Representantes de la sociedad civil de Uruguay pidieron al gobierno aplicar efectivamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) y que les permita participar en el desarrollo e implementación del reglamento de la norma.
Los representantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) de Uruguay hicieron esta petición en el marco del 162 Periodo de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tuvo lugar del 22 al 26 de mayo en Buenos Aires, Argentina.
En la audiencia, los representantes del Gobierno dijeron que la ley había sido aplicada desde su aprobación en el Parlamento en diciembre de 2014; sin embargo, la CCD señaló la ausencia de varios elementos claves en el proceso.
Por parte de la CCD, que integra a más de 30 organizaciones vinculadas a las comunicaciones y los derechos humanos, los investigadores Paula Baleato y Gabriel Kaplún pidieron cuentas a los tres poderes del Estado uruguayo por el atraso en la aplicación efectiva de la ley SCA.
Baleato apuntó que 120 días después de votada la ley, el Poder Ejecutivo debió haber designado una comisión integrada por nueve miembros de la Asamblea General para crear un organismo regulador de las comunicaciones que prevé la ley. Sin embargo, 800 días después, sigue sin crearse este organismo, señaló la investigadora. “Esta es una ausencia importante que también obstaculiza la aplicación de la ley”, sostuvo.
Tampoco se ha creado hasta la fecha el Consejo Honorario Asesor del Servicio de Comunicación Audiovisual (Chasca), la implementación de una defensoría de las audiencias ni se ha desarrollado el plan nacional de educación para los medios, denunció la CCD.
Para Kaplún, estos organismos “recuperan y potencian los mecanismos de participación civil en los procesos de implementación de políticas de comunicación”. La Chasca, sobre todo, debe intervenir en la reglamentación de la ley, por previsión de la norma, señaló Kaplún.
Estas preocupaciones fueron expuestas ante el reciente anuncio del gobierno de una pronta publicación de la reglamentación de la ley, que se estaría elaborando sin la participación de la sociedad civil, según la CCD.
“La ley también prevé la creación de un fondo de promoción de la producción audiovisual nacional. Sobre todo porque la ley apunta a la diversidad en los contenidos, al pluralismo, y Uruguay, más que otros países, tiene dificultades importantes en el sostenimiento de su propia producción audiovisual”, explicó Kaplún.
Los representantes del gobierno que asistieron a la audiencia, Fernanda Cardona, directora general de la Secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y Nicolás Cendoya, de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), dijeron que el Estado ha aplicado la ley tan pronto esta fue promulgada.
“Los organismos como el Consejo y el Chasca no son imprescindibles para la aplicación de la ley”, subrayó Cendoya.
Desde febrero de 2015 hasta el 18 de mayo de 2017, la comisión de Ursec adoptó 54 resoluciones en que aplicó directamente la ley, sin necesidad de reglamentación, expusieron los representantes del gobierno. De acuerdo con Cendoya, existen 80 expedientes en trámite que implican su aplicación en este momento. “En total, la ley se ha aplicado 134 veces, en 30 meses, lo que da un promedio de 4,47 veces por mes”, acotó.
Luego de ser promulgada la ley, ha sido sometida a 29 juicios de inconstitucionalidad por parte de empresas de comunicación. Muchos de estos procesos judiciales siguen su curso hasta el día de hoy, según Cendoya.
El Estado no podía avalar una ley con tantos cuestionamientos, por cuestiones de seguridad jurídica, señaló Cendoya. Por tanto, hasta no conocerse las sentencias no puede aprobarse un reglamento, dijo.
Sin embargo, Kaplún consideró este retraso de la elaboración del reglamento como una “falta del Gobierno”. A juicio de la Suprema Corte, la mayoría de los artículos de la ley son absolutamente constitucionales, por lo que las condiciones para implementar la ley están dadas desde hace tiempo, señaló el investigador.
En su presentación, Cardona y Cendoya afirmaron que al término del grueso de procesos judiciales en contra de la ley, se conformó un grupo de trabajo de 16 profesionales para elaborar un reglamento inicial de la norma. En mayo, luego de 19 sesiones de trabajo, se entregó al Presidente de la República Tavaré Vásquez un borrador con 103 artículos para su evaluación.
A su turno, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, dijo que tanto la Comisión como la ONU ponderó el proceso de la elaboración de la ley por su contenido respetuoso de la libertad de expresión.
“Es una ley respetuosa de la independencia editorial de los medios (...) y es un ejemplo de la promoción de la diversidad y del pluralismo que tanta falta le hace a la región en todos los sectores de la comunicación”, resaltó el Relator.
No obstante, el Relator preguntó a Cardona y Cendoya si piensa convocarse a la sociedad civil en lo que sigue del proceso de implementación del reglamento de ley.
“Lo que se intentó y la ley plasma, es que quienes ejerzan esos cargos, sean elegidos por una mayoría especial de Parlamento, tengan idoneidad, no estén influenciados por los poderes fácticos que muchas veces influyen en la comunicación. Por lo tanto, esto sigue siendo muy válido para la comisión y por eso llamamos a esta audiencia”, dijo Lanza.
Gran parte de la ley sigue sin implementarse, el organismo clave, regulador de las comunicaciones como el Consejo de Comunicación Audiovisual sigue sin existir, dijo Baleato, una de las representantes de la sociedad civil.
“Queremos generar un diálogo en relación a esto y ver hacia delante, y generar un compromiso de trabajo. El no cumplimiento de la ley afecta no solo a Uruguay sino también a la región, en temas de buenas prácticas”, sostuvo.
Sin embargo, la funcionaria Cardona no dio una respuesta concreta a estos cuestionamientos. Tampoco dio una fecha para la resolución del proceso de implementación del reglamento de la ley ni se pronunció sobre la posibilidad de la participación civil en este. “El trabajo está hecho”, dijo refiriéndose al reglamento en cuestión, y su publicación podría ser cuestión de días o semanas, concluyó.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
