Un comentario de un lector desencadenó una investigación periodística que llevó a la detención de 36 candidatos para las próximas elecciones municipales en Brasil. Con órdenes de arresto pendientes por diversos cargos, que iban desde la falta de pago de pensión alimenticia hasta homicidio -estos candidatos hacían campaña en las calles y en las redes sociales.
“Recibimos una denuncia de que un candidato estaba prófugo por violación de una persona vulnerable. Investigamos y no encontramos nada para confirmar esta información. Pero a partir de ahí, pensamos ‘OK, él no está prófugo, pero ¿hay candidatos que sí lo estén?’”, explicó la reportera de G1, Camila da Silva, a LatAm Journalism Review (LJR).
Ese comentario de un lector estaba enterrado entre uno de los 5.569 artículos automatizados que G1 publicó con listas de candidatos para cada municipio brasileño. Esto llevó a Silva y a la reportera Judite Cypreste a realizar una investigación, basada en periodismo de datos, que identificó a 63 candidatos con órdenes de arresto pendientes.
Según Silva, el editor Vitor Sorano sugirió que ella y Cypreste llevaran a cabo esta investigación cruzando datos del Banco Nacional de Órdenes de Captura (BNMP, por sus siglas en portugués), manejado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), con la información disponible en el portal de Divulgación de Candidaturas y Cuentas Electorales (DivulgaCand), manejado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
“Ya tenía experiencia con el BNMP y sabía que tenía algunos problemas”, dijo Cypreste a LJR. “Tienes que descargar las órdenes de captura por estado, porque no hay forma de descargarlas a nivel nacional”.
La reportera mencionó que tuvo dificultades al analizar los registros de São Paulo, ya que había un límite de descarga de 30.000 líneas y el estado tiene más de 60.000 órdenes de arresto pendientes.
Mientras Cypreste hablaba con el Consejo Nacional de Justicia para obtener los datos de São Paulo, comenzó a analizar datos de otros estados utilizando el lenguaje de programación Python. A partir de ahí, aparecieron los primeros nombres comunes en las bases de datos de órdenes de captura y candidatos, lo que indicaba la existencia de docenas de candidatos buscados por la justicia.
Silva luego se encargó de confirmar si los nombres en ambas bases de datos correspondían a la misma persona. En este proceso, descubrió que, entre las órdenes de captura del Distrito Federal, tres habían sido emitidas por la oficina del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Las reporteras pronto sospecharon que se trataba de personas acusadas de estar involucradas en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 en Brasilia, ya que Moraes es el relator de la investigación del STF sobre las invasiones de las sedes de los tres poderes.
Confirmaron que los objetivos de estas órdenes de arresto estaban acusados en los ataques del 8 de enero y eran candidatos a concejales en municipios de Paraná, Santa Catarina y São Paulo. Se pusieron en contacto con las policías civil y federal de cada estado y con las defensas de los candidatos buscados por la justicia. El 14 de septiembre publicaron el primer artículo de esta investigación. Esa misma tarde, uno de los candidatos fue arrestado. Los otros dos fueron detenidos en los días siguientes.
Mientras tanto, el Consejo Nacional de Justicia envió a Cypreste las órdenes de captura del estado de São Paulo, completando así la recolección de datos del Banco Nacional de Órdenes de Captura. Luego, pudieron finalizar el análisis nacional, cruzando 302.509 órdenes de arresto y 461.564 registros de candidaturas. Encontraron 108 casos en los que el nombre y la fecha de nacimiento de una persona eran los mismos en ambas bases de datos.
Sin embargo, esta información no fue suficiente para confirmar la identidad de los candidatos buscados por la justicia. Y, según una decisión reciente del Tribunal Superior Electoral, DivulgaCand ya no hace públicos los números de Registro de Contribuyente Individual (CPF) de los candidatos.
“Desafortunadamente, varios cruces de datos que podríamos haber hecho de manera más fácil, incluyendo este, no pudimos realizarlos”, dijo Cypreste. “Los únicos números de identificación [disponibles en DivulgaCand] son la tarjeta de votante y un número de registro interno del TSE, que se puede usar para realizar otros tipos de cruces dentro de sus propias bases de datos”.
Silva explicó que los documentos de los candidatos disponibles en la base de datos del Tribunal Superior Electoral tienen el número de CPF y otra información personal redactada. Sin embargo, el certificado de antecedentes penales presentado por los candidatos ante el Tribunal Superior Electoral puede ser autenticado con la institución que lo emitió. En la mayoría de los casos, la autenticación reveló los números de CPF de los candidatos, que las reporteras luego compararon con los números en las órdenes de arresto. Silva destacó, sin embargo, que había órdenes sin números de CPF, y en estos casos tuvieron que encontrar otras formas de confirmación.
Mientras verificaban los datos, algunas órdenes fueron excluidas del banco nacional de órdenes de captura y algunos candidatos fueron considerados inelegibles por la Justicia Electoral. Las reporteras confirmaron que, además de los tres candidatos buscados por la justicia en relación con los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, otros 60 candidatos a elecciones en todo el país tenían órdenes de arresto pendientes.
La mayoría de los casos (46) estaban relacionados con deudas de pensión alimenticia, que conlleva un tipo de arresto que se revoca poco después del pago de la cantidad adeudada, explica el reportaje. Pero hay 14 casos penales, con cuatro candidatos buscados por robo o hurto, tres por homicidio, dos por violación de persona vulnerable, dos por hurto, uno por lesiones corporales y uno por asociación criminal (en un caso no fue posible conocer el delito detrás de la acusación).
Periodistas de G1 de todo el país se unieron a la investigación para reunirse y escuchar a todos los candidatos y sus partidos políticos.
“Nos preocupaba mucho no atribuir un delito a nadie ni juzgar a ninguna de estas personas, porque ese no es el enfoque del artículo. Esta verificación de datos fue esencial, porque podríamos haber incluido a una persona que no estaba siendo buscada. Y el impacto regional de esto tiene un peso tremendo. Para mí, esta fue la parte más desafiante, porque tuvimos que hacer todo esto muy rápido sin perder precisión”, dijo Silva.
El 19 de septiembre, G1 informó que la Policía Federal dijo que había detenido a 19 candidatos buscados por la justicia entre el 17 y el 19, es decir, después de la publicación del primer artículo de G1 sobre candidatos con órdenes de arresto pendientes.
Según un comunicado de la Policía Federal, hasta el 20 de septiembre, 36 candidatos con órdenes pendientes fueron arrestados en los estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Maranhão, Acre, Río Grande do Sul, Sergipe, Roraima, Mato Grosso do Sul y Santa Catarina.
LJR contactó a la Policía Federal y cuestionó la conexión entre los artículos de G1 y los arrestos realizados en los últimos días. La Policía Federal respondió que “no comenta sobre ninguna investigación en curso o acciones futuras”.
A partir del 21 de septiembre, los candidatos buscados por la justicia no pueden ser arrestados, ya que la ley brasileña determina que, en los 15 días previos a las elecciones, los candidatos solo pueden ser detenidos o arrestados en caso de “delito flagrante”.
Los artículos de G1 explican que, según la ley brasileña, solo las personas condenadas con sentencia definitiva o por decisión colectiva de jueces tienen prohibido participar en las elecciones. Por lo tanto, las personas con órdenes de arresto pendientes no están impedidas de ser candidatos. Sin embargo, una persona buscada por la justicia puede ser arrestada en cualquier momento, y un posible arresto dificulta asumir el cargo.
“La prisión preventiva puede durar varios meses, comprometiendo el ejercicio del cargo, como, por ejemplo, en el caso de un alcalde. Por lo tanto, es esencial que los votantes sepan por quién están votando”, dijo a G1 el abogado Alberto Rollo, especialista en derecho electoral.
La investigación realizada por Silva y Cypreste señala una falta de comunicación en el sistema judicial brasileño, comentó Cypreste.
Un ejemplo es el caso, revelado por la investigación, de un candidato que se postula por tercera vez a una elección con una orden de arresto pendiente. Tiene una orden de captura preventiva emitida en 1997 y se postuló para concejal en 2016, 2020 y 2024. Según G1, una denuncia del Ministerio Público de São Paulo dijo que disparó y mató a un hombre después de una discusión en un bar en 1996. Según el artículo, la defensa del candidato sostiene que la única prueba en su contra es el testimonio de la esposa de la víctima, y que el candidato desconocía la orden de arresto. El juicio por homicidio aún no ha concluido.
En otro caso, un hombre condenado por violación de persona vulnerable tuvo su candidatura a concejal aprobada por la Justicia Electoral cuatro días antes de que su condena se hiciera definitiva.
“Mucha gente pensará que el impacto de este artículo son las detenciones. Para mí, particularmente, más que las detenciones, [el impacto] es iniciar un debate para que los tribunales se comuniquen más y para que los datos sean utilizados por los organismos públicos de forma realmente eficiente, y un debate sobre cómo las leyes tienen lagunas”, dijo Cypreste.
Silva también destacó que la repercusión del artículo entre los lectores y en el debate público tuvo un impacto importante, además de las detenciones.
“Fue genial ver a nuestros lectores comentando ‘vaya, ¿pero esto puede pasar?’, ‘vaya, ¿por qué nadie ha hablado de esto antes?’ o ‘¡vaya, cuántos casos!’. Vale, estamos hablando de elecciones municipales, hay muchos candidatos y estos casos son muy pocos del total. Aun así, es una realidad que hay que exponer, y lo hemos conseguido”.
