*Este artículo fue actualizado.
“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”.
Esas fueron las palabras que la periodista Lourdes Maldonado le dijo, cara a cara, a Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019, durante una de las conferencias de prensa matutinas que el Presidente de México ofrece todos los días en Palacio Nacional, en Ciudad de México.
Menos de tres años después, la comunicadora sería asesinada a tiros afuera de su casa, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Este fue el tercer asesinato de un periodista en México en las primeras semanas de 2022, el segundo en pocos días en Tijuana, luego de la muerte del fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez el 17 de enero. Días antes, el 10 de enero, el periodista José Luis Gamboa había sido asesinado en el estado de Veracruz.
Lourdes Maldonado había pedido protección personalmente al Presidente de México en 2019. (Captura de pantalla)
Maldonado llevaba más de cuatro décadas de carrera en el periodismo. Trabajó en grandes medios de comunicación, como Televisa y Radio Fórmula, así como en medios locales de su estado natal, Baja California. Antes de su muerte, conducía el programa “Brebaje”, que se transmitía lunes, martes y miércoles a la 1:00 pm en radio y a través de Internet y el cual presentaba noticias locales.
Unas horas antes de perder la vida, la tarde del domingo 23 de enero, Maldonado habló por teléfono con Esaú, integrante de su equipo de producción, sobre los contenidos de su programa del lunes siguiente. Sin embargo, esa emisión ya no alcanzó a salir al aire.
El último programa que realizó Maldonado, el miércoles 19 de enero, fue dedicado a la memoria del fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez, asesinado dos días antes. Ambos comunicadores habían sido colaboradores de la cadena Primer Sistema de Noticias (PSN), con la que Maldonado sostuvo una demanda laboral por casi una década. La periodista clamó justicia en su programa por la muerte de su colega.
Un día después, Maldonado se unió a decenas de periodistas, fotógrafos y comunicadores de ambos lados de la frontera México-Estados Unidos para realizar una vigilia en honor a Martínez en la zona de Tijuana conocida como Las Tijeras. Entre imágenes del fotoperiodista, veladoras y flores, los asistentes dijeron que realizarían protestas para pedir justicia y Maldonado propuso incluso la creación de un concurso de fotografía para recordar a su compañero.
“Fue una comunicóloga sin precedentes, fue una mujer luchona, entregada, apasionada, visionaria, con un estilo único de comunicar la noticia”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Verónica Sánchez, directora de Sintoniza sin Fronteras, la asociación civil que apoyaba a Maldonado en la producción de su programa. “Sin lugar a dudas fue una mujer guerrera, siempre pugnando por los derechos de los demás y eso a mí me apasionaba y por eso sumé voluntades con ella y decidimos trabajar en conjunto".
Durante seis años, Maldonado laboró en PSN, cadena fundada por el ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla, quien pertenece al partido político del presidente López Obrador (Morena). La periodista mantuvo una batalla laboral durante nueve años contra la televisora por despido injustificado y adeudos de salario. El pasado 19 de enero, Maldonado había anunciado a través de un video que las autoridades habían fallado a su favor.
El último programa de Maldonado fue dedicado a Margarito Martínez, otro periodista asesinado en Tijuana. (Foto: Facebook)
En el video, su abogado explicó que, tras la negativa de PSN a acatar el fallo, la ley procedía a señalar un embargo en el que la comunicadora sería designada como depositaria.
La tarde del 23 de enero, Maldonado recibió varios impactos de bala en la cabeza mientras circulaba en su automóvil cerca de su casa. Su atacante huyó a bordo de un taxi, según la Fiscalía General de Baja California. La periodista estaba inscrita en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno federal.
Cuestionado sobre los hechos a la mañana siguiente, el Presidente de México pidió no adelantar juicios ni relacionar el crimen con la batalla legal que enfrentaba Maldonado contra el ex Gobernador.
“No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen. No es responsable adelantar ningún juicio. Hay que esperar (...) No habrá impunidad”, dijo López Obrador.
Horas después, en una entrevista con Grupo Fórmula, el ex Gobernador Bonilla rechazó estar involucrado con el homicidio, aunque reconoció la victoria judicial en favor de Maldonado y aseguró que la resolución de ese proceso estaba en trámite.
Cuando Maldonado le planteó su caso al Presidente López Obrador en 2019, había dicho que estaba pidiendo apoyo porque Bonilla “era un personaje fuerte en la política” que no pretendía pagarle.
Cuando dio a conocer el embargo sobre PSN, Maldonado dijo ante su abogado que ayudaría a dar a conocer los supuestos abusos laborales que la empresa ejercía sobre sus empleados, los cuales ella también sufrió.
“[PSN] Nunca pagó seguro social, nunca pagó [el fondo para la vivienda] Infonavit y nunca pagó Afore [fondo para el retiro]”, dijo la periodista en el video que subió a redes sociales. “No existe nómina de empleados porque les pagan en un sobrecito. Yo sé, y me consta, que no pagan nada”.
“Sin lugar a dudas hoy abanderamos esta lucha que ella estuvo pugnando, porque se hiciera justicia, porque fuera justo para todos los periodistas. Es una sensación de impotencia porque al final del día vemos un sistema que sin lugar a dudas tiene muchos huecos y no es justo”, agregó Sánchez, quien colaboró por un poco más de un año con Maldonado.
Las autoridades en materia laboral fallaron en favor de la periodista en un litigio contra una televisora. (Captura de pantalla)
La cadena PSN dijo lamentar las muertes tanto de Maldonado como de Martínez y se sumó a los clamores de justicia por los crímenes contra ambos comunicadores.
“Exigimos justicia y el esclarecimiento de su muerte, que se suma a la de otro de nuestros compañeros, pues Margarito Martínez también era colaborador nuestro”, dijo a LJR Juan Arturo Salinas, director general de la empresa. “Es muy lamentable que una colega haya perdido la vida en estas circunstancias. Su muerte enlutece a nuestro gremio, que ya estaba muy lastimado”.
Muertes desatan indignación y alarma
El martes 25 de enero, periodistas y ciudadanos de al menos 27 de las 32 entidades federativas de México realizaron vigilias y protestas por los asesinatos de periodistas de las últimas semanas. Comunicadores y activistas convocaron a un día de movilización nacional para mostrar repudio ante el reciente incremento de violencia contra la prensa en el país.
Con hashtags como #NoSeMataLaVerdad, #PeriodismoEnRiesgo y #NiSilencioNiOlvido, la protesta llegó también a las redes sociales.
Lourdes Maldonado es la tercera comunicadora que pierde la vida de forma violenta en menos de un mes en México, lo cual también ha encendido las alertas de organismos nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), los cuales publicaron respectivos comunicados repudiando el grave repunte de violencia contra los periodistas en poco tiempo y exigiendo justicia.
El 17 de enero, el fotoperiodista especializado en asuntos policiales Alfonso Margarito Martínez fue asesinado también en Tijuana. Martínez, quien trabajaba para el Semanario Zeta, recibió dos balazos al salir de su casa para dirigirse a una cobertura. Apenas un mes antes, el periodista había solicitado protección al gobierno de Baja California, pero su solicitud no fue procesada debido al cambio de administración local. También pidió ser sumado al Mecanismo de Protección federal, pero eso no sucedió, según el comunicado de RSF.
“Alfonso siempre había tenido problemas con la policía por los temas que trataba. En 2019, agentes policiales intentaron confiscarle su equipo; sufrió varios incidentes como éste”, dijo la periodista Adela Navarro, directora del Semanario Zeta, a RSF.
Una semana antes, el 10 de enero, el periodista independiente José Luis Gamboa fue encontrado sin vida cerca de su domicilio en el estado de Veracruz, con signos de un ataque a puñaladas. Gamboa era director del medio digital Inforegio-Netword y del semanario El Regional del Norte. Días antes, el periodista había publicado críticas por el alza de asesinatos y por la supuesta protección de las autoridades del Puerto de Veracruz a grupos delincuenciales.
La Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz dijo que Gamboa no tenía antecedentes de agresiones o amenazas y que no era beneficiario de ningún mecanismo de protección.
Apenas unas horas después de las movilizaciones por la violencia contra periodistas, un grupo armado atacó a tiros al periodista indígena José Ignacio Santiago Martínez sobre la carretera Yosonicaje-Tlaxiaco, en la región Mixteca de Oaxaca, informó la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado.
Según el reporte oficial, la madrugada del 26 de enero sujetos dispararon contra Santiago desde un taxi en movimiento. El comunicador, quien está bajo el mecanismo de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos y viajaba con dos guardaespaldas, resultó ileso.
México ocupa el lugar 143 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de RSF. La organización registró siete asesinatos de comunicadores en ese país el año pasado. Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ubicó a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina en su censo de 2021.
México ocupa el lugar 143 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras. (Foto: Reporteros Sin Fronteras)
“2022 se ha estrenado con un baño de sangre para el periodismo mexicano. Estos asesinatos, cometidos con tan solo una semana de diferencia, hacen presagiar otro año sangriento para la libertad de prensa en el país. Sin embargo, esta violencia que se ceba con los periodistas y la impunidad que habitualmente la sucede no deben considerarse como una mera fatalidad. Las autoridades federales y la policía de Veracruz y Baja California tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para identificar y detener a los autores de estas ejecuciones cobardes. Los mecanismos de protección también deben reforzarse”, dijo el director de la Oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié, en un comunicado.
La SIP también condenó los asesinatos y expresó solidaridad a los familiares de los periodistas mexicanos.
"Cada asesinato de un colega refleja la gravedad de la violencia contra los periodistas en el país", dijo Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP a través de un comunicado.
La SIP reiteró su crítica sobre la ineficacia del mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación de México, sobre todo en el caso de Maldonado, quien públicamente había expresado que temía por su vida.
* Este artículo fue actualizado con datos sobre las protestas del martes 25 de enero y sobre el ataque al periodista José Ignacio Santiago en Oaxaca.
