Tienen nombres diferentes -”Leyes de Agentes Extranjeros” o “Leyes de ONG”- y proceden de gobiernos de todo el espectro político. Pero grupos de defensa de derechos humanos dicen que tienen un objetivo similar: sofocar la labor de las organizaciones de la sociedad civil.
En América Latina proliferan las propuestas de leyes dirigidas contra el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Con la justificación de aumentar la transparencia del tercer sector y proteger la soberanía nacional de la influencia de actores extranjeros, Paraguay, Perú y Venezuela están debatiendo actualmente leyes que interfieren en las actividades de estas organizaciones. Países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México ya han aprobado o debatido iniciativas similares.
Estas leyes pueden afectar directamente al periodismo. La crisis económica en la industria de los medios de comunicación ha provocado un aumento de las organizaciones periodísticas financiadas por fundaciones y la filantropía internacional, lo que es especialmente importante en los casos del periodismo de interés público y las organizaciones independientes. Cuando se restringen las actividades de la sociedad civil en su conjunto, los periodistas y los medios de comunicación se encuentran entre los objetivos potenciales.
“Muchas iniciativas periodísticas han adoptado el modelo de estructurarse como organizaciones sin ánimo de lucro, especialmente ante la precariedad financiera del sector. Dependen de fuentes de financiación internacional y de la cooperación externa para sobrevivir”, dijo Artur Romeu, director ejecutivo de Reporteros sin Fronteras (RSF) para América Latina, a LatAm Journalism Review (LJR). “Estas leyes se crearon precisamente para dificultar este tipo de recaudación de fondos, lo que lleva a muchas de estas organizaciones a enfrentarse a enormes barreras para poder seguir funcionando”.
Nicaragua es uno de los países más avanzados en cuanto a medidas autoritarias para limitar a la sociedad civil. En octubre de 2020, la Asamblea Nacional, controlada por aliados de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó la llamada “Ley Mordaza” para inhibir a los agentes extranjeros de operar en el país.
Como consecuencia, toda persona, organización o institución, incluidos los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, deberá estar registrada en el Ministerio del Interior para operar en el país, estar sujeta a una estricta vigilancia y abstenerse de intervenir en asuntos, actividades o temas políticos nacionales.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que trabajaba por una prensa libre e independiente en Nicaragua, cerró a causa de la ley. La filial nicaragüense de Pen Internacional, que también trabaja en defensa de la libertad de expresión, también cerró como consecuencia de la ley.
Como se comentó en el último Coloquio Iberoamericano de Periodismo Digital, en Nicaragua ya no hay periódicos independientes, y los periodistas que se arriesgan a informar con autonomía se enfrentan al exilio y a la cárcel. Las leyes autoritarias de Nicaragua no cesan: en septiembre, el país aprobó una Ley de Ciberdelincuencia, que limita las actividades de las organizaciones que operan desde el exilio.
En Venezuela, Nicolás Maduro también ha cerrado más y más espacios para el disentimiento . Tres semanas después de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado favoreció a Maduro pero con fuertes indicios de fraude, la Asamblea Nacional dio avance el 15 de agosto al proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que esta legislación, que aún debe pasar una votación final para ser aprobada, restringe el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación ciudadana, profundizando el cerco a la sociedad civil. La CIDH criticó el “clima de hostilidad hacia las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos o ejercen el periodismo en Venezuela”.
Los medios de comunicación independientes en Venezuela dependen en gran medida de las donaciones internacionales, ya que no tienen acceso a fondos del gobierno o de empresas privadas.
“La ley afectaría sobre todo a los medios independientes. Hoy, muchos sobreviven gracias a estas donaciones y colaboraciones”, dijo a LJR Marivi Marín Vázquez, directora ejecutiva de la organización venezolana ProBoX VE, que opera en el exilio. “Lo que buscan es precisamente limitar la subsistencia y el crecimiento de los medios independientes, que son como una capa adicional que contiene al autoritarismo”.
En Paraguay -un país que, de acuerdo con Freedom House, sigue siendo una democracia, a diferencia de los dos regímenes autoritarios anteriores-, el Senado aprobó en julio una ley con el supuesto propósito de regular las organizaciones sin ánimo de lucro que reciben fondos públicos y privados de fuentes nacionales o internacionales. Las organizaciones deberán inscribirse en un registro nacional, detallar las actividades que realizan y presentar informes detallados sobre el uso que hacen de los fondos. La ley aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “este proyecto de ley podría conducir al silenciamiento de la sociedad civil y al desmantelamiento de un entorno que permite a la sociedad expresarse y organizarse frente a actos u omisiones arbitrarios de las autoridades”.
Perú, por su parte, ha debatido en los últimos meses seis proyectos de ley para controlar a la sociedad civil, alegando falta de supervisión y amenazas contra el Estado de derecho en el sector. Respecto a otros países de la región, una ley de agentes extranjeros estuvo a punto de aprobarse en El Salvador en 2021. Guatemala aprobó una “Ley de ONG” en 2020 que otorga al gobierno el poder de anular el registro de organizaciones sin ánimo de lucro. En 2022, México también consideró una ley que restringiría a la sociedad civil.
Este tipo de leyes a menudo buscan dar una apariencia de legalidad a medidas que, en realidad, pretenden restringir la democracia y la participación de la sociedad civil, dijo Artur Romeu, de RSF. Éste añadió que el impacto de la legislación restrictiva sobre el espacio cívico y el periodismo no puede considerarse de forma aislada, sino que debe analizarse dentro de cada contexto nacional.
“Para entender dónde estas leyes son más peligrosas y dónde lo son menos, tenemos que mirar el conjunto. No sólo su existencia aislada como herramienta de control, sino como parte de una estructura mayor de deterioro del entorno democrático”, dijo Romeu.
Los casos de mayor deterioro en la región son Nicaragua, donde el régimen de Ortega y Murillo se parece cada vez más a una dictadura dinástica; Venezuela, donde Maduro controla todos los poderes con el apoyo de los militares; y El Salvador, donde Nayib Bukele tiene el control total del Legislativo.
“En estos casos, las leyes son síntomas de procesos avanzados de deterioro democrático. Son situaciones de total hermetismo y cierre absoluto de todo tipo de espacios de participación de la sociedad civil, incluida la Iglesia”, dijo Romeu.
En otras situaciones, sin embargo, las leyes pueden ser iniciativas de grupos minoritarios dentro del Congreso, añadió Romeu. En estos casos, los proyectos pueden acabar aprobándose y convirtiéndose en leyes sobre el papel, pero sin supervisión en la práctica. Terminan siendo menos dañinos en la práctica, pues sirven para alimentar teorías conspirativas de ciertos grupos políticos, como la narrativa de que impiden el “globalismo”.
“Esto responde a las demandas de un electorado, pero tiene poco impacto”, dijo Romeu.
En América Latina hay una tendencia a reducir los espacios cívicos y las libertades de expresión y prensa, independientemente del lugar que ocupen los gobernantes en el espectro político, ya sea de izquierda o de derecha, dijo Carlos Cárdenas Angel, gerente regional de la ONG sueca ForumCiv.
“Creo que lo que se hace transversalmente desafortunadamente es la reducción de los espacios cívicos independientemente del espectro en el cual se mueve la instancia de poder vigente en determinado momento", dijo a LJR.
Quienes están a favor de las leyes generalmente argumentan que están actuando en defensa de la soberanía nacional o en la protección del país contra la corrupción, dijo Armando Chaguaceda, profesor de ciencia política en el Colegio de Veracruz e investigador de la ONG Gobierno Y Análisis Político AC, ambos en Ciudad de México.
“Todas estas leyes, en mayor o menor medida, están basadas en el argumento de que estas ONGs o estas organizaciones sociales se han convertido en espacios de lavado de dinero o en espacios de influencia extranjera en los sistemas políticos, y por tanto, hay que restringir esto”, dijo Chaguaceda a LJR.
En general, las leyes restringen tres áreas principales: el acceso a la financiación, la capacidad organizativa y la incidencia política, explicó Chaguaceda. Hay una circulación de prácticas autoritarias, con gobiernos que aprenden unos de otros cómo controlar a la prensa y a la sociedad civil, dijo.
El investigador señala varias influencias en este tipo de legislaciones: en primer lugar, Rusia, país que adoptó una ley sobre agentes extranjeros en 2012 y tiene decenas de leyes contra la sociedad civil; pero también en Cuba, en los casos de los gobiernos de izquierda de Nicaragua y Venezuela, y en Hungría, con el premier conservador Viktor Orbán.
Una diferencia crucial separa las leyes de iniciativas legítimas para regular el tercer sector e inhibir amenazas a la soberanía nacional: los gobiernos y partidos que promueven las leyes no actúan preocupados por fortalecer la pluralidad inherente a la democracia, sino que buscan avanzar en una visión única de la sociedad, dijo Chaguaceda.
“En un régimen democrático, el Estado y el Gobierno se pueden y se deben proteger de, por ejemplo, acciones de desinformación o de la influencia de regímenes autoritarios que en su propio país proscriben la autonomía de la sociedad civil”, dijo el investigador. “En cambio, un régimen autoritario prohíbe todo, porque todo lo que es autónomo o distinto en general le es adverso”.
Romeu, de RSF, dijo que “es muy simple” darse cuenta de que, en el caso de estas leyes, la visión estratégica avanzada “no se da como un intento legítimo del Estado de preservar el pluralismo, la diversidad y la soberanía del espacio de comunicación”.
Si quieren avanzar en estas agendas, los gobiernos no deben inhibir la financiación de los actores de la sociedad civil, sino más bien fomentar la promoción del pluralismo a través de avisos públicos y buscar formas de fortalecer el periodismo local, dijo.
“Esto incluye crear mecanismos de regulación que fortalezcan la expresión nacional y regionalizada dentro de un órgano nacional, garantizando la discusión sobre la representación simbólica del país”, dijo Romeu. “Si un gobierno quiere hablar seriamente de esto, hay mucho que discutir antes de pensar en cerrar el espacio público”.
