Por Alejandro Martínez
Un 46 por ciento de las instituciones gubernamentales sujetas bajo la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en Guatemala no presentaron sus reportes anuales sobre cómo respondieron a las solicitudes de información que recibieron en el 2013, reportó el sitio Plaza Pública.
La información proviene de un análisis de un reciente informe del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) del país, Jorge de León, sobre el desempeño y cumplimento de la ley a cinco años de su aprobación.
"Instituciones que no han roto con la cultura de la opacidad, informes anuales pendientes y una aplicación discrecional rodean los primeros cinco años de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)", notó Plaza Pública.
Según el informe del PDH, 667 sujetos y dependencias cumplieron en el 2013 con el requisito de presentar su informe anual. La cifra representa un aumento del 95 por ciento en comparación con los 342 informes recibidos en el 2012.
Sin embargo, 575 entidades gubernamentales no cumplieron con la normativa, representando 46 por ciento de los 1,241 sujetos obligados a rendir cuentas.
Casi 49 por ciento de las dependencias que no entregaron informes anuales en el 2013 son Consejos Municipales de Desarrollo, reportó Plaza Pública. Otro 28 por ciento son compañías de extracción minera.
Según Plaza Pública, algunas de esas dependencias también han fallado en entregar sus reportes en años pasados y en responder a llamados hechos por De León en el que les ha solicitado nuevamente entregar sus informes. En respuesta, De León pidió a las autoridades del país emitir sanciones contra las entidades que no cumplieron con el requisito en el 2012 e investigarlas por posibles hechos delictivos.
Plaza Pública reportó que esta es la primera vez que se solicitan acciones penales contra entidades gubernamentales por incumplimiento de la LAIP desde que se aprobó, aunque De León admitió que solo puede recomendar que se inicie una investigación.
“Soy una autoridad reguladora, pero sin dientes. No tengo vinculación penal”, dijo.
David Galtán, de la organización Acción Ciudadana – la cual ha denunciado penalmente a otras dependencias por incumplimiento con la ley, sin resultados –aplaudió el llamado de De León, asegurando que “vale la pena activar el sistema penal”.
“El PDH puede iniciar acciones y señalamientos para que éstos sirvan de ejemplo a otros funcionarios que ignoran o incumplen con la LAIP”, dijo.
La Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala fue aprobada en 2008. Durante el 11° Foro de Austin sobre Periodismo en las Américas, organizado en noviembre del año pasado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, la periodista de Plaza Pública Alejandra Gutiérrez Valdizan describió la ley como un avance positivo que promueve la transparencia, pero que no significa que el país haya trascendido su cultura de opacidad.
Una investigación del medio de 75 instituciones gubernamentales mostró que cada una responde a las solicitudes a su propia manera y que la información está decentralizada. Además la ley carece de sanciones contra las dependencias gubernamentales por no cumplir con las peticiones, dijo la periodista.
El último informe del PDH reportó un aumento en el número de solicitudes de información pública hechas en el país, algo que De León dijo que muestra un mayor interés de los guatemaltecos en utilizar la herramienta, reportó Plaza Pública.
Desde que se aprobó la ley, el número de solicitudes han aumentado anualmente. La cifra casi se triplicó entre el 2009, año en el que se presentaron 11,289 solicitudes, y 2013, en el que se recibieron 30,055.
El PDH también reportó un alto número de resoluciones positivas. De las 100,157 solicitudes que se han realizado en los cinco años de la LAIP, el 94 por ciento han sido aprobadas.
Sin embargo, no queda claro cómo el incumplimiento por parte de las dependencias que no entregaron sus informes anuales pudiera afectar las estadísticas del reporte.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
