El Congreso peruano investigó las llamadas telefónicas de un grupo de periodistas que denunciaron en 2008 un caso de corrupción que comprometió a varios altos funcionarios del gobierno del entonces presidente Alan García, reveló el diario La República. La Comisión Luízar, creada para investigar la posible existencia de una red de interceptación telefónica relacionada con el caso, pidió secretamente que las empresas telefónicas proporcionar reportes históricos de los teléfonos de los periodistas para indagar sobre las fuentes que aportaron en la denuncia periodística, detalló el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
La República sostiene que los periodistas Fernando Rospigliosi, Pablo O'Brien, Laura Puertas y Fernando Ampuero, además de su asesor legal José Ugaz, “pasaron de investigadores a investigados”. Los reporteros destaparon la existencia de influencias y presiones en las licitaciones petroleras en Perú en octubre de 2008, en un caso conocido como “Petroaudios” y que desembocó en la caída del gabinete de García.
El ex congresista Walter Menchola Vásquez, quien fue uno de los miembro de la Comisión Luízar, justificó las indagaciones sobre los periodistas, la intromisión en su privacidad y la violación del secreto de comunicaciones y aseguró que todo se hizo de manera legal. “Los periodistas no son ángeles o querubines exentos de cometer algún delito; si no, no habría tantos juicios por difamación, calumnias y tanta cosa”, afirmó citado por La República.
Rospigliosi, quien declaró en el juicio que se sigue contra marinos y civiles por un caso de espionaje a través de la empresa Business Track señaló que la medida que permitió investigar sus comunicaciones entre 2006 y 2008 fue “injustificada y arbitraria”, según reporta Correo. “Eso es un atentado contra la privacidad y contra el periodismo por mis fuentes”, recalcó.
En ese sentido, el congresista Mauricio Mulder sostuvo que la Comisión Luízar va a tener que responder por los criterios que utilizó para levantar el secreto de comunicaciones a los periodistas, de acuerdo con diario La Primera.
Recientemente y en otra de las secuelas del caso, la Corte Suprema de Perú envió un proyecto de ley al Congreso que propone sancionar con prisión a quienes difundan comunicaciones privadas obtenidas mediante interceptaciones telefónicas ilegales.
