La nueva Ley de Comunicación Social de Cuba, que entró en vigor el 4 de octubre, ha traído consigo una ola de represión contra los periodistas independientes de la isla. Los periodistas que trabajan al margen de los medios oficiales denuncian haber sido amenazados, interrogados y acusados de mercenarios.
“El régimen cubano, sin demora, ha desatado una nueva ola de represión, que puede calificarse de terrorismo de Estado”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Normando Hernández, director general del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
“El objetivo es claro: infundir terror, forzarlos a abandonar su labor informativa y advertirles, mediante amenazas y coacción, que la nueva ley es un instrumento más para encarcelarlos”, agregó.
Aunque el periodismo realizado fuera del Estado va contra la Constitución, el Código Penal y el Decreto Ley 370, esta ley es la primera normativa sobre comunicación online en la isla y da el poder al gobierno de restringir contenidos que sean empleados “para hacer propaganda a favor de la guerra de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación” o que usen para “difamar, calumniar o injuriar a las personas, órganos y organismos del Estado”.
La Ley de Comunicación Social solo reconoce a los medios vinculados al Partido Comunista de Cuba, dejando de lado las plataformas independientes.
A su vez, no establece lineamientos para las solicitudes de información pública y prohibe el uso de contenidos de medios públicos.
El Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Article 19, Reporteros sin Fronteras, ICLEP y otras organizaciones en defensa de los Derechos Humanos han advertido sobre el uso de la ley para limitar la libertad de expresión y el acceso a la información.
Cinco días después que la ley entrara en vigor, el periodista independiente José Luis Tan Estrada dijo que agentes de seguridad cubanos lo cuestionaron de violar la nueva ley del país.
Tan Estrada fue interrogado durante dos horas, el 9 de octubre, en Camagüey, en el centro-este de Cuba. Dos agentes de la Seguridad del Estado le amenazaron de ser un mercenario y hacer propaganda antigubernamental, mientras le mostraban un expediente con todas sus publicaciones periodísticas.
“Con la seguridad del Estado no se habla. Todo fue un monólogo de su parte”, dijo Tan Estrada en una publicación en Facebook luego de asistir a la entrevista con la policía política cubana. “No dejaré de hacer periodismo, mi pluma y tinta siempre estarán en el sentir y al lado del cubano de a pie mostrando su realidad”.
Jessica Burunate, co-directora editorial de El Toque, dijo a LJR que desde mediados de septiembre una treintena de periodistas y colaboradores de la prensa independiente cubana han sido convocados en calidad de testigos y amenazados de ser imputados por “mercenarismo”. Delito tipificado en el Código Penal del régimen de Miguel Díaz-Canel, en los artículos 135 y 143, que establece penas de hasta diez años de cárcel por recibir financiación extranjera.
A los periodistas interrogados no les han dado información sobre cuál es el caso judicial por el que están siendo investigados ni quiénes son las otras personas involucradas.
Aunque han venido en aumento, los interrogatorios a periodistas no son algo nuevo en la isla.
“La actual ola de represión contra la prensa independiente en Cuba, lejos de ser un fenómeno nuevo, es una táctica defensiva recurrente del régimen”, dijo Hernández de ICLEP.
“Buscan mantener su control sobre la sociedad, especialmente en un contexto de crisis económica y creciente descontento social”, agregó.
Un ejemplo de ello es que Tan Estrada ha sido interrogado antes en varias ocasiones y en abril fue detenido en La Habana y posteriormente liberado, luego de permanecer cinco días en el cuartel general de la Seguridad del Estado, Villa Marista.
Así ha sido también el caso de la periodista independiente, Kianay Anandra Pérez, quien desde diciembre de 2021 denuncia haber sufrido interrogatorios periódicos.
“Durante meses estuve yendo a estaciones de policía al menos una vez al mes”, dijo Pérez a LJR. “Luego me pasaron a casas de protocolo, casas del gobierno muy grandes y vistosas que están alejadas de la ciudad”.
Pérez dijo que los interrogatorios podían durar hasta 12 horas y las preguntas iban dirigidas a obtener información sobre los medios en los que colaboraba o sobre las personas de las que escribía.
“Por respeto a las personas, a la propia profesión y a la ética, no respondía a esas preguntas”, dijo Pérez. “Creo que es por eso se molestaban tanto, me citaban dos o tres veces al mes y me dejaban horas en esos cuartos vacíos”.
Gracias a estas presiones, Pérez decidió comenzar a escribir menos para medios cubanos y a dejar de participar en cualquier iniciativa de activismo. Al ver que en septiembre comenzó una nueva ola de interrogatorios, decidió salir de la isla.
“Salí a principios de octubre de Cuba, al día siguiente el agente de la seguridad que siempre me interrogaba me escribió amenazándome y diciéndome que no podía regresar al país”, dijo Pérez. “Ese mismo día fueron a casa de mi papá y le advirtieron que yo no podía volver”.
Durante los interrogatorios recientes, algunos periodistas han reportado robo de sus equipos de trabajo y que los han obligado a firmar actas diciendo que han recibido dinero de proyectos internacionales.
“Ha habido extorsión a varios de ellos, a algunos les han solicitado que devuelvan el dinero que supuestamente habían obtenido por su colaboración con nuestro medio”, dijo Burunate.
Pero, según han denunciado los periodistas afectados, el fin último de los agentes de seguridad es presionarlos para que abandonen la profesión periodística o se vayan del país.
“Según ellos [los agentes] todos los que trabajamos en CubaNet estamos destinados a degradar y desmoralizar los logros de la revolución”, escribió Tan Estrada sobre el interrogatorio. “[El agente] manifestó que utilizara el pasaporte y saliera de viaje, que sería lo mejor para mí”.
En redes sociales también se han visto renuncias públicas de periodistas. Como el caso de Yadira Álvarez Betancourt, Yennys Hernández Molina y Annery Rivera Velasco, quienes anunciaron el 3 de octubre en sus perfiles de Facebook que se desvinculan de colaborar con cualquier medio de comunicación que sea considerado “subversivo o contrario a los intereses del gobierno cubano”. Sus perfiles en redes sociales ahora están restringidos.
La revista Magazine AM:PM, dedicada a reportajes sobre la música en Cuba, anunció que haría una pausa indefinida citando los obstáculos a que se enfrentan como medio. “Incluyendo la presión y acoso a nuestro director”, dijo el equipo de la revista en un comunicado publicado, en redes sociales, el 16 de septiembre.
El director de Magazine AM:PM, Rafa Escalona, no ha dado declaraciones sobre lo ocurrido pero agradeció publicamente las muestras de apoyo y aliento que recibió. El 17 de septiembre, él escribió en su cuenta de Instagram: “estoy bien, al menos físicamente bien, y en un lugar seguro. Lo demás es lo demás”.
