Desde que el presidente hondureño Porfirio Lobo asumió el cargo el 27 de enero de 2010, luego de unas elecciones cuestionadas, 16 periodistas en el país centroamericano han sido asesinados y ninguno de los crímenes ha sido resuelto. En un informe de 2010, el Comieté para la Protección de los Periodistas afirmó que "los asesinatos [de trabajadores de la prensa] ocurrió en una atmósfera políticamente candente de violencia y caos". Los matices políticos de la violencia han generado preocupación sobre la impunidad y la libertad de expresión en Honduras a raíz de el golpe de estado de 2009 que expulsó al presidente Manuel Zelaya del poder.
Este año, Honduras lidera la lista de amenazas contra periodistas y tiene la segunda tasa más alta de asesinatos de periodistas en América Latina. Pero mientras que la inseguridad en México—aún el país más peligroso para periodistas en la región—está estrechamente relacionada al narcotráfico, muchos críticos aducen las motivaciones políticas detrás del incremento de violencia en Honduras.
El gobierno hondureño atribuye los asesinatos a la "delincuencia callejera rutinaria" y al narcotráfico. Con la tasa de asesinatos más alta del mundo, eso puede tener sentido a primera vista. Manuel Torres del diario La Prensa, sin embargo, señala que las características de los asesinatos "sugieren ejecuciones sumarias en vez de delincuencia común”.
En una entrevista, Torres le dijo al Center Knight para el Periodismo en las Américas que el uso de armas de fuego ilegales, la participación de varios presuntos, la ausencia de robo, la asociación de las víctimas con el Frente Nacional de Resistencia Popular, y la evidencia de tortura en todos los casos, contribuyen a un esfuerzo organizado para intimidar al periodismo crítico y a la libertad de expresión de la oposición política. La falta de procesamientos sugiere una posible operación paramilitar que goza de impunidad.
“Yo no creo que haya una política de Estado que ordene la muerte de periodistas y organizadores sociales, pero eso no exonera al Estado de su responsabilidad de lo que ocurre,” dijo Torres.
“La violencia es representada como aleatoria pero la clara mayoría de blancos han sido periodistas, líderes de oposición y radios comunitarias urbanas y rurales," dijo la profesora de historia Dana Frank de de la Universidad de California en Santa Cruz en entrevista con el Centro Knight. Frank señaló que aunque el gobierno no ordene asesinatos directamente, se apalanca con la inseguridad que impera en el país como pretexto para incrementar la militarización y consolidar los intereses económicos arraigados en el país.
Al enmarcar la inseguridad en el ámbito del narcotráfico, comentó Frank, el gobierno ignora las verdaderas raíces económicas de la delincuencia: el desempleo. Honduras tiene una tasa de desempleo de 5.1% pero casi un tercio de la población está subempleada. “A duras penas tienen una economía funcional”, afirmó. “Los jóvenes no ven un futuro para sí mismos”.
Mientras que los empleos para la juventud son escasos, los organizadores del golpe de 2009 se cuentan con empleo bien remunerado. El General Romeo Vásquez Velásquez, uno de los principales organizadores del golpe y antiguo comandante máximo del ejército bajo el presidente Zelaya hasta ser despedido por rehusar participar en el controversial referendo sobre la reelección de Zelaya, fue puesto al mando de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel el 8 de marzo de 2010, luego de retirarse del ejército. Desde entonces ha expresado interés en postularse a la presidencia en las elecciones de 2013.
La conexión entre el ejército y los asesinatos permanece nebulosa pero sí existe una clara historia de interferencia gubernamental en los medios de comunicación de la oposición y de pueblos indígenas y afrodescendientes. La radio es un escencial medio de comunicación para la población hondureña, en su mayoría rural, y desde el golpe ha sido blanco de represión. El mismo día que Zelaya, aún en pijama, fue exiliado a la fuerza a bordo de un avión con destino a Costa Rica , el ejército ocupó Radio Progeso y cortó su señal. Poco después, en agosto de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) suspendió los derechos de transmisión de Radio Globo. A principios de 2011, CONATEL efectivamente prohibió la radio comunitaria al suspender todas las frecuencias radiales de baja potencia. La escalada de inseguridad y violencia también clausuró Radio Faluma Bimetu/Coco Dulcean, una estación garífuna afro-hondureña.
Luego del golpe, el gobierno de facto, liderado por Roberto Micheletti, era un paria en el hemisferio occidental y perdió su membresía en la Organización de Estados Americanos (OEA). Algunos grupos esperaban que los líderes de Honduras podían ser obligados a actuar si los países miembros de la OEA huiberan condicionado su re-incorporación a la mejora en cuanto a la libertad de expresión. Esas esperanzas fueron deshechas cuando Honduras fue readmitida en la OEA el 1 de junio de 2011, sin precondiciones con respecto a la prensa o la impunidad. El presidente Obama hasta alabó al presidente Lobo por su “fuerte compromiso con la democracia.”
Aunque los Acuerdos de Cartagena le hayan permitido al presidente Zelaya volver a Honduras y el país se cuente a sí mismo nuevamente como miembro de la OEA, los cinco periodistas hondureños asesinados hasta ahora en 2011, sumado al incremento de amenazas, demuestra que el país aún no inicia un nuevo capítulo. Casi dos años después del golpe, pareciera que poco ha cambiado desde que el Relator Especial de las Naciones Unidas Frank La Rue lamentó que, “no existe la libertad de expresión en Honduras […] para criticar a las autoridades de facto o el golpe de estado”.
