Dos días después que la ley acceso a la información pública entrara en vigor en Brasil, la divulgación de las fallas y puntos polémicos de la ley se dieron a conocer en el Foro del Derecho al Acceso a la Información Pública (FDAIP).
El miércoles 16 de mayo, el primer día de vigencia de la ley, la Contraloría General de la Unión (CGU), recibió más de 700 solicitudes, informó el diario Folha de São Paulo. Sin embargo, aunque el gobierno federal tenía preparada una estructura para recibir las solicitudes, algunos estados y municipios aún no han reglamentado la forma como la población puede tener acceso a la información, reportó el portal G1.
Un punto polémico del decreto firmado por la presidente Dilma Rousseff, se refiere a la confirmación de la divulgación de los salarios de los funcionarios públicos. La Confederación de Trabajadores del Servicio Público Federal (Condsef) criticó la medida, según el diario O Globo. Un análisis del FDAIP, a su vez, considera que la medida es loable pues coloca el derecho a la información pública por encima del derecho a la privacidad.
El hecho de que Brasil no haya creado un organismo específico responsable de la información y monitoreo del acceso a la información, es otro punto negativo de la ley brasileña, afirmó Thomas Blanton, director del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, en entrevista con el diario Estado de São Paulo.
Anteriormente, el politólogo canadiense Gregory Michener, en entrevista para Globo, dijo que la información obtenida por medio de la ley brasileña será de poca utilidad debido a la relación de dependencia entre los medios y los gobiernos estatales y locales.
El Foro del Derecho al Acceso a la Información Pública también criticó la falta de mención de la completa divulgación de las agendas de las autoridades del gobierno brasileño, lo que considera como un tema importantísimo para el control de la sociedad. No obstante, varios organismos y estados brasileños ya reglamentaron el acceso a la agenda completa de las autoridades gubernamentales, como es el caso del Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), según el sitio web de las mismas entidades.
