En lo que va del año, se han registrado 71 casos de censura a periodistas y medios de comunicación en Venezuela, es decir, 87% más que en relación al mismo período del año pasado, según diversas organizaciones venezolanas defensoras de la libertad de expresión y el libre acceso a la información que expusieron el 31 de octubre sobre la situación venezolana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 149° Período de Sesiones.
IPYS de Venezuela y Espacio Público, entre otra organizaciones, manifestaron que continúan las medidas judiciales contra los medios, la impunidad contra los atentados a la libertad de expresión y la escasez de papel para imprimir periódicos. También listaron con preocupación la creación del Centro estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), que hace aún más restringido el acceso a la información pública.
Gloria Salazar de Espacio Público dijo que la situación ha empeorado significativamente respecto al año pasado. Las violaciones al derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, aumentaron un 56% en comparación con el año pasado. Salazar explicó que se han cerrado programas de televisión y radio que reportaban sobre temas políticos y que eran de oposición al gobierno. “Cada cuatro días hay un caso de censura en Venezuela”, agregó.
La directora de IPYS de Venezuela, Marianella Balbi, subrayó que en lo que va del 2013 su organización ha reportado 20 acciones legales contra periodistas, una cifra notablemente mayor respecto a las cuatro que se registraron durante los primeros nueve meses del 2012. Según la organización, Venezuela ha alcanzado los mayores índices de restricción en los últimos 11 años.
Ligia Bolívar del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) dijo que durante las elecciones presidenciales de abril de este año hubo cuatro periodistas detenidos, otros 33 sufrieron agresiones físicas y robo de equipos reporteriles, varios portales web sufrieron bloqueos y se detuvo a casi 300 manifestantes.
Sobre la escasez de periódicos, las organizaciones venezolanas detallaron a la CIDH el cierre de al menos tres periódicos, y que los que permanecen en circulación, como El Nacional, han eliminado suplementos para reservar papel.
En representación del gobierno venezolano asistió a la sesión Luis Brito García, quien aseguró que la “restricción de libertad de prensa en Venezuela es absolutamente inadmisible bajo principio de cualquier lógica". Dijo que las acusaciones que señalan las organizaciones sociales no son ciertas y que carecen de fundamento.
Sobre el Cesppa, Brito afirmó que no será un mecanismo de censura y que en el país tampoco se restringe el acceso a la información.
La relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH Catalina Botero, quien también estuvo presente en la sesión, dijo al respecto que también se atenta contra los derechos de libertad de expresión cuando hay restricciones desproporcionadas, citando el ejemplo del periodista sometido a juicio por haber publicado en Twitter “la gasolina se reparte por goteo en Venezuela”, para quien el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría pedido “una pena ejemplar”.
Lo que las organizaciones sociales piden al gobierno venezolano es que cese la criminalización y censura que atentan contra los derechos a la libertad de expresión y al libre acceso a la información en el país, derechos que están amparados por la Constitución Nacional y por los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
