Actualización (1 de julio, 2016): Los procedimientos legales y audiencias contra el diario brasileño Gazeta do Povo fueron suspendidos temporalmente el 30 de junio por la jueza del Tribunal Supremo Federal, Rosa Weber, de acuerdo con O Estado de S. Paulo.
Nota original (9 de junio, 2016): Algunos periodistas del estado de Paraná, Brasil, están siendo víctimas de “acaso judicial” luego de publicar en febrero de este año artículos periodísticos con los ingresos de jueces y fiscales de ese estado. Cinco profesionales del periódico Gazeta do Povo son el blanco de 37 demandas por daños morales presentadas por los miembros del poder judicial. Las demandas suman un total de 1.3 millones de reales brasileños (aproximadamente US $384.000 ) en indemnizaciones.
Debido a que son demandas individuales presentadas en diferentes ciudades, los periodistas Chico Marés, Euclides Lucas Garcia y Rogério Galindo, además del diseñador gráfico Guilherme Storck y el analista de sistemas Evandro Balmant han recorrido más de seis mil kilómetros para asistir a las audiencias de conciliación.
En entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Rogério Galindo habló sobre los impactos negativos que han tenido los periodistas en sus labores cotidianas.
“De los cinco días hábiles de [esta] semana, vamos a pasar cuatro en la carretera. La mitad de equipo editorial de la fuente política va con nosotros”, dijo Galindo. “Parece que existe una orquestación, la intención no sólo de conseguir una indemnización, sino de perjudicar nuestro trabajo al hacernos recorrer todo el estado”.
Galindo también dijo que las audiencias se han hecho más tensas después de que el periódico presentó una petición ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar de unificar los procesos, alegando que los jueces no serían imparciales para juzgar causas de sus colegas. La petición fue rechazada por la magistrada Rosa Weber.
Los informes de Gazeta do Povo señalaban que cada uno de los jueces de Paraná recibió, en promedio, 527.500 reales (aproximadamente US $156.000) en 2015. El periódico dijo que la cantidad representa un 28 por ciento por encima del techo constitucional, que establece que los jueces no pueden recibir más del 90,25 por ciento del salario de un magistrado del STF.
En el caso de los fiscales, el ingreso promedio fue de 507.000 reales (aproximadamente US $150.000), un 23 por ciento por encima del techo. El informe aclara que más de un tercio de las cantidades se refieren a auxilios, compensaciones y pagos retroactivos - valores no afectados por el techo constitucional.
Otro informe mostró que en promedio, el salario bruto en diciembre de 2015 aumentó un 77,5 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.
Los salarios de los jueces y fiscales se consideran información de interés público y cualquier ciudadano puede acceder a ella, de acuerdo con el Consejo Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Fiscalía. Los datos están disponibles en el Portal de Transparencia del Gobierno federal.
Poco después de la publicación de los reportaje, el presidente de la Asociación de Magistrados Paranaenses (Amapar), Federico Mendes Júnior, sugirió a los jueces interponer acciones individuales en caso de que lo consideraran apropiado, usando un modelo de petición creado por la asociación para este propósito. El audio de la conversación de los jueces fue publicado por el bloguero Zé Beto.
Para el momento de las historias de Gazeta, Amapar también emitió un comunicado de aclaración junto con la Asociación Paranaense del Ministerio Público (APMP) afirmando que estos reportajes contenían “hechos distorsionados y falsos” y que los montos pagados a los jueces que se mencionan en el informe no eran los habituales.
“Estos son, en realidad, montos correspondientes a las compensaciones que se derivan principalmente de vacaciones o licencias no tomadas o de la llamada Porción Autónoma de Equivalencia, resultante del pago no oportuno de las cantidades que se debían en el pasado; no se trata, por lo tanto, de una asignación mensual sujeta al techo constitucional”, afirmó el comunicado.
En ese momento, el periódico concedió el derecho de réplica a las dos asociaciones.
Estas demandas contra periodistas se suman a otros casos de censura y acoso judicial reportados anteriormente por el Centro Knight, así como por organizaciones de defensa de la libertad de información como Reporteros Sin Fronteras.
El 6 de junio, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji por sus siglas en portugués) emitió un comunicado repudiando la represalia tomada por los jueces y los fiscales. La organización aseguró que la actuación de los jueces se configura como acoso judicial.
“Los procesos ante la justicia no buscan la reparación de los eventuales daños provocados por los reportajes, sino intimidar el trabajo de la prensa, por lo tanto, constituyen un ataque a la democracia”, afirmó la organización en el comunicado.
Abraji divulgó un enlace con una recopilación de las noticias publicadas en febrero de este año por Gazeta do Povo y sugirió que los reportajes fueran compartidos en redes sociales usando la etiqueta #foraassediojudicial (algo como “abajo con el acoso judicial”) en solidaridad con los comunicadores que fueron demandados.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
