“Inusual”. Así es como el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH-OEA), Joel Hernández García, describió el momento actual de la libertad de expresión en Brasil.
“Me parece que el Estado y la sociedad brasileña valoran la libertad de expresión como la base de su democracia. Tampoco tengo la menor duda de que en Brasil existe una institución democrática sólida para salvaguardar este derecho”, dijo durante la audiencia de la CIDH que discutió las denuncias de las restricciones a la libertad de expresión en Brasil. “El hecho de que la Comisión seleccionó este tema se basó en una preocupación que existe dentro de la comisión por lo que vemos como amenazas, estigmatización del trabajo de los periodistas en Brasil”.
La audiencia tuvo lugar el viernes 6 de marzo en Puerto Príncipe, Haití, durante el periodo 175 de audiencias de la CIDH. La sesión fue solicitada por 17 organizaciones brasileñas e internacionales. Entre ellos se encuentran la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por su acrónimo en portugués) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Uno de los casos reportados fue presentado por la periodista Helena Bertho, de la Revista AzMina, una publicación independiente que cubre temas de género. Explicó que la reacción de la ministra de Derechos Humanos, Damares Alves, a un reportaje motivó una serie de ataques virtuales contra el equipo. El reportaje abordó los métodos de aborto seguro en lugares y situaciones donde es legal y la Ministra lo clasificó como una “apología al crimen”. Además de los ataques virtuales, la revista también está siendo demandada tras una solicitud de Damares Alves al Ministerio Público.
“El simple hecho de que un ministerio del gobierno federal se haya tomado la molestia de presentar esta queja cuando cualquier abogado puede concluir que no hubo delito, nos asusta. Muestra que lo que está en juego no es la ley en sí misma, sino más bien una amenaza velada a los medios que difunden información que contradice la ideología del actual gobierno de Brasil”, dijo Bertho durante la audiencia.
Un video, exhibido durante la audiencia, mostró varios ataques del presidente Jair Bolsonaro contra periodistas. En las imágenes se vieron las insinuaciones sexuales contra la reportera de Folha Patrícia Campos Mello, el “banano” para los periodistas que cubren el Palacio de Planalto, el comentario sobre la “cara terrible de homosexual” de un periodista, la referencia a una posible prisión para el periodista estadounidense Glenn Greenwald, de The Intercept Brasil, entre otros.
“Estos ataques contribuyen a fortalecer las estrategias de desinformación utilizadas por los miembros del gobierno, perjudicando el derecho de la población a acceder a información sobre el estado brasileño y las políticas públicas”, dijo la periodista Renata Mielli, coordinadora general del Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación (FNDC) y secretaria general del Centro de Estudios de Medios Alternativos Barão de Itararé.
La comisionada Margarette May Macaulay, relatora sobre los derechos de las mujeres y los derechos de las personas afrodescendientes de la CIDH, dijo que es preocupante cuando la máxima autoridad del Estado hace comentarios “despectivos, irrespetuosos y difamatorios” contra un grupo de profesionales y mujeres.
“Eso es una contradicción directa y una violación de sus derechos y el deber del Presidente como jefe de Estado de ser el líder de todos aquellos que muestran respeto por la constitución y los derechos de los ciudadanos. Cuando el Presidente dice cosas así, otras personas en el país toman un permiso de ausencia para tratar a las mujeres de esta manera irrespetuosa. Y eso no es bueno para su seguridad”, advirtió la comisionada.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, exigió explicaciones sobre la retórica de los funcionarios del gobierno contra la prensa en general y en particular, dirigidas a periodistas como Patrícia Campos Mello y Glenn Greenwald.
“La política de protección no estará completa o no será completamente efectiva si no está acompañada de una política de prevención. Y la política de prevención tiene que ver con el reconocimiento público del trabajo de los periodistas. (...) No existe una política de protección efectiva si usted dice de manera permanente y sistemática que la prensa es corrupta, [produce] noticias falsas. Esto crea un mayor riesgo de violencia y expone a los periodistas y los medios a la violencia”, dijo Lanza.
El Relator también dijo que él mismo fue objeto de hostigamiento virtual y amenazas por parte de los brasileños en Twitter cuando la Comisión publicó una condena de los ataques contra Campos Mello.
¿Qué dice el Gobierno?
Los funcionarios del gobierno presentes en la audiencia representaron organismos como los ministerios de la Mujer, Familia y Derechos Humanos; Justicia y Seguridad Pública; y Asuntos Exteriores, además de la Empresa Brasil de Comunicación. En sus intervenciones, reafirmaron el compromiso del Estado con la libertad de expresión y la protección de los periodistas amenazados.
Con respecto al caso de Glenn Greenwald, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel Leão, dijo que la Policía Federal concluyó que no había indicios de un crimen cometido por el periodista, pero el Ministerio Público decidió presentar una queja “en el ejercicio de su independencia funcional”.
“La denuncia no fue aceptada por la Justicia Federal a la luz de una decisión del Supremo Tribunal Federal que consideró que la actividad periodística de Glenn Greenwald no estaba sujeta a enjuiciamiento penal. Esto demuestra que las instituciones brasileñas actúan con autonomía e independencia para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Leão.
El secretario de Protección Global del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Alexandre Magno, destacó la publicación, a principios de marzo, de la segunda edición del folleto Aristeu Guida da Silva para la protección de los derechos humanos de los periodistas y otros comunicadores, siguiendo una recomendación de la CIDH. El nombre del folleto hace referencia al periodista que fue asesinado el 12 de mayo de 1995. Él había fundado “Gazeta de São Fidélis” cuatro años antes, una publicación periódica que divulgaba habitualmente casos de corrupción que involucraban a políticos del municipio de 37 mil habitantes del interior de Río.
“El gobierno federal no censura. El Presidente expresa diferencias con la prensa, pero estas diferencias son parte del juego democrático. Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y la prensa. La prensa diariamente hace todas las críticas, todos los ataques que considera pertinentes y no hay una iniciativa de censura por parte del gobierno”, dijo Magno.
A su vez, la periodista Juliana Fonteles, de Abraji, impugnó las aclaraciones proporcionadas por los representantes del Estado. Ella dijo que la hostilidad del Presidente hacia la prensa respalda este comportamiento en todos los niveles de gobierno.
“El gobierno eligió a la prensa como el enemigo, y cuando lo hace, elige la democracia como el enemigo. Con respecto al folleto, parece ser un mero dispositivo argumentativo para esta audiencia porque no muestra acciones concretas del Estado en relación con la valorización del periodismo. Uno de los temas en el folleto es hacer discursos públicos que contribuyan a reducir la violencia contra los periodistas, y es exactamente lo contrario que el Poder Ejecutivo y otros poderes han estado haciendo”, dijo Fonteles.
