Por Júlio Lubianco y Marina Estarque
En una medida criticada por las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, el periodista estadounidense Glenn Greenwald fue acusado por el Ministerio Público Federal por su presunta participación con piratas informáticos que accedieron a mensajes intercambiados por varias autoridades a través de la aplicación Telegram, como el ministro de Justicia Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, quien lidera el grupo de trabajo para la Operación Lava Jato.
En un video publicado en Twitter, Greenwald dijo que el abogado Wellington Divino de Oliveira, quien firmó la denuncia, “está abusando de su cargo para atacar a sus enemigos políticos”.
“Es un ataque contra la prensa libre, contra nuestros reportajes, pero también contra la Policía Federal y el STF [Tribunal Supremo Federal], que dijo que yo no puedo ser investigado ni mucho menos acusado, por mi reportaje, porque es un violación del derecho constitucional a la libertad de prensa. Obviamente, esto es una represalia del gobierno de Bolsonaro. Nunca seremos intimidados por nadie (que esté) abusando del aparato del Estado”, escribió Greenwald vía Twitter.
Las conversaciones entre Dallagnol y otros miembros del grupo de trabajo, y con el juez Sergio Moro, ahora Ministro de Justicia, sirvieron de base para la serie de reportajes llamados Vaza-Jato, publicados por The Intercept Brasil, Folha de S.Paulo, Veja, UOL y El País Brasil.
The Intercept Brasil, un sitio periodístico fundado por Greenwald, alega que la serie está respaldada por “archivos grandes e inéditos, incluidos mensajes privados, grabaciones de audio, videos, fotos, documentos judiciales y otros artículos, enviados por una fuente anónima”. Posteriormente, el hacker que irrumpió en los teléfonos fue arrestado y confesó ser la fuente de The Intercept.
Los reportajes mostrarían la cercanía entre Moro y los fiscales de Lava Jato, cuestionando la imparcialidad del juez. Si se demuestra que Moro actuó de manera parcial, sus sentencias podrían ser anuladas. Tanto el exjuez como Dallagnol dijeron no reconocer la autenticidad de los archivos, pero señalaron que si fueran reales, no mostrarían ninguna ilegalidad.
Greenwald recordó que el fiscal Divino de Oliveira que firmó la denuncia, también causó controversia en diciembre de 2019 cuando solicitó la destitución del presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Felipe Santa Cruz, por las críticas hechas sobre el ministro de Justicia Sergio Moro. El Poder Judicial archivó la solicitud. A continuación, el video completo:
Sobre a notícia da denúncia do MPF: é um ataque a liberdade de imprensa, o STF, as conclusões da PF e a democracia brasileira.
Nos vamos defender uma imprensa livre. Não seremos intimidados pelo abuso do aparato do estado nem pelo governo Bolsonaro. pic.twitter.com/bQ8smWw2sm
— Glenn Greenwald (@ggreenwald) January 21, 2020
En un comunicado enviado a Folha, Greenwald dijo que la denuncia es una forma de intimidación. “Es un intento obvio de atacar a la prensa libre en represalia por las revelaciones que hemos publicado sobre el ministro Moro y el gobierno de Bolsonaro”, dijo.
El periodista sostuvo que continuará haciendo su trabajo. “No seremos intimidados por estos intentos tiránicos de silenciar a los periodistas. Ahora estoy trabajando en nuevos reportajes y continuaré haciendo mi trabajo periodístico. Muchos brasileños valientes han sacrificado su libertad e incluso sus vidas por la democracia brasileña, y siento la obligación de continuar ese noble trabajo”, afirmó.
En el pronunciamiento, Greenwald dijo que el presidente Jair Bolsonaro y sus partidarios no creen en la libertad de prensa y citó los ataques del jefe del Ejecutivo contra periodistas.
La denuncia se dio a pesar de una orden judicial de la Tribunal Supremo Federal aún en vigor, que “garantiza [el derecho] del periodista Glenn Greenwald de no ser investigado por la divulgación de información que preserva la confidencialidad de la fuente”, según explica una nota publicada en el sitio web del tribunal.
Los abogados de Greenwald, Rafael Borges y Rafael Fagundes, dijeron en una nota que recibieron con perplejidad la noticia de la denuncia. “Es un expediente torpemente hecho que tiene como objetivo no respetar la autoridad de la medida cautelar otorgada en reclamo del incumplimiento de un precepto fundamental, (ADPF) Nº 601, del Tribunal Supremo Federal, además de dañar la libertad de prensa y servir como un instrumento de disputa política”. La nota fue publicada en medios como Globo y Folha.
De acuerdo con los abogados, el propósito de la demanda es descalificar el trabajo periodístico de The Intercept Brasil. La defensa afirmó que está preparando una medida judicial adecuada.
En la investigación que siguió al hackeo de teléfonos celulares de las autoridades estatales brasileñas, la Policía Federal (PF) acusó a seis personas. La pesquisa de la PF indicó que no es “posible identificar la participación moral y material del periodista Glenn Greenwald en los crímenes investigados”.
Greenwald: “No he hecho nada más que mi trabajo como periodista”. (Vinicius Loures/Cámara de Diputados).
“Hace menos de dos meses, la Policía Federal, al examinar la misma evidencia citada por el fiscal, declaró explícitamente que no solo nunca cometí ningún delito, sino que también ejercí una extrema precaución como periodista [...]. Incluso la Policía Federal, bajo el mando del ministro Moro, señaló que estaba claro para cualquiera: yo no hice nada más que mi trabajo como periodista, éticamente y dentro de la ley”, escribió el periodista en una nota publicada por Folha.
En la denuncia, el abogado Divino de Oliveira considera que el contacto entre Greenwald y su fuente ocurrió durante la “práctica criminal”. Él pidió la apertura de un caso penal contra Greenwald por invasión e interceptación ilegal de las comunicaciones y asociación criminal. Contradictoriamente, también argumentó que la decisión del STF fue respetada, ya que el periodista no fue el objetivo de las investigaciones. Lea el informe completo.
Divino de Oliveira utilizó como argumento principal una conversación en la que Luiz Molição, también acusado, le pregunta a Greenwald si debe obtener datos de otras autoridades. El periodista le responde que no puede darle consejos, pero le asegura que ejercerá el derecho constitucional de proteger sus fuentes. Asimismo, acusó a Greenwald de ordenar a Molição que elimine los archivos.
Posteriormente a la denuncia, The Intercept Brasil publicó una nota en apoyo de su periodista. En él, el sitio web afirma que el fiscal intenta criminalizar el periodismo brasileño. “No hay democracia sin periodismo crítico y libre. La sociedad brasileña no puede aceptar abusos de poder como este”, dice el comunicado.
El medio también argumenta que los cargos son un acto político. “Es desconcertante que el Fiscal Federal esté desempeñando un papel claramente político, yendo en contra de la ausencia de evidencia informada en la investigación de la Policía Federal”, dijo.
La Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por su acrónimo en portugués) dijo, a través de un comunicado, que los cargos contra Greenwald violan la libertad de prensa.
Según la organización, las conversaciones presentadas como evidencia no confirman las acusaciones del fiscal de que el periodista había aconsejado al grupo que eliminara los archivos, con el objetivo de obstaculizar las investigaciones.
“El periodista solo dice que ya guardó los mensajes en un lugar seguro, que no ve la necesidad de que el grupo guarde los archivos y expresa su preocupación por proteger la identidad del grupo de Molição como fuente de los reportajes. Greenwald no sugiere ni ordena la destrucción del material. (...) El periodista no dice que el grupo deba eliminar los mensajes para evitar ser atrapado por las autoridades”, dijo Abraji.
La asociación también dijo que la denuncia tiene el único propósito de avergonzar y descalificar al profesional. “Dos veces, el fiscal se refiere a Greenwald con el término periodista entre comillas, como si no calificara como tal, y como si le correspondiera a un miembro del MPF definir quién es periodista y quién no”, escribió la entidad al tiempo que pidió al tribunal que rechace los cargos.
“Es absurdo que el Ministerio Público Federal abuse de sus funciones para perseguir a un periodista, violando, en consecuencia, el derecho de los brasileños a vivir en un país con una prensa libre y capaz de exponer irregularidades de funcionarios públicos”, dijo Abraji.
La Asociación Brasileña de Prensa (ABI, por sus siglas en portugués) también señaló que la denuncia es absurda y expresó su solidaridad con el periodista en un comunicado. “La denuncia, completamente inepta, representa un ataque a la Constitución brasileña, una falta de respeto por el STF y la Policía Federal, así como un intento grotesco de manipulación, para tratar de condenar al periodista”, indicó.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, también se manifestó en contra de la denuncia vía Twitter. “Los cargos contra el periodista @ggreenwald son una amenaza para la libertad de prensa. El periodismo no es un crimen. Sin periodismo libre no hay democracia”, dijo.
Según una publicación de Folha, el ministro Gilmar Mendes, del STF, consideró que la denuncia no respetó su decisión de agosto del año pasado. Ya Globo escuchó al ministro Marco Aurélio Mello, también del Tribunal Supremo. “Tengo mucho temor de que cualquier acción pueda implicar una inhibición del deber correcto de informar. Esto es malo para la sociedad”, dijo el ministro, quien subrayó que no había leído la demanda contra el periodista.
