenta los acuerdos entre organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de medios de comunicación y organismos internacionales.
“Los próximos pasos incluyen acciones de sensibilización en las redacciones, la creación de canales permanentes de diálogo y el fortalecimiento del Observatorio de Violencia contra Periodistas”, dijo. “El protocolo puede servir de base para una política nacional más amplia de protección de periodistas, articulada con los mecanismos existentes, como el programa de protección a defensores de derechos humanos, comunicadores y ambientalistas”.
Este artículo fue traducido con ayuda de inteligencia artificial y revisado por Silvia Higuera Flórez
