“No hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias han ocasionado”.
Esta frase pronunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a menos de un mes de dejar el poder, durante un discurso que celebraba los logros de su gobierno.
Pero las cifras de organizaciones de defensa del periodismo retratan un panorama crudamente diferente. Durante el sexenio que termina el 1 de octubre, la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas enfrentaron múltiples desafíos, incluidos los asesinatos de varias decenas de trabajadores de la prensa.
Pese a las promesas de campaña de respetar la libertad de expresión, el gobierno de López Obrador estuvo marcado por un aumento alarmante en las agresiones contra periodistas, así como por una controvertida estrategia de relación con los medios de comunicación.
El mismo día en que López Obrador asumió como presidente de México, el 1 de diciembre de 2018, el cuerpo del periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, editor y fundador del medio Orión Informativo, en el estado de Nayarit, fue hallado sin vida.
Casi seis años más tarde, Alejandro Martínez Noguez, quien perdió la vida el 4 de agosto pasado en el estado de Guanajuato, podría ser el último periodista asesinado en la administración que termina. Martínez Noguez, quien dirigía un medio en Facebook que cubría la delincuencia en la ciudad de Celaya, contaba con protección policial que le fue asignada debido a agresiones previas.
Periodistas del estado de Guerrero protestan por asesinatos de colegas en 2023. (Photo: La Prensa Gráfica, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)
La cifra de periodistas asesinados durante el periodo de López Obrador asciende a 47, de acuerdo con datos de Artículo 19. La cifra es la misma que la de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto.
La gran mayoría de los periodistas asesinados en este sexenio tienen en común que pertenecían a pequeños medios locales, muchos de ellos iniciativas personales en redes sociales, en regiones alejadas y dominadas por el crimen organizado. El año más letal fue 2022, con 13 asesinatos, mientras que los estados del país más violentos fueron Sonora, con 7 casos; y Veracruz, con 5.
La impunidad siguió imperando. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad del CPJ de 2023, México está en el séptimo sitio entre los países con mayor número de asesinatos de periodistas sin resolverse.
Los siguientes son los periodistas asesinados durante la administración de López Obrador, según el conteo de Artículo 19. Las cifras difieren de las de otras organizaciones por la diferencia de criterios para considerar la labor periodística como motivación del asesinato.
México también lidera las listas de miembros de la prensa cuyo paradero se desconoce. En abril de este año, Reporteros sin Fronteras (RSF) registró 31 periodistas desaparecidos en México desde 1989. Eso es casi un tercio del total de periodistas desaparecidos en todo el mundo.
Durante el sexenio de López Obrador, al menos 10 trabajadores de la prensa fueron reportados como desaparecidos, según el conteo de RSF. De ellos, cinco permanecen con ese estatus: Jorge Molontzin Centlal, Pablo Felipe Romero Chávez, Roberto Carlos Flores Mendoza, Juan Carlos Hinojosa Viveros y Alan García Aguilar.
De acuerdo con Artículo 19, al menos cuatro periodistas siguen desaparecidos al final de la actual administración. (Foto: Artículo 19, CC BY 2.5 MX, vía Wikimedia Commons)
Molontzin Centlal, originario de Chiapas, desapareció el 10 de marzo de 2021. Residía en el estado de Sonora, donde trabajaba como reportero en la revista Confidencial, en la ciudad de Caborca.
También en Sonora, Romero Chávez desapareció el 25 de marzo de 2021. Tras una pausa de tres años en el periodismo, se había reincorporado como reportero de notas policiacas en una estación de radio en la ciudad costera de Guaymas y en el periódico El Vigía.
Flores Mendoza fue reportado como desaparecido el 20 de septiembre de 2022 en el municipio de Comitán de Domínguez, en Chiapas, luego que sujetos lo interceptaron mientras conducía su automóvil. Flores Mendoza administraba la página de Facebook Chiapas Denuncia Ya, en la que días antes de su desaparición había publicado información sobre una supuesta lucha interna en un grupo criminal, de acuerdo con reportes de prensa.
La desaparición más reciente es la de Hinojosa Viveros, fotógrafo y editor del medio digital La de 8 News, en Veracruz. Hinojosa Viveros fue visto por última vez el 6 de julio de 2023 en el municipio de Nanchital, donde residía.
Artículo 19 incluye en su listado además a Alan García Aguilar, quien el 25 de diciembre de 2022 fue levantado por un grupo criminal junto a otros dos hombres identificados como Fernando Moreno Villegas y Jesús Pintor Alegre, en la región conocida como Tierra Caliente, en el estado de Guerrero.
El 7 de enero de 2023, un video fue publicado en la página de Facebook Escenario Calentano, que García Aguilar había fundado en 2018 y en la que se publicaban temas relacionados con el crimen organizado. En el video aparecían García Aguilar y Moreno Villegas esposados y descalzos, diciendo que estaban “pagando las consecuencias de sus publicaciones”.
Moreno Villegas y Pintor Alegre fueron liberados el 11 de enero, mientras que del paradero de García Aguilar nada se sabe..
Mientras la violencia acechaba a los miembros de la prensa en México, funcionarios del gobierno de López Obrador se erigieron como los principales perpetradores de ataques y hostigamiento contra periodistas.
Las conferencias de prensa matutinas de López Obrador, consideradas la piedra angular de su estrategia de comunicación, fueron el principal escenario de ataques a medios y periodistas, y la principal plataforma de difusión de desinformación durante el sexenio. Artículo 19 documentó al menos 179 agresiones a periodistas y medios de comunicación en esas “mañaneras”, como se les conoce popularmente a esos encuentros diarios con periodistas en Palacio Nacional.
Organizaciones de libertad de prensa identificaron que López Obrador construyó un discurso estigmatizante contra los periodistas, a los que frecuentemente etiquetó con insultos como “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí, “conservadores” y “corruptos”. Artículo 19 identificó que dicho discurso solía crear un efecto cascada en autoridades locales y estatales, e incluso en ciudadanos.
El acoso judicial fue otra forma de ataque durante el sexenio de López Obrador, durante el cual se registraron 158 casos de procesos judiciales contra periodistas o medios de comunicación ante instancias civiles, penales o administrativas, de acuerdo con el reporte. Caso dos tercios de esos casos fueron promovidos por autoridades o personas relacionadas a funcionarios públicos.
Carlos Loret de Mola fue uno de los periodistas con procesos legales en su contra y también fue uno de los más abiertamente atacados por el presidente. Pío López Obrador, hermano del mandatario, demandó a Loret de Mola y al medio digital Latinus por daño moral y exigió 400 millones de pesos (20.6 millones de dólares estadounidenses) como reparación. Esto, tras la publicación de una serie de reportajes que revelaron presuntos actos de corrupción.
En junio de este año autoridades fiscales mexicanas abrieron investigaciones sobre las cuentas bancarias y propiedades de Latinus, Loret de Mola, la esposa de éste y el actor Victor Trujillo, quien también ha criticado al gobierno de López Obrador en su show en la plataforma.
El periodista Carlos Loret de Mola fue demandado por el hermano del presidente de México tras revelar videos de supuestos actos de corrupción. (Foto: Captura de pantalla de Latinus en YouTube)
“Los constantes ataques impiden que las y los periodistas ejerzan su labor de forma libre y plena, lo que debilita gravemente la información que difunden, merma el debate público y, en consecuencia, la democracia”, se lee en el informe.
Otra forma en la que López Obrador ejerció hostigamiento fue a través de la revelación de datos personales y patrimoniales de periodistas y voces críticas. Loret de Mola fue también uno de los afectados, cuando en febrero de 2022, el presidente mostró una gráfica con sus supuestos ingresos, sin citar su fuente. Esto ocurrió luego que Loret de Mola había difundido un reportaje sobre el modo de vida lujoso del hijo mayor de López Obrador.
Y en febrero de este año, el presidente exhibió durante otra “mañanera” el número telefónico de la periodista de The New York Times Natalie Kitroeff, quien reportó que el gobierno de Estados Unidos había investigado acusaciones de supuestos vínculos de López Obrador con cárteles de droga.
Tanto en el caso de Loret de Mola como el de Kitroeff, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició investigaciones de oficio contra el presidente. En el caso de Loret de Mola, el organismo ordenó a la Presidencia de la República sancionar a López Obrador por vulnerar los datos personales del periodista. No obstante, la entidad no ejerció sanción alguna, de acuerdo con reportes de prensa.
El INAI fue incluido entre los organismos autónomos que López Obrador busca desaparecer mediante una iniciativa de ley que actualmente se discute en el Congreso mexicano, junto con un paquete de reformas que el presidente envió con la intención de que sean aprobadas antes de dejar el poder.
Durante la presidencia de López Obrador se documentaron más de 3 mil 400 agresiones contra la prensa, según el reporte “Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión e información en México”, de Artículo. Los tipos de ataques más frecuentes fueron la intimidación y el acoso, las amenazas y el uso ilegítimo del poder público. Casi la mitad de las agresiones fueron perpetradas por funcionarios del gobierno.
“Ya pueden ustedes hablar tranquilamente por teléfono. Ya no hay golondrinas en el alambre”. Eso dijo López Obrador en diciembre de 2018, a pocos días de haber recibido la investidura presidencial, como promesa de que su gobierno no iba a espiar a periodistas y activistas, como había sucedido en la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
Una serie de investigaciones de The Citizen Lab, un laboratorio especializado en ciberseguridad y derechos humanos de la Universidad de Toronto, determinaron que durante el sexenio de Peña Nieto se habían registrado casos de espionaje son el spyware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, contra al menos 25 víctimas. Entre ellas se encontraron a los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga, Salvador Camarena, Andrés Villarreal, Ismael Bojórquez y Griselda Triana, estos dos últimos compañero y esposa del periodista asesinado en 2017 Javier Valdez, respectivamente.
Pese al compromiso de López Obrador, los casos de espionaje continuaron durante su sexenio. La investigación “Ejército Espía: Fuera de control”, elaborada en 2022 por Artículo 19 y las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC, reveló al menos tres casos de espionaje con Pegasus.
Uno de esos casos fue contra el periodista Ricardo Raphael y otro, contra un miembro del equipo del medio digital Animal Político, cuya identidad permaneció en el anonimato. De acuerdo con la investigación, estos casos sucedieron durante el sexenio de López Obrador, entre 2019 y 2022.
El presidente dijo que durante su administración no se habían celebrado nuevos contratos para adquirir ningún software de monitoreo remoto. No obstante, una filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2022, atribuida al grupo de hackers Guacamaya, reveló que el Ejército mexicano firmó en 2019 un contrato con una de las distribuidoras de Pegasus.
De acuerdo con la investigación “Ejército Espía”, Sedena negó inicialmente que existieran contratos de adquisición del spyware, aunque posteriormente reconoció la existencia de dichos contratos, pero determinó reservar la información por cinco años por supuestamente tratarse de temas relacionados con la seguridad nacional.
La investigación "Ejército Espía" reveló al menos tres casos de espionaje a periodistas con Pegasus en el sexenio de López Obrador. (Foto: Captura de pantalla de ejercitoespia.r3d.mx)
“Ellos [el Ejército] tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto”, dijo López Obrador cuando se le cuestionó sobre los hallazgos.
En una siguiente entrega de “Ejército Espía”, en 2023, se reveló que el espionaje a periodistas y activistas se había llevado a cabo en una estructura secreta dentro de las instalaciones de Sedena, conocida como el Centro Militar de Inteligencia. También se reveló que las actividades de vigilancia a Raphael y al periodista de Animal Político se habían dado con el conocimiento y aval del Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
La evidencia que relaciona al Ejército con los actos de espionaje preocupó a las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, dado el gran poder que han adquirido las Fuerzas Armadas mexicanas. Éstas no sólo consolidaron dominancia en tareas de seguridad pública, sino también en tareas de inteligencia. Además, López Obrador les otorgó facultades para controlar aduanas y construir obras públicas.
