Poco después de que el Ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, la señalara como parte de un “cartel de la mentira”, y frente a las amenazas por parte del gobierno, la periodista boliviana Amalia Pando solicitó protección a su labor periodística ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un pedido de medida cautelar, informó la agencia EFE.
Los medios que el 19 de mayo Quintana calificó de mentirosos son los diarios Página Siete y El Deber, la Agencia de Noticias Fides (ANF) y la red de emisoras Erbol. Además de Pando, el ministro también acusó a los periodistas Andrés Gómez, Carlos Valverde y Raúl Peñaranda de hacer un trabajo de desestabilización en contra del gobierno del presidente Evo Morales, publicó ANF.
Pando también solicitó protección de la CIDH - comisión internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) - para la coordinadora de su programa radial Roxana Lizárraga y para el periodista Carlos Valverde, según ANF.
“He pedido protección en mi labor periodística, no sé si me la dé, no sé si me la conceda, pero creo que es un derecho que tengo ante la cadena de amenazas del gobierno, amenazas de procesarnos y meternos presos”, dijo Pando el pasado martes 21 de junio en el canal de Youtube del programa periodístico radial de análisis político que ella conduce, Cabildeo.
El periodista Valverde fue el primero que en febrero de este año publicó el certificado de nacimiento de un supuesto hijo del presidente Morales con su expareja Gabriela Zapata.
Valverde denunció así presunto tráfico de influencias del presidente Evo Morales por haber favorecido a la sucursal boliviana de la empresa china CAMC Engineering Co. LTD., mientras Zapata era gerente comercial, con al menos cinco contratos del Estado, valorizados en más de US$ 500 millones, según El Deber.
Por temor a ser encarcelado, el presentador de televisión Carlos Valverde dejó el país, sin embargo, aseguró que continuará informando sobre el caso de Gabriela Zapata desde donde esté.
A su vez, varios medios de comunicación, como el portal noticioso Página Siete, informaron que el miércoles 15 de junio el vicepresidente Álvaro García Linera amenazó con encarcelar a opositores, abogados y medios de comunicación, llamándolos “mafia mediática-política”, “por conspirar” contra el presidente Evo Morales al involucrarlo en el caso de la empresaria Gabriela Zapata.
Respecto al lenguaje utilizado por el gobierno en contra de la prensa, el periodista Raúl Peñaranda, editor general de ANF, en entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas dijo: “La escalada en la retórica es tan seria, que incluso se ha usado la palabra ‘perros’ para identificar a los periodistas críticos del país”.
Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó la descalificación e intimidación a los medios de prensa y periodistas bolivianos por parte del gobierno.
“Condenamos profundamente que el gobierno siempre intente estigmatizar a la prensa, llamándola ‘cartel’, como si se tratara de delincuentes, justificando así procesos penales que no se compadecen en nada con los que estipula la Ley de Imprenta vigente en el país, y los principios interamericanos sobre libertad de prensa”, declaró Claudio Paolillo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En la opinión de Peñaranda, la calidad de la democracia “ha decaído notablemente” en Bolivia.
La expareja de Evo Morales, detenida en prisión, está siendo procesada por varios delitos como enriquecimiento ilícito usando bienes del Estado y tráfico de influencias.
Aparte de las “agresiones verbales”, sostuvo Peñaranda, la estrategia de acoso a los medios de comunicación independientes por parte del gobierno tiene otros flancos. Explicó que los medios que tienen una línea editorial simpatizante con el oficialismo reciben “millonarios contratos anuales de publicidad estatal”, contrariamente a lo que sucede con los medios críticos al gobierno, que hasta reciben multas ilegales por parte de diferentes entidades gubernamentales.
Para el gobierno, las informaciones que relacionan a Evo Morales con el caso Zapata provocaron su derrota en el referendo realizado el 21 de febrero, a través del cual Morales pretendía modificar la constitución para poder volver a ser candidato a la presidencia de Bolivia en 2019, informó EFE.
Al respecto, Pando dijo que para el gobierno, cualquier investigación sobre el tema “es un delito”, porque para el Estado, “la libertad de expresión es un delito”, publicó EFE.
Por su parte, Peñaranda explicó al Centro Knight que la estrategia de amedrentamiento del gobierno hacia los medios y periodistas independientes tiene como fin “preparar el terreno” para volver a convocar este año otro referendo, luego de perder el 21 de febrero, que habilite a Evo Morales a postular por cuarta vez a la presidencia de Bolivia.
Otro periodista que dejó Bolivia recientemente fue Wilson García Mérida, director del diario Sol de Pando, luego de que el ministro de la Presidencia interpusiera una demanda en su contra, por sedición.
Pando, según publicó El País On Line, afirmó que no se irá del país, pero que se siente amenazada como Wilson García y Carlos Valverde y como “muchos periodistas que todos los días cubrimos [noticias] bajo la amenaza de ser detenidos”.
Por otro lado, el programa que conduce Pando también informó que los directores del diario Página Siete y de ANF, Juan Carlos Salazar y Sergio Montes respectivamente, además de los periodistas Andrés Gómez y Raúl Peñaranda se reunieron con Denise Racicot, un alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la ciudad de La Paz.
Racicot recibió del grupo de periodistas y directores de medios una carta en la que solicitan el envío de un Relator Especial para la Libertad de Expresión a Bolivia, que compruebe in situ las acciones de amedrantamiento y presiones diversas que el Estado está ejerciendo contra la prensa independiente en el país.
“Los periodistas amenazados seguiremos trabajando en Bolivia a favor de una sociedad más democrática y más pluralista”, enfatizó Peñaranda al Centro Knight, y agregó que mantendrán su postura de defensa de la libertad de expresión y de prensa.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
