El Colegio de Periodistas de Chile pidió un cambio en la legislación chilena en materia de libertad de expresión luego de la decisión de la Corte Suprema del país de confirmar una sentencia de 18 meses de prisión para los directores del semanario El Ciudadano acusados del delito de injurias.
En Chile, como en muchos países de América Latina, los delitos de difamación, incluidos injuria y calumnia, son criminalizados y penalizados con prisión. Varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa han hecho llamados y trabajan por la despenalización de estos delitos en la región.
El Colegio de Periodistas de Chile dijo que el castigo contra los directores de El Ciudadano “va en contra de lo establecido por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la [Organización de los Estados Americanos] OEA”.
“La amenaza de sanciones penales tan graves como el presidio cuando se afecta a funcionarios o autoridades del Estado puede significar una cortapisa para que los periodistas investiguen y, al igual que los ciudadanos, manifiesten opiniones materia de interés público”, dijo la asociación. “Por cierto que nuestro ordenamiento jurídico debe cautelar la honra y vida privada de las personas, sean ciudadanos o funcionarios públicos, y establecer sanciones, pero esto no debe contemplar de manera alguna penas corporales como la cárcel”.
En agosto de 2013, El Ciudadano publicó una entrevista con un ex empleado de Miodrag Marinovic, un hombre de negocios y ex representante de la ciudad de Punta Arenas.
En la entrevista, titulada ‘El Patrón del Mal’, Rodrigo Calixto dijo que Marinovic le había ordenado cometer múltiples actos ilegales, publicó El Ciudadano.
Poco después de la publicación de la entrevista, los directores de El Ciudadano recibieron una querella interpuesta por Marinovic en su contra acusándolos de injurias. La denuncia iba acompañada de un documento notarial de Calixto “señalando que se retractaba de sus dichos y no autorizaba la publicación, que habría dado la entrevista en un estado psicológico alterado, pero ya era tarde, el diario había sido impreso y distribuido”, de acuerdo con El Ciudadano.
El 11 de junio, la Corte Suprema de Chile rechazó un recurso de nulidad interpuesto por los directores de El Ciudadano para impugnar la decisión de abril de 2015 en contra de ellos – que establece la pena, de acuerdo con el Colegio de Periodistas de Chile.
Como parte de la explicación de su decisión, el máximo tribunal señaló que directores del semanario “actuaron negligentemente al no impedir” la publicación de declaraciones injuriosas que fueron atribuidas a Calixto, sin que pudieran comprobar que sí las dijo.
El 23 de junio, El Ciudadano publicó un extenso artículo como respuesta a la decisión de la Corte Suprema.
En éste, aseguraron que los directores habían actuado “con más de la mínima diligencia que [la Ley] señala”.
Los directores del semanario pidieron al periodista y entrevistador Sergio Cárdenas los documentos de soporte de la investigación, de acuerdo con El Ciudadano. En el artículo, explicaron que dicho respaldo “consistía en un video de más de 40 minutos y una grabación en audio”. También explicaron que los directores realizaron esfuerzos para verificar la información y las acusaciones en contra de Marinovic. Realizaron llamadas a la ciudad de Punta Arenas, hablaron con varios periodistas y con un pescador, y llevaron a cabo “una exhaustiva búsqueda sobre Internet” para la construcción del perfil de Marinovic, añadió el artículo.
El artículo de El Ciudadano concluye señalando que “el fallo es grave y hoy una vez más el periodismo que juzga a los poderosos cuando la justicia no actúa, es el que está en peligro”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
