Por Lucia Benavides
La policía allanó y confiscó material periodístico de la emisora de radio y sitio web de noticias La Brújula 24, de la ciudad de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La policía local llegó a la oficina de prensa con una orden judicial firmada por el juez federal Santiago Ulipano Martínez.
El ataque fue inmediatamente condenado por el Comité para la Protección de Periodistas ( CPJ ), quien insistió en que viola los principios básicos de la libertad de prensa, protegida por la Ley argentina.
"Instamos a las autoridades argentinas a devolver todo el material incautado y permitir que La Brújula 24 continúe informando sobre un caso de interés público sin más obstrucción y acoso", dijo Carlos Lauría, coordinador del programa para las Américas del CPJ .
Desde febrero de este año, La Brújula 24 comenzó a transmitir grabaciones de las llamadas telefónicas que involucran a Juan Ignacio Suris, un empresario encarcelado por cargos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico . Suris ha negado todos los cargos, insistiendo en que la cause "fue armada".
Si bien el gobierno argentino obtuvo las conversaciones a través de escuchas telefónicas que actualmente está utilizando en el caso Suris, no se sabe cómo La Brújula 24 obtuvo estas grabaciones. Las llamadas telefónicas que han sido transmitidas, además de ser incriminatorias contra Suris, implican a funcionarios policiales y gubernamentales.
El allanamiento, que se llevó a cabo el 28 de octubre, apuntó a una parte de una grabación que iba a ser difundida por La Brújula 24, en donde se escuchaba a un traficante de drogas no identificado -presumiblemente Suris- hablando de su amistad con un juez local.La estación había estado promoviendo la emisión de ese material, pero la policía intervino 2 días antes de la fecha prevista para su publicación.
Según Germán Sasso, uno de los directores de La Brújula 24, el juez Martínez ordenó el allanamiento con el objetivo de descubrir la fuente que filtró las grabaciones a la cadena de noticias. El juez, sin embargo, afirmó que las órdenes vinieron de la Oficina del Fiscal General. Después de irrumpir en el edificio, las autoridades buscaron en las computadoras, memorias USB y distintos materiales periodísticos, en busca de información relacionada con las grabaciones de Suris.
"El mismo juez que autorizó el allanamiento al medio decidió no asaltar las casas de los agentes de policía implicados en la supuesta red de protección política", dijo a La Nación Sasso. "Estamos muy preocupados", agregó.
Los abogados que representan a La Brújula 24 planean presentar una solicitud para anular el allanamiento, bajo argumento de que viola los derechos constitucionales de la publicación. "Los periodistas tienen una protección constitucional, pero el juez no parece entenderlo", agregó Sasso.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
