Coberturas e investigaciones periodísticas de política, corrupción y crimen organizado hechas en ciudades pequeñas y medianas de Brasil, Colombia, Honduras y México fueron la raíz de 139 asesinatos de profesionales de la prensa que tuvieron lugar entre 2011 y 2020 registrados por la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). De acuerdo con RSF, la mitad de estas personas había informado sobre amenazas.
La información fue recogida en el marco del desarrollo del proyecto “Bajo Riesgo – Análisis de los programas de protección de periodistas en América Latina” que realiza RSF con el apoyo de la Unesco a través del Fondo Mundial para la Defensa de los Medios y que tiene una duración de 12 meses.
Aunque al inicio del proyecto no se proyectó realizar publicaciones temáticas antes del informe final, los datos encontrados hasta el momento son lo suficientemente importantes para no esperar algunos meses, explicó Bia Barbosa, coordinadora del proyecto, a LatAm Journalism Review (LJR).
“Cuando empezamos el proyecto incluso no había una previsión de hacer publicaciones durante el proceso de producción de la investigación, pero […] cuando empezamos a estudiar el contexto y la situación de riesgo un poco – el perfil del periodista, el del comunicador más vulnerable a la violencia más seria que es el asesinato – nos pareció interesante publicar”, dijo Barbosa.
Infografía de Volt Data Lab y RSF de los periodistas asesinados en la última década en los cuatro países con mecanismos de protección y que hacen parte del proyecto de RSF. (Cortesía)
Este perfil por ejemplo da cuenta de que las víctimas son en su mayoría hombres (93% de los casos) y que vivían en ciudades relativamente pequeñas.
“Estas cifras no coinciden necesariamente con el tópico popular del periodista de investigación que trabaja para un gran periódico con sede en una capital y al que asesinan por revelar información de relevancia nacional”, señala la publicación de RSF. “Al contrario: en su mayoría, los periodistas asesinados de manera deliberada en Brasil, México, Colombia y Honduras entre 2011 y 2020 vivían lejos de los grandes centros urbanos, a menudo trabajaban en situaciones precarias, para varios medios, y cubrían temas que afectaban muy de cerca a autoridades y poblaciones locales”.
El estudio también señala que en el 92% de los casos, los periodistas eran el “objetivo”, es decir, estaban en la mira de sus agresores. Solamente 10 de los 139 casos ocurrieron durante coberturas de riesgos. En estos casos, el periodista recibió disparos sin que necesariamente estuvieran dirigidos en su contra.
Justamente por tratarse de objetivos claros, la mayoría de los crímenes – el 58% de ellos – comparten la manera en que fueron realizados: los periodistas eran seguidos por sus agresores y el crimen ejecutado por asesinos profesionales, señala la publicación. En estos casos los periodistas fueron atacados cerca de sus oficinas, en sus casas o en el camino entre sus lugares de trabajo y hogar.
Uno de cuatro periodistas, especialmente en el caso de México, fueron secuestrados antes de ser asesinados. La mayoría de los cadáveres fueron encontrados con señales de tortura y en algunos casos incluso mutilados.
Uno de los hallazgos más relevantes y que se relaciona de manera directa con el objetivo del proyecto es que al menos 45% de las víctimas “informaron de que habían recibido amenazas y lo hicieron de forma pública, bien en los medios para los que trabajaban, bien desde sus cuentas en las redes sociales o, incluso, directamente ante las fuerzas de seguridad de las ciudades donde residían”, según la publicación de RSF.
No obstante, sólo 10 de ellos recibieron algún tipo de protección del Estado, es decir, 7,2% del total y 16% de los que habían sido amenazados.
“Hay [casos de] periodistas que estaban bajo protección de mecanismos […]. Pasó en México, pasó en Colombia, estaban bajo protección y terminaron asesinados. Así que es seguro que hay problemas, hay cosas a enfrentar. La idea es analizar estas deficiencias más estructurales”, dijo Barbosa quien destacó que por ahora es clara la necesidad de fortalecer los mecanismos.
Mecanismo de protección de la región bajo lupa
Precisamente analizar la situación de los mecanismos de protección de periodistas de Brasil, Colombia, Honduras y México con el propósito de ofrecer recomendaciones prácticas para su fortalecimiento es el objetivo principal del proyecto “Bajo Riesgo – Análisis de los programas de protección de periodistas en América Latina”, explicó Barbosa a LJR.
Para el informe final se analizarán los marcos regulatorios – leyes y decretos de los cuatro países – informes de organismos internacionales, de la sociedad civil e incluso de los mismos mecanismos. Según Barbosa, también se llevarán a cabo entrevistas con los tres grupos principales: beneficiarios de los programas; gestores y funcionarios públicos así como el equipo que hace parte del mecanismo; y organizaciones de la sociedad civil que monitorean los programas de protección o que hacen parte de estos en el caso de los países que permite esta participación.
“Al final vamos a producir este informe y hacer también una serie de acciones y de actividades de incidencia política para presentar los resultados a los gobiernos, a las autoridades del poder público en general, a los organismos internacionales para que logremos que algunas de esas medidas y recomendaciones sean implementadas”, dijo Barbosa.
Para la coordinadora del proyecto, trabajar con el enfoque de política pública es lo que permitirá comprender mejor las deficiencias de los mecanismos así como las diferentes particulares de cada uno. Por ejemplo, que Brasil cuenta con uno desde 2005, pero solamente hasta 2018 fueron incluidos periodistas. Sin embargo, entiende también que el “contexto latinoamericano” los une y por lo tanto permite hacer estas comparaciones.
“La idea es contribuir [...] no solamente para que los mecanismos se fortalezcan, sino para que otros países que vengan [después] a desarrollar mecanismos de protección puedan aprender con los aciertos y los errores de los mecanismos que están en funcionamiento ya”, explicó Barbosa.
Infografía de Volt Data Lab y RSF muestra periodistas amenazados previamente a ser asesinados. (Cortesía)
Hacer que lo encontrado en el proyecto se convierta en acciones concretas es justo uno de los mayores retos. El equipo sabe que desde hace años los mecanismos han estado bajo lupa no solo de organizaciones locales sino internacionales también.
En el caso del mecanismo de México, el segundo en ser implementado en la región, debido a los niveles de violencia contra periodistas que experimenta el país, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un extenso informe con 104 recomendaciones para fortalecer el mecanismo en 2019.
“Probablemente no vamos a encontrar nada inédito en materia de problemas del mecanismo mexicano que el Comisionado de Naciones Unidas no haya encontrado en 2019. Pero, ¿qué pasó en los últimos dos años desde este análisis súper detallado?, ¿por qué no se logró implementar las recomendaciones que fueron hechas de hace dos años? Entonces vamos a investigar, incluso las recomendaciones, y trabajar con medidas más prácticas que puedan ser de hecho implementadas”, dijo Barbosa.
En Colombia, el primer mecanismo de la región también es sometido a críticas. La falta una respuesta rápida ante amenazas de periodistas así como la falta de compromiso del gobierno, señala por algunas organizaciones locales, han afectado su eficiencia. En 2017, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, que impulsó la creación del mecanismo en 1999 y que hizo parte por 16 años del Comité de Riesgo y Recomendación de Medidas del mecanismo, decidió retirarse, según dijo, debido a que sus aportes eran desestimados al momento de proteger periodistas.
Algo similar ocurrió en Honduras. El Colegio Nacional de Periodistas informó que se retiraba del mecanismo debido al gran número de asesinatos y agresiones y la impunidad que rodea a estos crímenes.
Con el propósito de lograr cambios más efectivos, desde el inicio del proyecto este fue presentado con los representantes de los mecanismos y garantizar así su participación activa y su compromiso.
“Porque la idea no es hacer solamente la crítica – vamos a hacer todas las críticas que tengamos que hacer –, pero la idea de hecho lograr cambios al final. Y para esto necesitamos del compromiso y de la buena voluntad de los mecanismos, desde los funcionarios hasta las coordinaciones del programa de protección”, dijo Barbosa. “Entonces presentamos el proyecto a los mecanismos y todos nos agradecieron por la iniciativa y firmaron un compromiso de ‘bueno, vamos, vamos a trabajar juntos’”.
Guilherme Canela, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco, le dijo a LJR que la entidad ha trabajado durante años por promover diferentes mecanismos para que los Estados puedan cumplir con sus obligaciones de prevenir, proteger y procurar justicia en las agresiones contra periodistas. El propósito, según Canela, es fomentar un entorno más favorable y seguro para ejercer el periodismo, el cual se ha fomentado con el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios.
“Sin embargo, no hay duda de que todavía existe un gran espacio para reforzar la operación de estos mecanismos de protección y el compromiso de los actores gubernamentales, judiciales y de la sociedad civil con su puesta en marcha”, dijo Canela. “La información recopilada por el estudio de RSF es un insumo relevante para determinar dónde estos mecanismos podrían estar fallando, identificar cuáles son las lecciones aprendidas y los principales desafíos o limitaciones que han obstaculizado su implementación plena o exitosa. Por lo tanto, contar con esta información es de gran importancia para proponer ajustes, soluciones y recomendaciones concretas para el contexto específico de cada mecanismo, y así incrementar la seguridad de los y las periodistas”.
Aunque las mujeres periodistas son comparativamente menos asesinadas, el proyecto busca analizar de manera particular la situación de seguridad de este grupo específico y las medidas de protección otorgadas.
“En materia de números de asesinatos, por ejemplo, las mujeres no son las víctimas principales. Pero cuando miramos las amenazas e incluso en el entorno digital, que es un contexto más presente en materia de amenazas para los periodistas y comunicadores que, por ejemplo, para los defensores de derechos humanos en general, las mujeres son las principales víctimas”, dijo Barbosa.
El informe final tendrá un capítulo especial para analizar cuáles son las necesidades específicas y por qué hay que garantizar una perspectiva de género en materia de política pública. Una perspectiva importante no solamente al momento de evaluar los casos y su análisis de riesgo, sino también en qué tipo de medidas de protección deben ofrecerse a mujeres periodistas. Por ejemplo, el tema de desplazamiento forzado que suele ser más duro para mujeres periodistas con niños pequeños, explicó Barbosa.
Por el momento, gran parte del proyecto se ha realizado de manera virtual y con la ayuda de los corresponsales de RSF en cada país. Ya se iniciaron las primeras entrevistas y se envió un primer cuestionario a los mecanismos de protección. El proyecto que inició en febrero de 2021 terminará en los primeros meses de 2022. Barbosa no descarta publicaciones temáticas a lo largo de este año, como la recién hecha del perfil de las víctimas, en caso de encontrar datos relevantes.
